El Parlamento Europeo fija los criterios de las inversiones verdes
La normativa comunitaria establece reglas para definir qué tipo de actividades son ecológicas o sostenibles y evitar el ‘ecoblanqueo’. Marca seis pautas ambientales cuyo cumplimiento deberá ser justificado
El desarrollo sostenible pasa por preservar los recursos naturales y respetar los derechos humanos y sociales. La acción climática es un aspecto importante de este proceso, ya que limitar y mitigar los efectos del cambio climático se ha convertido en una necesidad cada vez más urgente. En este sentido, la Unión Europea se ha comprometido a disminuir gradualmente sus emisiones de gases de efecto invernadero. El Pacto Verde, la principal iniciativa europea sobre acción climática, establece un objetivo de cero emisiones netas para 2050. Pero alcanzar el objetivo requiere invertir en nuevas tecnologías. En concreto, la Comisión Europea (CE) estima que serán necesarios alrededor de 260.000 millones de euros anuales en inversión adicional durante la próxima década.
La inversión pública no será suficiente, y el sector privado deberá intervenir para financiar proyectos favorables con el clima. Esto requiere definir criterios claros sobre qué es exactamente sostenible y ecológico; de lo contrario, algunos fondos podrían destinarse a proyectos de ecoblanqueo que afirman ser "verdes", cuando en realidad no lo son.
Con el fin de evitar este tipo de prácticas, el Parlamento Europeo (PE) ha aprobado un marco comunitario que clarifica qué actividades son sostenibles. El reglamento sobre taxonomía establece un sistema de clasificación común a todos los países miembros, proporciona claridad a empresas e inversores e impulsa la financiación del sector privado en su transición hacia la neutralidad climática.
La propuesta legislativa contempla que todos los actores del mercado financiero que vendan productos financieros y empresas con más de 500 empleados deberán indicar cómo y en qué medida sus actividades contribuyen a los objetivos ambientales. Si no se declaran "sostenibles", debe quedar claro.
“Los productos financieros definidos como sostenibles tendrán que demostrarlo en base a criterios estrictos y ambiciosos”, afirma Bas Eickhout ponente de la comisión de Asuntos Económicos en el PE.
Proyectos respetuosos con el clima
La nueva normativa establece seis objetivos ambientales y permite etiquetar una actividad económica como ambientalmente sostenible si contribuye al menos a uno de los objetivos sin dañar significativamente a ninguno de los otros.
Dichos objetivos son: mitigación y adaptación al cambio climático; uso sostenible y protección del agua y los recursos marinos; transición a una economía circular, incluida la prevención de residuos y el aumento del uso de materias primas secundarias; prevención y control de la contaminación, y protección y restauración de la biodiversidad.
El principio de "no perjudicar" -que será definido por la CE- asegura que una actividad económica que causa más daño al medio ambiente que beneficios no puede clasificarse como sostenible.
Actividades de transición y habilitación
Las actividades que son incompatibles con la neutralidad climática pero que se consideran necesarias durante el proceso de transición hacia una economía climáticamente neutral se denominan actividades de transición o habilitadoras, y deberán tener niveles de emisiones de gases de efecto invernadero correspondientes al mejor desempeño del sector.
La ley entrará en vigor después de su publicación en el Diario Oficial. La Comisión actualizará periódicamente los criterios técnicos de selección para las actividades de transición y habilitación. Antes de 2022, debe revisarlos y definir criterios para identificar actividades que tengan un impacto negativo.