España lidera el debate sobre la Ley de la Naturaleza en la Unión Europea

España ejerce desde el 1 de julio la presidencia del Consejo de la Unión Europea. Durante un semestre, hasta el 31 de diciembre, en la cabecera de docenas de mesas de debate se colocará la iniciativa y coordinación de nuestro país.

No obstante, el hecho de que los primeros compases del semestre escriban en su calendario la celebración de elecciones generales es una situación que, si bien no resulta desconocida en la historia de la Unión Europea, sí es cuanto menos singular por condicionar el nombre de quien se vaya a sentar hasta que termine el año, precisamente, en el puesto de mando de esas mesas de discusión.

El equipo de Pedro Sánchez, que hasta finales de mayo ha creído tener la certeza de ser el Gobierno que comandaría además las labores al frente del Consejo de la UE, preparó durante meses las iniciativas por las que ha pretendido que discurran los proyectos aupados por España en el marco comunitario.

Conocido el adelanto electoral, las instituciones europeas se han mostrado en todo momento tranquilas, pues la Presidencia comunitaria se asume como un trabajo de país más que de Gobierno. Además, los equipos de trabajo conformados por expertos y técnicos europeos y, durante estos meses, españoles, mantienen, independientemente de quién ocupe la jefatura del Ejecutivo nacional, una amplia capacidad de acción para desarrollar funciones propias enfocadas hacia la adopción de políticas trasnacionales.

La Moncloa leyó el pasado el 1 de julio cuáles son, además, las políticas generales de la Unión Europea y, por tanto, la senda marcada para desarrollarlos. En el plano medioambiental, la estrategia de los 27 se estructura alrededor del Pacto Verde, que gira a su vez en torno a tres ámbitos: el clima, la economía circular y la preservación de la biodiversidad.

Lucha contra el cambio climático

La primera de las líneas, enfocada hacia el objetivo de luchar contra el cambio climático y sus efectos sobre los países miembros, se sustenta sobre el compromiso adoptado por el Consejo Europeo en diciembre de 2020 de lograr una Europa climáticamente neutra en 2050.

La segunda, ideada para procurar la circularidad económica de la Unión, se apoya en el Plan de Acción para la Economía Circular planteado por la Comisión Europea en marzo de 2020 que, más tarde, se ha ido viendo completando con propuestas como la presentada en 2022 y concentrada en el ecodiseño energético, el sector textil o los productos de construcción.

Por último, y sobre las pautas para defender los ecosistemas, el conjunto de países ha validado las líneas de la Ley de Restauración de la Naturaleza y aspira a comprometer a los miembros a que restauren, antes de 2030, al menos el 20% de los ecosistemas terrestres y marinos dañados, y el 100% en 2050.

No obstante, los debates y trabajos sobre esta nueva regulación, que supone un eje central de la estrategia climática de la Comisión Europea, se han trasladado al Parlamento dejando traslucir las profundas diferencias en los puntos de vista políticos y abriendo también la puerta a que el texto, finalmente, decaiga.

Es el Partido Popular Europeo (PPE) el que con más intensidad se opone a varios de los postulados de esta Ley promocionada, paradójicamente, por una Comisión presidida por una política conservadora: Ursula Von der Leyen. En su primer desembarco en la Eurocámara, la Comisión de Medio Ambiente vio representado un empate técnico que visibilizó la profunda división entre los grupos, quedando diferenciadas las líneas socialdemócratas y verdes, con 44 votos a favor del texto, y las de los partidos conservadores, con el PPE a la cabeza, y de ultraderecha, con otros 44.

Este es precisamente uno de los primeros asuntos en los que la presidencia española va a quedar definida, por tener ahora la misión de dirigir las negociaciones en la Eurocámara para tratar de que quede validado, o finalmente descartado, antes de que termine 2023.

El Plan de Sostenibilidad del Gobierno Sánchez

Tras meses de preparación y mucho antes de las elecciones del 23 de julio, los gabinetes españoles con influencia en asuntos medioambientales concretaron sus líneas de acción prioritarias pensando en los seis meses de presidencia española.

Después, gabinetes como el de Teresa RIbera, Raquel Sánchez, Fernando Grande-Marlaska o Luis Planas las han ido compartiendo con grupos de trabajo constituidos con representantes de la Unión y con sus homólogos europeos, en las reuniones celebradas durante los primeros meses del año y, más intensamente, a lo largo de las semanas en las que Suecia, país que ha presidido el Consejo durante el primer semestre, ha ido cediendo el testigo a nuestro país.

Así, y organizados en torno a una serie de compromisos básicos, la Comisión Europea y el resto de países comunitarios se ha ido asomando desde enero de este año a unas iniciativas sobre las que ya ha empezado a trabajar.

La ciudad de Córdoba se mantiene como sede del próximo Consejo de Ministros de Agricultura de la Unión. Del 3 al 5 de septiembre, los titulares de estas carteras compartirán con el representante del Gobierno español sus iniciativas, encontrando dibujadas las líneas que el ministro Luis Planas compartió en Bruselas en mayo de este año.

Quedó planteado entonces que el impulso del uso de nuevas tecnologías en el sector agroalimentario como herramienta de lucha contra el cambio climático iba a ser línea prioritaria de las conversaciones propuestas por España.

En la UE AgriResearch Conference se empezó a poner en común la necesidad de apostar por soluciones relacionadas con la información y la digitalización, pero también por nuevas técnicas genómicas que permiten investigar sobre alteraciones genéticas precisas y controladas de los cultivos para hacerlos más resistentes a las sequías o a enfermedades.

Bruselas mantiene también abiertos los reglamentos sobre el uso sostenible de los fitosanitarios, la presentación del informe de impacto ambiental y la modificación del referido a las Indicaciones Geográficas Protegidas, asuntos cuya coordinación asume ya España.

Cielo Único Europeo

Por otro lado, el Ministerio de Transportes ha mostrado su voluntad de revisar el Reglamento de Cielo Único Europeo, clave para reducir las emisiones y mejorar la competitividad del transporte aéreo estableciendo nuevos compromisos para el sector del tráfico aéreo.

Asimismo, y pensando en comunicaciones domésticas y también entre países, ha marcado las primeras propuestas para debatir sobre los mecanismos para hacer más eficiente el transporte de mercancías, apoyándose más decididamente en el tren, y se ha quedado patente la intención de revisar el Reglamento de la Red Transeuropea de Transporte.

Además, y dependiendo del Ministerio del Interior, España ha promocionado ya junto al mismo Ministerio del Gobierno de Portugal la necesidad de actualizar los sistemas europeos de protección civil para mejorar la lucha contra los incendios forestales.

Así, Bruselas espera la celebración de foros de discusión en los que se pongan en común nuevas pautas que anticipen las amenazas de las olas de calor y faciliten también la adopción de medidas preventivas eficaces, borrando las fronteras entre países miembros si los fuegos afectan a uno y otro lado.

Un escenario ya conocido en la Unión

El hecho de que, durante la presidencia de turno de un país miembro, el propio país haya celebrado elecciones generales es una eventualidad, pero no una circunstancia inédita en la Unión Europea.

Ocurrió durante el primer semestre de 2022, cuando Emmanuel Macron, presidente de Francia, revalidó su mandato al frente del Ejecutivo galo compaginando la campaña electoral y los comicios con la presidencia comunitaria.

La misma situación también vivió Polonia en el año 2011 y, en ambos países, no hubo cambio de signo político.

No obstante, la República Checa sí vivió, en pleno ejercicio de la Presidencia europea, un cambio de Gobierno en mayo de 2009, sin verse alterada la agenda comunitaria.