El resultado electoral deja en el aire el futuro energético de España

El más que posible retraso en la investidura del nuevo presidente del Gobierno va a provocar un periodo de incertidumbre política en el país que influirá en la decisión de los inversores y podría afectar al desarrollo de algunos proyectos energéticos que necesitan respaldo económico para seguir adelante.

El resultado de las elecciones del 23-J, en las que el partido ganador (PP) puede que no llegue a gobernar al no tener los apoyos necesarios, deja, de momento, en el aire, el futuro del país. El nuevo Gobierno deberá hacer frente a una serie de retos, desarrollando políticas nuevas con medidas que mejoren la salud de la economía española y afianzando otras que nos ayuden a cumplir los hitos comprometidos con Bruselas para disponer de los fondos europeos ligados al Plan de Recuperación.

Precisamente, la transición ecológica es uno de los ejes transversales sobre los que se estructura dicho Plan -cuya Adenda se remitió a Bruselas el pasado mes de junio-, con el foco puesto en la descarbonización de la industria, la diversificación del suministro, una mayor penetración de renovables, el impulso de la movilidad eléctrica, el despliegue del hidrógeno verde y el incremento del almacenamiento energético.

El retraso en la investidura del nuevo presidente del Gobierno -donde planea la sombra de unos nuevos comicios-, va a dar paso, según los expertos, a un periodo de incertidumbre política en el país que influirá en la decisión de los inversores -que se tornará más prudente- y que, inevitablemente, afectará al desarrollo de muchos proyectos -algunos de ellos energéticos- que necesitan de ese respaldo económico para seguir adelante.

Mientras PSOE y PP se lanzan a la arena para conseguir el apoyo de los partidos minoritarios con los que llegar a la Moncloa, lo cierto es que las diferencias de ambas formaciones en materia energética, marcarán, sin duda, el rumbo del país en función del partido que, finalmente, se haga con las riendas.

Si las negociaciones inclinan, finalmente, la balanza a un nuevo periodo con Pedro Sánchez al frente, las directrices que marcarán la agenda verde para los próximos cuatro años seguirán la misma senda de la legislatura que acaba de finalizar.

En su programa electoral, el Partido Socialista dedica una parte importante a la transición ecológica, con un amplio elenco de medidas enfocadas para avanzar en la transformación del sistema energético español, algunas de las cuales se han ido poniendo en marcha en estos últimos años.

Una de sus principales apuestas es consolidar el desarrollo del potencial renovable y de otras tecnologías limpias (hidrógeno renovable y otros gases renovables), necesarias para la descarbonización de la energía, donde el autoconsumo y las comunidades energéticas también tienen mucho que decir para conseguir un nuevo modelo energético y productivo, de ahí que otro de sus puntos clave sea llevar a cabo una política industrial verde para la fabricación de bienes de equipo y servicios asociados a las renovables, con el foco puesto en la investigación, innovación y digitalización, con la que asegurar la generación de más de 700.000 empleos asociados a la transición verde. Todo ello, sin olvidar medidas enfocadas a combatir la pobreza energética, generar oportunidades en las comarcas del carbón e impulsar la rehabilitación energética.

Por lo que respecta a la nuclear, el partido que lidera Pedro Sánchez seguirá la línea ya marcada de prescindir de la potencia nuclear y se compromete a aprobar el Séptimo Plan General de Residuos Radioactivos, que integrará las necesidades para la gestión de este tipo de residuos y las futuras necesidades en el desmantelamiento de las centrales nucleares. Hace tan solo unos días, el Gobierno autorizaba el desmantelamiento de la central nuclear Santa María de Garoña (Burgos), convirtiéndose en la tercera central atómica española en ser desmantelada, tras Zorita (Guadalajara) y Vandellós I (Tarragona).

En materia de transporte y movilidad, impulsará un Plan de Electrificación de la Red de Carreteras del Estado para que cualquier vehículo eléctrico pueda circular sin limitaciones, un plan de ayudas para facilitar la transición hacia vehículos cero emisiones, además de un plan específico para el transporte marítimo y otro para la sostenibilidad del transporte aéreo.

Renovables sí y nucleares también

Uno de los principales objetivos del Partido Popular en materia energética, tal y como recoge en su programa electoral, es convertir a España en una superpotencia energética. Para conseguirlo, el partido que encabeza Núñez Feijóo propone extender la vida útil de las centrales nucleares existentes, una propuesta que comparte con Vox (su posible socio de gobierno) y que supondría un cambio de rumbo respecto a la política nuclear actual.

Impulsar el desarrollo de las energías limpias también es una de sus máximas prioridades. En el caso de las renovables, se compromete a desbloquear el proceso de concesión de permisos para este tipo de proyectos introduciendo una tasa con cargo al promotor del proyecto para agilizar la gestión de los expedientes. El PP también se compromete a fomentar el almacenamiento de energía renovable, el desarrollo del hidrógeno renovable, así como impulsar el biogás, el biometano, los ecocombustibles y la biomasa.

Entre otras medidas, el partido ganador de las elecciones pretende ampliar la protección al consumidor vulnerable creando un bono social único compatible con cualquier tipo de contrato de luz y gas. También impulsará un Plan de Automoción dirigido a potenciar el proceso de descarbonización del sector, la implantación de infraestructuras de recarga de acceso público y la renovación de los vehículos más antiguos del parque móvil.

Otra de sus propuestas pasa por impulsar el desarrollo de las interconexiones energéticas, evitar medidas excepcionales y eliminar las existentes de intervención del mercado mayorista eléctrico, además de favorecer que la industria cuente con un precio eléctrico estable para competir con el resto de países europeos mejorando la dotación para la compensación de los gastos de CO2 de la industria electrointensiva con los ingresos procedentes de las subastas de derechos de emisión.