Los juristas temen que se mantengan las restricciones sobre los derechos

Numerosos colectivos ciudadanos y profesionales preparan estos días demandas contra el recorte de derechos constitucionales que ha introducido el Gobierno durante la vigencia del estado de alarma, incidiendo en que muchos de estos recortes se han saltado los límites legislativos, puesto que el Ejecutivo ha dictaminado medidas por su cuenta y riesgo, sin basarse en el Derecho. Los reiterados anuncios de Sánchez sobre la adopción de nuevas medidas para combatir el Covid-19 y que éstas no se ajusten al marco jurídico del estado de alarma han encendido las alarmas de los especialistas en las diferentes ramas del Derecho.

Muchos recelan de que se vea tentado a mantener recortes de derechos fundamentales de los españoles una vez concluido el estado de alarma, con la excusa de mantener la prudencia y que, en definitiva, deje de ser una situación puntual. Así, Carlos Ruiz Miguel, catedrático de Derecho Constitucional Universidad de Santiago de Compostela, comenta que al amparo de una ley que sólo permite la limitación de ciertos derechos se ha procedido a suspender algunos de ellos que sólo podían limitarse, como es el de la libertad de circulación y el de empresa.

Como consecuencia de esa violación, se ha suspendido el derecho de la libertad de reunión, que no puede limitarse bajo el estado de alarma”. Y razona que “los límites del estado de alarma se han sobrepasado desde el primer momento. Y con cada nuevo Decreto de este Gobierno se han sobrepasado más”.

“Estamos en una evidente bolivarización de la economía con las consecuencias ya conocidas que conlleva a corto y, sobre todo, a medio y largo plazo”, asegura José Manuel Vera Catedrático de Derecho constitucional en la Universidad Rey Juan y editor de www.constitucionparatodos.com, al referirse a las medidas del Gobierno para combatir al Covid-19.

El profesor estima que “nos encontramos ante la mayor represión de libertades de nuestra historia democrática y se ha hecho sin cobertura jurídica adecuada. Otra vez una nefasta gestión que conllevará consecuencias. El Ejecutivo está capacitado para tomar esas medidas y más, pero solo si declara el estado de excepción o el de sitio ¡Que lean el artículo 55 de la Constitución!”, concluye. Considera que acabará llegando un recurso de inconstitucionalidad de grupos parlamentarios, defensor del pueblo o gobiernos autonómicos o una cuestión de inconstitucionalidad planteada por un juez por los miles de recursos que se empiezan a presentar.” ¡Esto puede suponer un desprestigio para el Gobierno y una gran carga política y económica”, dice!

José Luis Prada, socio de EY Abogados explica que “nuestro desafío será evitar que cale en la opinión pública, a resultas de una crisis como la presente, la tentación de creer que hay modelos políticos -como los de ciertos países asiáticos- que pueden resolver mejor las crisis como Estados autoritarios.

Por ahora hay una limitación del derecho de circulación y de reunión y se pretende otra, la de propiedad con una intromisión en el libre mercado de la vivienda, que son cuestiones con protección constitucional”, recela Esaú Alarcón, profesor de la universidad Abat Oliva. CEU.

Iñaki Ortega, director de Deusto Business School, explica que “sin empresas, sin mercados, gran parte de los derechos constitucionales no podrían ejercitarse. Es por ello por lo que las medidas implementadas con motivo de la crisis sanitaria han estar muy tasadas en el tiempo y muy evaluadas sus consecuencias. De otro modo, la economía no soportaría este cierre total y no habría recursos para dar sentido a la definición que la Constitución hace de nuestro país, un estado social y derecho”.

Massimo Cermelli, profesor de economía, también en la Deusto Business School, explica que “haciendo un símil médico, ¿curaríamos un catarro con antibiótico? El estado de alarma es una herramienta que está prevista para crisis sanitarias, pero tal y como ocurre con los antibióticos, su uso puede llegar a ser excesivo por el impacto que puede generar, dependiendo de su duración, en otros ámbitos como ya está ocurre con la actividad empresarial, que se ve debilitada, y lo hará aún más, con el consecuente enorme impacto social”.