Sánchez ahoga la competitividad del tejido empresarial
El Gobierno terminará la legislatura con una amplia lista de empresas muertas a sus espaldas. Las ayudas dadas durante la pandemia han estirado la vida de compañías que han terminado en la cuneta con más deudas de las que hubiera tenido. Pero en el momento que tenía que dar las ayudas: para salir de la crisis del coronavirus, la inflación, la guerra de Ucrania y un largo etcétera de momentos en los que se abandonó a su suerte a las empresas, la mayoría de ellas pymes.
Esa práctica totalidad del tejido productivo español no ha llegado a vivir un comienzo de recuperación porque solo se ha encontrado con trabas a su trabajo. En el último año, el Gobierno ha subido el SMI hasta los 1.080 euros, un 65% más que en 2016, olvidándose de que el contexto de inflación también lo sufre el tejido empresarial. Las ventas, por su parte, han terminado con un frenazo a finales de 2022; año en el que, por primera vez en 9 años, cayó el número de empresas en nuestro país.
Con el SMI El Gobierno, con Díaz de abanderada, han puesto en riesgo los empleos de muchos españoles porque sus empresas no van a poder pagarles. Comercio, Industria y Agricultura tiemblan y en regiones de España ya ven como el salario mínimo supera el 60% del cuantía medio percibida en la región. Desproteger a las empresas para hacer populismo es una decisión que frena en seco el crecimiento del empleo en estos sectores y regiones.
Puedo que haya sido la aprobación de la segunda parte de la reforma de pensiones de Escrivá la gota que ha terminado por ahogar al pequeños y medianos empresario que, a parte de ser un texto regresivo en toda su extensión porque implica más años de trabajo, más esfuerzo contributivo y menos pensión, con esta medida carga con una subida generalizada de cotizaciones que mermará los salario de todos los trabajadores e incrementará los costes laborales poniendo en peligro, de nuevo, la creación de empleo.
El coste mínimo para contratar a alguien ha subido 6.000 euros en cinco años y todavía nos seguimos preguntando porque las empresas pierden productividad y competitividad. Tan solo en los últimos dos años, los costes de las pymes han acumulado un aumento del 33%. La persistencia de esta situación está menoscabando la resistencia de la empresa. De hecho, en el último trimestre del año se constata un cambio de tendencia en la actividad de la pyme, que cerró el curso con un saldo de 1.151 pymes menos.
Mientras esto sucede, asistimos a como, desde el Gobierno, atacan a los empresarios y lastran la seguridad jurídica de las compañías.