El coste de contratación aumentó un 32% para las pymes esta legislatura

El fin de la legislatura se acerca y es momento de analizar cómo ha afectado a las empresas españolas un periodo de inestabilidad en lo político, en lo económico y, sobre todo, en lo social, a causa de la pandemia. Por este último motivo muchas de nuestras empresas han ido desapareciendo en los últimos años, ya fuese durante el coronavirus o después, por no poder hacer frente a las deudas generadas durante este periodo, y algunas que todavía mantienen la actividad a duras penas en medio de un contexto de inflación que, parece, comienza a reducirse después de muchos meses de ascensos.

Las empresas, a parte de los efectos de la inflación, han visto como las políticas implementadas por el Gobierno y de las que se ven afectadas, no hacen más que generar una situación de vulnerabilidad para estas. Desde 2018, el coste mínimo para contratar a un trabajador se ha incrementado un 32%, sin contar con los efectos de la recientemente aprobada segunda parte de la reforma de pensiones. En cifras absolutas, el aumento medio supone un gasto extra de 6.332 euros, de los 13.384 euros en 2018 a los 19.716 euros de 2023, según los cálculos de la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (Cepyme) a partir de los datos de Seguridad Social.

En estos últimos cinco años, las bases de cotización se han disparado al ritmo del Salario Mínimo Interprofesional (SMI): escalaron un 46,8% entre 2018 y 2023, al pasar de 858,6 a 1.260 euros, mientras el SMI lo hizo desde los 735,9 a los 1.080 euros de 2023 (32%).

Por su parte, el pago mínimo medio de las cotizaciones por empleado también experimentó un importante alza, pasando de 3.081 a 4.596 euros al año, “sin contar los pagos por contingencias de accidentes de trabajo y accidentes profesionales, que pueden añadir un sobrecoste del 7,25%”, explican desde la patronal.

Esta situación provoca una pérdida de competitividad enorme para las pequeñas y medianas empresas, que tienen que son las que más sufren estas alzas. A la hora de contratar, ahora se pueden emplear a dos personas por la misma cantidad que a tres hace cinco año, penalizando la contratación y poniendo en peligro el mantenimiento en el largo plazo del sistema de pensiones, que, indexado al IPC y subiendo, por primera vez en la historia, los tipos de cotización con el Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI); lo que agrava la pérdida de competitividad de las pymes.

Por su parte, los empresarios sufrirán todos estos aumentos, más el recargo del impuesto de solidaridad.

Según proyecciones del servicio de estudios de Cepyme, las pymes deberán transferir 19.100 millones de euros adicionales a las arcas públicas hasta 2032 de los cuales el 80% corresponderá a las mayores cotizaciones sociales derivadas del MEI, el 15% al aumento de las bases máximas, y el resto al recargo de solidaridad.

La progresividad de la reforma provocará en el largo plazo unas tasas de sobrecotización que, aunque parezcan bajas, se irán incrementando exponencialmente. “Ejemplo de ello es la cotización adicional de solidaridad, que escalará del entorno del 1% inicial al 7% en 2045”, alertan desde Cepyme.

De este modo, los aumentos de cotización, costarán 50.000 millones de euros al 99,8% del tejido empresarial en la próxima década, según los cálculos del servicio de estudios de la patronal cantidad que equivale a una subida de 5 puntos en el Impuesto de Sociedades para el conjunto de las empresas, o de 7 puntos para las pymes.

Ante el alza de los costes impositivos, laborales y de producción que soportan las empresas, desde Cepyme se reclaman medidas que alienten la creación de puestos de trabajo, en vez de contenerla, ya que el camino más seguro para garantizar las pensiones futuras es la creación de empleo privado.

Presión incoherente a la situación

Estos aumentos en la presión fiscal para las empresas por parte del Gobierno de Pedro Sánchez, son incoherentes con la situación que experimentan muchas pequeñas y medianas empresas en nuestro país. La productividad cae de forma descontrolada, las ventas frenaron en el último trimestre del año y el número de empresas se redujo en 2022 por primera vez en nueve años; demostrando así la pérdida de competitividad de nuestras empresas.

El discurso del Gobierno acerca de los beneficios empresariales no vale con la mayoría de las pymes, y son estas las más afectadas por la presión de los costes totales, que continúan creciendo por encima de las ventas, impulsados por la inflación y los costes laborales.

Este escenario puede verse agravado en los próximos años para las empresas que todavía sufren los efectos de una pandemia de la que no han conseguido salir y que se reflejan, en parte, “en un un ratio de endeudamiento superior al 80% en las pequeñas empresas”, dicen desde la patronal de la pequeña y mediana empresas.

Fuentes de Cepyme consultadas por este medio indican que los sectores más afectados por este aumento de costes y de presión fiscal seguirán siendo Comercio, Industria y Agricultura, que son los segmentos que más microempresas concentran, y que más han notado la pérdida de competitividad y productividad de las empresas que lo conforman.