La fotovoltaica compensará a los agricultores por alimentar a las aves

El último boom de energías renovables llega con nuevos ingresos extra para los agricultores. Tanto el Ministerio de Transición Ecológica como las comunidades autónomas están exigiendo a las numerosas plantas fotovoltaicas que se van a poner en marcha a partir de 2025 la habilitación de terrenos de cultivo en las que se realicen prácticas agrarias que favorezcan el hábitat de la avifauna, con lo que sus promotores están obligados a llegar a acuerdos con los profesionales del campo para que se comprometan a practicar una agricultura sostenible a cambio de una compensación económica.

El Gobierno y las comunidades ha autorizado en los últimos meses buena parte de los 43 GW de potencia que estaban pendientes -el 80% fotovoltaica y el 20% eólica-. Aunque no hay cifras sobre el volumen de proyectos a los que se requieren estas nuevas exigencias medioambientales, solo hace falta echar un vistazo a los Boletines Oficiales de los últimos meses para comprobar el importante número de plantas solares que ya han logrado el punto de conexión a la red, a las que se exigen medidas que compensen su impacto en aves en peligro de extinción, como las avutardas o los sisones, para que obtengan el visto bueno definitivo de la Declaración de Impacto Ambiental.

Así, las resoluciones tanto del Miteco como de las Comunidades Autónomas están incluyendo la elaboración de un Plan de Conservación de Aves Esteparias asociado al proyecto de la planta donde se incluyan las medidas para la mejora del hábitat estepario. Con este fin es necesario que el promotor aporte tierras de cultivos cerealísticos con una superficie igual a un porcentaje de los terrenos que ocupen las placas. Aunque puede variar, son numerosos los casos en los que este porcentaje va entre el 50% y el 100% e, incluso, hay casos en los que aumenta esta proporción.

Estos terrenos habrán de conservarse con las medidas que le confieren la cualidad de hábitat óptimo para aves esteparias, al menos, un tiempo equivalente a la vida útil de la instalación; no deberán fragmentarse en superficies menores a las 10 hectáreas ni localizarse a distancias inferiores a 2 kilómetros de terrenos clasificados como urbanos o urbanizables y de líneas eléctricas de transporte o distribución sin dispositivos anticolisión o electrocución; han de ser parcelas de nula o escasa pendiente dado que son más favorables para la alimentación, refugio y cría de las aves esteparias.

Se priorizará la localización de estos terrenos, con carácter general, en la provincia de implantación del proyecto y, en cualquier caso, dentro del área de distribución de las especies afectadas en función de razones ecológicas (tales como la necesidad de incrementar el hábitat potencial en territorios de reciente extinción o con presencia de metapoblaciones con necesidades de incremento de hábitat disponible).

Las medidas a tomar en estas superficies deberán ir más allá de los requisitos que los beneficiarios de ayudas de la Política Agraria Común (PAC) tienen que cumplir en relación a las actuaciones derivadas de la condicionalidad reforzada (buenas prácticas agrícolas y medioambientales y requisitos legales de gestión). En algunas Comunidades, como Castilla y León deben ser parcelas que no estén acogidos a medidas agroambientales, ecoesquemas u otras medidas de compensación de lucro cesante que contemplen actuaciones similares de cara a evitar una doble financiación de las mismas actuaciones.

Sobre estos terrenos, los agricultores estarán obligados a unas determinadas prácticas como la rotación de cultivos, el establecimiento de superficies de barbecho verde y de superficies de leguminosas forrajeras de secano, limitación y/o anulación del uso de fertilizantes y biocidas, así como de las fechas en la realización de las labores agrícolas (incluida la cosecha) para adecuarlas al ciclo vital de las especies de aves esteparias. Junto a la compensación económica por estos acuerdos, los agricultores podrán comercializar la cosecha y solicitar las ayudas de la PAC.

Las negociaciones entre promotores y agricultores para llegar a acuerdos se están intensificando durante las últimas semanas ya que los plazos apremian teniendo en cuenta que los planes de conservación deben obtener la correspondiente autorización y que los parque deben estar construidos en 2025.

Asaja: una medida interesante

Las nuevas exigencias medioambientales han sido bien recibidas por organizaciones agrarias como Asaja Castilla y León, una de las Comunidades, junto a Andalucía, Extremadura o Castilla-La Mancha con más proyectos en desarrollo de huertos solares. Su secretario regional, José Antonio Turrado, asegura que la medida “es interesante”.

Por ello, la organización agraria ha mantenido un encuentro “al más alto nivel” en la Consejería de Medio Ambiente de la Junta en el que han pedido que la implementación de estas exigencias “pase por acuerdo voluntarios con los agricultores” y evitar así que “se nos vuelva en contra, algo que ocurriría si los promotores “alquilan las fincas como hicieron para instalar las placas y nos vuelven a quitar tierras”.

Asaja reclama también “que se ponga un poco de orden ante la disparidad de criterios” que están observando en las declaraciones publicadas, de modo que “no dependa de lo que establezca cada funcionario, lo que “daría seguridad jurídica a los promotores”.

Pero fundamentalmente, Turrado exige que las medidas que se implanten “no sean tan estrictas que sean incompatibles con la agricultura porque entonces sería infumable. Tienen que exigir cosas que vayan un poco más allá de lo que estamos haciendo pero que no supongan echarte de mercado. Por ejemplo, que te obliguen a sembrar garbanzos que luego no se pueden vender o que den poca producción”.

El secretario regional de Asaja ya ha dejado claro que se oponen a la incompatibilidad con la percepción de los ecorregímenes. “Sería doble imposición si son las administraciones públicas las que están pagando dos subvenciones por lo mismo, pero estamos hablando de un acuerdo con un particular”.

También van a pedir a la Consejería, “porque además no tendría sentido medioambiental ninguno, que sea en las zonas donde están los parques y en el peor de los casos dentro de la provincia. No puede ser que me planten los parques en Herrera de Pisuerga y se vayan con estas medidas compensatorias a una finca de Cáceres”.

A todo añade que tiene que haber un seguimiento del cumplimiento de las medidas. “Hay promotores legalistas, pero otros pueden pensar que no lo va a mirar nadie. No tiene que valer para que queden tierras improductivas”, concluye.

UNEF: que no sea un impuesto más

José Donoso, presidente de la Unión Española Fotovoltaica, asegura que el sector “trabaja con la filosofía de que las plantas deben ser una reserva para la biodiversidad, zonas de refugio para la fauna pero las exigencias no deben ser desproporcionadas ni convertirse en una barrera para las instalaciones”.

En este sentido, asegura que “nos hemos encontrado en algunas Comunidades que están solicitando un área equivalente o superior de la planta”, por lo que los servicios jurídicos de la asociación están estudiando esos casos “para comprobar su proporcionalidad”. Rechaza además que las medidas se exijan de oficio para todas las instalaciones. ”Si hay casos en las que la presencia de aves esteparias lo exige, se hace pero siempre de una forma razonable”.

“Cuando se pide un área equivalente o superior nuestra duda es si es para proteger a las aves esteparias o se trata de un impuesto porque en algunos casos la empresa ni siquiera puede llegar a un acuerdo con los agricultores, sino que la Administración te pide una contraprestación económica para crear un fondo que van a utilizar para alquilar terrenos o para lo que ellos quieran”.

El responsable de esta asociación sectorial insiste en que “estamos en la frontera entre la protección de la avifauna o un impuesto, una frontera que no se debe nunca traspasar. Si en un caso se ve necesario que la zona donde está la planta hay aves esteparias, no hay problema, pero que su finalidad sea realmente proteger a la avutarda”. Donoso asegura que “el sector está dispuesto a esa ampliación de terrenos si es proporcionada y de verdad es por el impacto de esa planta. Si es algo genérico, entonces debe ser de carácter voluntario”, añade.