La nueva Ley del Suelo baja el precio de la vivienda nueva en Madrid

El sector inmobiliario aplaude la nueva modificación de la Ley del Suelo en la Comunidad de Madrid. La medida principal es que contempla la eliminación de la mayoría de licencias urbanísticas -excepto las estatales-, que hasta ahora eran obligatorias y se sustituyen por declaraciones responsables para agilizar los plazos. De esta manera, las licencias que se otorgaban en una media de 12 meses se podrán hacer de inmediato con el beneficio que conlleva para los ciudadanos y ayuntamientos, encargados de tramitarlas, y el consiguiente ahorro de tiempo y dinero. Esta modificación no es novedosa, ya que en otras Comunidades Autónomas ya se aplica la declaración responsable.

“Esta modificación sin duda es un primer paso de cara a solventar uno de los principales problemas que teníamos en el sector, que era el plazo tan largo para obtención de las licencias de obra. La Ley de por sí no va a reducir drásticamente los plazos. Sin embargo, será beneficioso por dos motivos principales. El primero es que se trata de una Ley necesaria para amparar las modificaciones de las Ordenanzas Municipales de tramitación de licencias de los Ayuntamientos de la Comunidad. Esta modificación de la Ley no quiere decir ni mucho menos que automáticamente se simplifique la tramitación de licencias, pues los Ayuntamientos deberán adaptarse. Lo que no cabe duda es que es un primer paso para agilizar el proceso de licencia y acortar plazos. El segundo, todo lo que sea agilizar procesos mejora la economía, pues los plazos de puesta en carga de los proyectos son más cortos y dinamiza el inicio de obra y contrataciones”, afirma Raúl Guerrero, consejero delegado de Gestilar.

La Asociación de promotores de Madrid (Asprima) llevaba mucho tiempo reclamando a la Administración una solución para poner fin al retraso de las licencias de primera ocupación. Según sus estudios generaban a los compradores un incremento de media en el precio final de su vivienda de 13.000 euros los retrasos en la concesión de licencias de obra nueva, además la Administración también generaban pérdidas en concepto de impuestos y tributos que en el caso de la CAM serían 203 millones y en el Ayuntamiento de Madrid 10 millones de euros. “La modificación de la Ley del Suelo y en concreto lo que se refiere a otorgar las licencias de primera ocupación con declaración responsable es un gran paso porque tardábamos en entregar las promociones, dependiendo de las zonas, hasta 6 meses y ahora, a partir del 4 de noviembre que entra en vigor la Ley, lo que vamos a ver son bajadas de precios en el coste final de la vivienda” afirma Juan Antonio Gómez-Pintado presidente de Asprima.

En esta misma línea. Félix Abánades, presidente de Quabit, ve en la reforma de la Ley del Suelo de la CAM un avance positivo, ya que las demoras en la concesión de licencias provocaban que se alargase el tiempo de promoción con un coste adicional financiero importante para las compañías promotoras pero sobre todo, para el cliente. “Esperamos que beneficie a los compradores, ya que son los más perjudicados porque los sobrecostes derivados de los retrasos repercuten en la fecha de entrega de las viviendas y en su precio final, dejando en muchos casos fuera del mercado a jóvenes que no pueden acceder a una casa en propiedad. Confiamos en que la reforma de la Ley también sirva indirectamente para bajar el precio del alquiler porque contribuirá a desarrollar la oferta de vivienda de este tipo al reducirse los procesos de tramitación y construcción.

¿La nueva Ley liberaliza el urbanismo en Madrid?

Ignacio Llona, director territorial de la zona centro de Neinor Homes apunta que “más que una liberalización, hablaría de una figura de reducción de toda la carga burocrática y de contratación donde evidentemente hay un problema. Es la constatación de que algo no funciona bien y debe ser corregido. La realidad es muy heterogénea, pero en demasiados casos se comprueba que la necesaria supervisión que deben ejercer las administraciones públicas, se torna en dilaciones inexplicables e inasumibles. Esperemos que esta modificación de la Ley del Suelo consolide un sano equilibrio entre la fiscalización pública y la iniciativa privada”.

Mikel Echevarren, CEO de Colliers International España asegura que “con esta modificación no se va a desbloquear el urbanismo en Madrid y se va a poner suelo finalista en el mercado de forma más rápida, para eso hace falta una Ley de Seguridad Jurídica que permita dar mayor seguridad a un desarrollo y que no esté sujeto a que el tribunal lo pueda tumbar por distintos motivos como los que hemos visto estos últimos años en varios desarrollos en Madrid. Pero desde luego el sector con esta modificación se da por satisfecho porque baja la incertidumbre en un proceso de inversión a largo plazo, ahora hay que ver si se aplica correctamente por cada Ayuntamiento y no hay que volver a pedir permisos que nos hagan volver a empezar en la casilla de salida”.

Todos los expertos tienen claro que el inmobiliario es un sector fundamental para la economía y será un motor clave para la recuperación económica del país -y de Madrid- tras el Covid, por la capacidad de generar rápidamente empleo y, por tanto, riqueza. Según Aedas Homes, “el sector representa más del 10% del PIB nacional -en millones de euros, más de 130.000-. Y en Madrid, que es la principal locomotora inmobiliaria de España, sólo la inversión en vivienda -no se incluye el resto de la actividad constructora e inmobiliaria- en 2019 ascendió a los 14.173 millones de euros, el 5,9% del PIB total autonómico.

En este sentido, BNP Paribas Real Estate declara que “esta modificación de la Ley del Suelo es un primer paso para generar oportunidades de crecimiento mediante la mejora del marco normativo que regula el desarrollo de las empresas y el bienestar de los trabajadores madrileños. Es cierto que dichas medidas permitirán ahorrar tiempo, reducir plazos y costes a los ciudadanos, atraer más interés para reactivar la economía de la región y liberalizar el sector urbanístico en Madrid, pero queda pendiente el consenso y redacción de una nueva Ley del Suelo en su totalidad. Dicha reforma integral si incidiría en determinaciones de ordenación estructurantes y aspectos críticos que deben de transformarse de modo absoluto en el panorama del Urbanismo de Madrid”.

Para Metrovacesa, “la nueva Ley puede servir como palanca para la recuperación económica y por tanto de generación de empleo. Además, permitirá impulsar los planes de negocio de las compañías promotoras, así como mantener el atractivo inversor de Madrid, tanto nacional como internacional. Queda pendiente en cualquier caso introducir otras mejoras en el mismo sentido en el resto de procesos que afectan al sector inmobiliario, en particular en lo que se refiere a la gestión urbanística previa, por la necesidad de generar suelo edificable para aumentar la oferta de viviendas asequibles en zonas donde existen grandes bolsas de demanda insatisfecha”.

De la misma opinión es José Carlos Saz, CEO de Hábitat Inmobiliaria que piensa que en el contexto actual que vivimos de crisis económica por el Covid el sector inmobiliario puede impulsar la economía. “Cualquier tipo de medida es buena en la situación en la que nos encontramos y esta modificación de la Ley del Suelo va a ayudar a agilizar los tramites y a generar negocio y empleo porque nuestro sector es muy intenso en mano de obra. Pero más que la modificación de la Ley en sí, es importante destacar la tendencia y la intencionalidad que persigue la Ley, porque donde hay que atacar, principalmente, es en agilizar todos los trámites y simplificar al máximo los procesos. No se puede tardar en dar las licencia 6 meses porque con ese tiempo el promotor es capaz de hacer el proyecto, licitar la construcción e incluso vender las viviendas”.

José Ignacio Morales. CEO de Vía Célere, concluye que esta modificación de la Ley del Suelo contribuye a la transparencia del sector inmobiliario corroborando la seriedad y profesionalidad con la que trabaja, ya que la modificación de la Ley del Suelo apela a la madurez del sector con una declaración responsable donde el promotor se hace responsable de que lo que va a construir se corresponda luego con la realidad. Es una medida buena para el cliente porque va a comprar su vivienda más barata, buena para el sector, porque podemos dinamizar nuestras propias operaciones internas y también, buena para la Administración porque recibe unos ingresos de forma anticipada en el tiempo”.