Sin subidas de precios y con el sector enfrentado

El 25 de febrero, el Consejo de Ministros aprobaba por la vía de urgencia el Real Decreto 5/2020 de modificación de la Ley de la Cadena Alimentaria. Era el intento del Ejecutivo de detener la ola de protestas del sector agrícola y ganadero que desde principios de año inundaba nuestro país por la falta de rentabilidad de su actividad.

La propuesta “estrella” del Decreto era la obligatoriedad de fijar en los contratos agrarios unos precios por encima de los costes de producción para mejorar la rentabilidad del sector, una demanda unánime de las organizaciones agrarias que, sin embargo, reconocen que no se ha traducido en un incremento del valor de las producciones de los agricultores.

A falta de resultados en el que era el principal objetivo, lo que sí ha hecho el cambio normativo ha sido dividir al sector y provocar un enfrentamiento entre las organizaciones agrarias, y las cooperativas agroalimentarias, que se oponen a tener que vender por encima de costes sin tener en cuenta los elementos que regulan el mercado. Estas compañías, más de 3.339 en toda España, comercializan la producción de más de un millón de agricultores, que suponen el 63% de la Producción Final Agraria.

La división del sector se intensifica ahora. El decreto que entró en vigor en febrero toma fuerza legal con la tramitación parlamentaria del proyecto de ley en el que se adoptan nuevas exigencias para adaptarla a la normativa comunitaria. Los defensores esperan que ahora se dote de los instrumentos para que sea efectiva y los detractores para anular la obligación de que los costes de producción fijen los precios.

El presidente de Asaja, Pedro Barato, reconoce que “en los grandes cultivos los precios no han mejorado” por la modificación de la Ley, en la que ve “buenas intenciones y voluntad política, pero hacen falta muchas pequeñas grandes cosas para que sea efectiva”. El “tema mollar”, añade, es la “ausencia” de instrumentos para poder referenciar los costes de producción en los contratos. “Podría decir que hay un decreto, como para el SMI, pero no oiga, que haya unos precios de referencia, que las lonjas, las universidades, las consejerías y el propio Ministerio hagan índices a los que uno pueda acogerse”.

Otro de los puntos que Barato señala como “negativos” es la falta de confidencialidad para los denunciantes “porque si no lo que va a pasar es que va a haber represalias” y la ausencia de instrumentos para que haya un reequilibrio efectivo de la cadena de valor a corto y medio plazo. “No se profundiza en lo que yo llamo el reparto equitativo de los beneficios que se generan a lo largo de la cadena, por ejemplo, en establecer un tercio del beneficio para el que lo manipula y uno para el que lo vende. Hace falta transparencia en todos los eslabones”.

Barato ve como positivo de la modificación que “hay un reconocimiento de la situación de bajada de rentabilidad del campo, se aumentan las prácticas desleales avanzando en un desarrollo incluso más ambicioso que la directiva comunitaria y hay más atribuciones para la AICA”.

Desde una posición radicalmente distinta, el director de Cooperativas Agro-alimentarias, Agustín Herrero, afirma que “desde febrero hasta aquí no creo que nadie pueda decir que la Ley de la Cadena haya influido en los precios porque éstos se configuran por el equilibrio de la oferta y la demanda, además de factores como la calidad, la característica de los productos, etc, pero no por los costes de producción, aunque no nos guste”.

Para Cooperativas, la Ley no es el instrumento para intentar mejorar los precios a los agricultores. “Lo que debe hacer es identificar prácticas abusivas y erradicarlas. No se puede ignorar la evolución de los mercados y tratar de convertir en sancionable lo que es una operativa normal”, afirma Herrero.

En este sentido, explica que “tratar de establecer que el precio siempre y en toda circunstancia tiene que ser superior a los costes de producción es un objetivo que no es posible, pero no porque nadie se empeñe en realizar prácticas abusivas. El ejemplo del aceite de oliva es muy evidente. Durante parte de 2018, 2019 y 2020 el precio de mercado ha estado por debajo del coste de producción de muchísimos aceites. ¿Qué hacemos, penalizar aquellos que tienen más costes, lo convertimos en una venta ilegal que podría ser penalizada o no los sacamos del mercado? El efecto es el contrario al que se perseguía”.

Lo que si está claro es que la modificación legal ha generado son “debates injustos, inconvenientes, e inadecuados que han generado tensión en el sector” en referencia a las duras críticas que desde algunas Opas se ha lanzado contra las cooperativas. “Nosotros percibimos la ley como una amenaza. El hecho de que porque te veas obligado a vender un producto perecedero que o lo comercializas o pierde su valor sea objeto de una posible sanción nos produce preocupación que añade un problema a la problemática del sector”.

Herrero destaca que “compartimos el objetivo que movió este cambio legal y nos gustaría que encontráramos algún mecanismo para mejorar los precios. Pero pensamos que eso se consigue ordenando el mercado, integrando la oferta, de tal forma que el sector productor tenga más fuerza en el mercado y disponiendo de mecanismo de gestión de la oferta, que cada vez son más escasos. Cuando hay un problema en un sector el Ministerio es el primero que acude a ver si puede habilitar un mecanismo de gestión: una retirada, una destilación, un almacenamiento, etc.”.

La oposición a la fijación de precios es especialmente beligerante en la Comunidad andaluza, donde el cooperativismo tiene su mayor implantación. Desde esta Federación se plantean ejercer medidas legales para tumbar la ley.

El secretario general de COAG, Miguel Blanco, es taxativo al afirmar que los precios en origen no han subido desde la entrada en vigor de la modificación, sino que la tendencia anual ha sido “ligeramente a la baja”.

En su opinión, el Real Decreto 5/2020, “que valoramos como muy positivo”, no se ha notado a favor del productor y “la cadena sigue teniendo los mismos vicios. Sabemos que el cambio no puede producirse de la noche a la mañana, pero la ley 12/2013 lleva siete años en vigor y buena parte de los sectores no contractualizan. Es lo más básico de la Ley”.

Blanco atribuye la falta de resultados del “gran logro de las movilizaciones que llevamos a cabo a principios de año” a la resistencia de aquellos eslabones de la cadena que tienen una posición privilegiada, de dominio, y que quieren seguir ejerciendo ese abuso. “Cuando hablamos del equilibrio de la cadena hablamos de un reparto más equilibrado del valor que se genera en los distintos eslabones, lo demás es pura teoría, es verbalizar cuestiones que no se llevan a la práctica porque no interesa a quien tiene la sartén por el mango, fundamentalmente la gran distribución, pero también por algunas industrias que se ven apretadas y transmiten esa presión a la baja sobre el eslabón más débil”.

El dirigente agrario reconoce, no obstante “que algo más tenía que hacer el Ministerio y las administraciones territoriales, que tienen también competencia en cuestiones de calidad, transparencia, etiquetado o venta a pérdidas. Está muy bien que se obligue de manera clara y expresa a que el precio en un contrato esté por encima de los costes de producción y que se penalice la pérdida de valor en la cadena, pero tiene que llevarse a la práctica actuando con mucha contundencia por parte de la Agencia de Información y Control Alimentario, que ha hecho una buena labor, pero a la que tienen en cierta medida con las manos atadas y tiene que tener más dotación”. Además, considera que el Ministerio tenía que tener mucho más armados los estudios de índices sobre los costes de producción de todos los sectores “y luego ser firmes al aplicar la ley”.

Blanco reconoce que “hay muchas presiones” en la negociación parlamentaria de la Ley “para debilitarla y dar un paso atrás, aunque las organizaciones agrarias en unidad de acción estamos hablando con los distintos grupos políticos para consolidarla”.

A pesar de que hay aspectos nuevos positivos, como que vaya a afectar a las importaciones, la ampliación de los contratos a prácticamente todos los operadores, la definición de nuevas prácticas desleales y nuevas infracciones o reconocer a la AICA como autoridad de control y coordinación, faltan otros muchos “que no se quieren incorporar por parte del Ministerio” como es la inclusión del canal Horeca, consolidar el concepto de productos perecederos o el registro electrónico de contratos. “Van cuestiones muy interesantes, pero quedan muchas que nos tememos que no van a entrar”.

Sobre la posición de las cooperativas, Blanco recuerda que las manifestaciones masivas de enero y febrero contaron con su respaldo y “se pedía lo que estamos planteando como organizaciones”.

“Entendemos que tenga su complejidad en el cumplimiento, sobre todo si no dan los pasos los que los tienen que darlos para que se cumpla la ley, que es la Administración. Nosotros entendemos la preocupación de las cooperativas, porque es verdad que el papel lo aguanta todo, pero luego la realidad es mucho más compleja, pero creemos que estamos en lo cierto. Hay que ir dando pasos y crear una nueva cultura contractual entre los productores, los industriales y la distribución”.

Más beligerante con las cooperativas es el secretario general de UPA, Lorenzo Ramos. “La inmensa mayoría están funcionando perfectamente, lo que pasa es que hay algunas muy fuertes que son más comercializadoras que cooperativas. Se están confundiendo y me gustaría que se lo replantearan”.

Para el responsable agrario “no puede ser que a un gerente de la cooperativa lo único que le preocupe es que le salgan las cuentas para que cobren los trabajadores, para que la empresa tenga una dimensión y luego a los socios, que son los propietarios, no les salgan las cuentas. Esa visión hay que cambiarla”.

Ramos también reconoce que los precios no han mejorado prácticamente en ningún cultivo. “Tenemos la ley, que es un paso importante y esperamos que con las modificaciones que vienen sea efectiva. Quienes ponen la excusa de que no pueden ser competitivos con otros que vienen de fuera son en realidad gente de la cadena que quiere seguir haciendo trampas. ¿Qué ocurre que solo pueden ser competitivos a costa del agricultor?”.

El dirigente agrario añade que “nosotros tenemos que cumplir con todo el tema de riesgos laborales, el SMI o los de condicionalidad que nos impone la PAC porque si no nos sancionan o nos quitan las ayudas y vamos a decir que la ley de la cadena se cumpla al 100%”.

Su organización va a pedir que haya un registro de control de los contratos para que de todas las operaciones tengan una copia el vendedor, el comprador y la administración, que haya mediadores para que nadie imponga una posición de dominio y se obligue a los ganaderos y agricultores a firmar un contrato bajo la amenaza de no recogerles el producto.

Además, aboga por reforzar los controles por parte de la AICA, que este año por el tema de movilidad se pueden haber visto reducidos. “Pero esperamos que las Comunidades se impliquen porque basta ya de echarle siempre la culpa a otros cuando la competencia es suya”.