España planta cara a los plásticos de un solo uso

Las pajitas, los cubiertos, los bastoncillos o los platos y vasos de plástico, en España y en Europa, tienen los días contados. Todos estos artículos dejarán de venderse el 1 de julio de 2021, tal y como marca la directiva europea sobre plásticos de un solo uso, pero, por primera vez, la legislación española limita el uso de los envases de usar y tirar, restringiendo su introducción en el mercado.

El anteproyecto de Ley de Residuos y Suelos Contaminados aprobado recientemente por el Consejo de Ministros pretende reducir los plásticos de un solo uso y, para ello, establece fechas y objetivos concretos: a partir del 3 de julio de 2021, los establecimientos de restauración españoles tendrán prohibido vender todos estos productos y deberán apostar por alternativas sostenibles.

El Gobierno plantea reducir el consumo nacional de materiales un 30% para el año 2030 en relación con el Producto Interior Bruto (PIB), además de disminuir un 15% la cantidad de residuos y rebajar notablemente la generación de basura procedente de la alimentación a lo largo de toda la cadena.

Reducir la basura que llega al mar

Además de contemplar medidas destinadas a proteger el medio ambiente y la salud humana, el objetivo de la Ley es disminuir el uso de productos de plástico para mitigar su huella contaminante, especialmente en el medio acuático. Según ha señalado Teresa Ribera, vicepresidenta cuarta y ministra para la Transición Ecológica, el volumen de plástico procedente de los hogares podría llenar 45 veces el Santiago Bernabéu. “La normativa pretende introducir novedades importantes en nuestro ordenamiento jurídico, como evitar el uso abusivo de plásticos de un solo uso que nos acabamos encontrando en las playas, en los mares o en los sistemas de depuración”, recalcó. En este sentido, el anteproyecto de Ley insta a las Administraciones a frenar la generación de basura como contribución al objetivo de desarrollo sostenible de Naciones Unidas, de prevenir y reducir la contaminación marina.

Y es que, a pesar de que el plástico de un solo uso tiene un promedio de vida útil de entre 12 y 15 minutos, puede tardar entre 400 y 1000 años en desintegrarse. Además, se estima que entre el 2% y el 5% de todos los plásticos fabricados en España termina en los mares, que acumulan un total de 8 toneladas al año de tipo de materiales.

La concentración de microplásticos en los océanos también supone un riesgo para la salud humana, ya que pueden ser absorbidos o ingeridos por animales marinos y terminar en el organismo humano a través de la cadena alimenticia. Este material también está presente en alimentos y bebidas, incluso en el agua del grifo.

Las consecuencias para la salud son aún desconocidas y sus efectos concretos están por determinar pero, a menudo, estos elementos contienen aditivos químicos tóxicos perjudiciales para los animales y las personas.

Impuesto a los envases

Como ocurrió hace dos años con las bolsas, los envases y productos de plástico serán gravados fiscalmente a través de un nuevo impuesto indirecto fijado en 0,45 euros por kilo de envase. Con la implementación de esta medida, el Gobierno prevé recaudar 724 millones de euros.

En concreto, lo restaurantes, bares y cafeterías deberán disminuir el uso de los vasos de plástico para bebidas, además de las tapas y tapones, así como los recipientes para alimentos, tales como cajas, envases de comida rápida u otros alimentos de consumo inmediato.

Tal y como recoge el texto, en 2026 la comercialización de estos materiales tendrá que haberse reducido en un 50% con respecto a 2022, cifra que aumentará hasta el 70% en el 2030. Para cumplir con estos objetivos, todos los agentes implicados en la comercialización fomentarán el uso de alternativas reutilizables o de otro material no plástico.

Según Teresa Ribera, esta medida “permitirá impulsar el uso de nuevos materiales, reduciendo hasta un 10% los residuos municipales que generamos y mejorar un 10% la eficiencia en el uso del agua".

Adiós a las pajitas

A partir del 3 de julio de 2021 quedará prohibido vender bastoncillos de algodón -excepto en el ámbito de los productos sanitarios-, tenedores, cuchillos, cucharas o palillos, platos, pajitas y agitadores de bebidas; así como los recipientes y vasos para alimentos y bebidas fabricados de poliestireno expandido, incluidos sus tapas y tapones.

El anteproyecto también obliga a marcar una serie de productos y a introducir en los envases mensajes que contribuyan a concienciar a la sociedad sobre los perjuicios de dispersar la basura. En esta misma línea, recoge determinados requisitos de diseño, como el de unir las tapas y tapones al recipiente y exige que las botellas PET incluyan un 25-30% de plástico reciclado.

Asimismo, el texto regula los objetivos de recogida separada para las botellas: en 2025 se deben retirar por separado el 77% en peso respecto al introducido en el mercado, porcentaje que subirá hasta el 90% en 2029.

El agua, del grifo o de la fuente

Con el objetivo de reducir el consumo de envases, los establecimientos de hostelería deberán ofrecer de forma obligatoria agua de grifo al consumidor, aunque este también podrá optar por agua embotellada, siempre y cuando deposite el envase en una papelera de reciclaje.

Las Administraciones Públicas también deberán disminuir el consumo de agua embotellada en sus dependencias y fomentar el uso de medidas alternativas como las fuentes de agua potable en condiciones que garanticen la higiene y la seguridad alimentaria o suministrando agua en envases reutilizables.

Economía circular para la recuperación

El Gobierno también ha dado luz verde a la Estrategia Española de Economía Circular (EEEC) España Circular 2030, y a un Real Decreto enfocado en la mejora de la trazabilidad y el control del traslado de residuos. Estas dos estrategias, unidas a la Ley de Residuos, se han convertido en pilares fundamentales del marco de economía circular sobre el que el Ejecutivo pretende impulsar la recuperación económica tras la situación de emergencia sanitaria provocada por la crisis sanitaria del coronavirus.

En este sentido, Teresa Ribera, ministra de Transición Ecológica, explicó que esta normativa pretende fomentar las soluciones innovadoras que traten de reintroducir en el mercado los materiales reciclados una vez procesados y, al mismo tiempo, promover la economía local e impulsar el comercio de proximidad.

Otro de los puntos en los que se hace especial incidencia es el de la gestión adecuada los residuos y su conversión en recursos capaces de generar otros productos, favoreciendo así el paso de una economía lineal -basada en el modelo de producir-consumir-tirar- a una circular donde se apueste por un sistema respetuoso con el medio ambiente y basado en la reutilización y el reciclaje. Este modelo permite extender la vida útil de los productos y dotarlos de una segunda vida.

Con el fin de alargar la durabilidad de determinados artículos, se fomentará el diseño, la fabricación y la utilización de productos que sean eficientes en el uso de recursos duraderos, reparables, reutilizables y actualizables, especialmente en el caso de los aparatos eléctricos y electrónicos, textiles y muebles, envases y materiales y productos de construcción. A partir de de 2021 también quedará prohibido destruir los excedentes no vendidos de productos no perecederos, tales como textiles, juguetes o aparatos eléctricos.

En el caso de la industria alimentaria, el reglamento incluye medidas destinadas a luchar contra el desperdicio en las empresas de distribución y de restauración.

En cuanto al resto de residuos, el texto fija un calendario para que las diferentes localidades implanten los métodos de recogidas separadas. Así, la fecha de entrada en vigor para la retirada de biorresiduos en municipios de más de 5.000 habitantes será el 31 de diciembre de 2021, mientras que el resto de localidades no tendrán que comenzar a hacerlo hasta el 31 de diciembre de 2023; para la recogida de los textiles, aceites de cocina usados y residuos domésticos peligrosos, la normativa establece que deberán empezar a implantar este sistema antes del 31 de diciembre de 2024.