Pueblos sin establos, la últimaamenaza para los ganaderos

Licencia para subsistir, es lo que piden los ganaderos de los pueblos más pequeños. Tienen sus explotaciones a las afueras de los cascos urbanos, pero demasiado cerca de las casas para las rígidas normas urbanísticas.

Tras 16 años de prórroga, en el año 2021 estas explotaciones volverán a la alegalidad si nadie lo remedia, condenando al cierre a muchos ganaderos que cerca de jubilarse o sin relevo, no pueden afrontar la inversión que supondría trasladar su explotación fuera de los límites del caso urbano a la distancia mínima.

Es el caso de los hermanos Restituto y Luis Enrique Pocero y su primo Enrique Fernández, ganaderos de ovino en Nava del Rey (Valladolid). Con edades entre 50 y 62 años no se pueden meter en más inversiones. “Pedimos presupuesto hace años y sin contar el precio de la parcela eran 600.000 euros. Necesitamos que se amplíe la moratoria porque sin un relevo claro no podemos realizar una inversión de ese tipo si no va a tener continuidad. Nos dejarían desprotegidos ante cualquier denuncia a pesar de que aquí en el pueblo no tenemos ningún problema con nadie”, explica Restituto Pocero.

En Castilla y León se aprobó una ley, a petición de ASAJA Castilla y León, (Ley5/2005) para prorrogar las licencias de las explotaciones ganaderas en cascos urbanos de menos de 2.500 habitantes. Una modificación de la normativa, que a cambio de introducir cambios para fomentar el bienestar animal y mejorar medidas de limpieza y sanidad, estas explotaciones pudieran subsistir a pesar de estar a las afueras del pueblo, pero no exactamente a la distancia del casco que rigurosamente marcaba la ley.

La normativa surgió con el fin de regularizar la situación de las pequeñas ganaderías de antes de 2003 que, por estar en casco urbano o en las proximidades del mismo, estaban en una situación de “alegalidad” al no cumplir con las normas medioambientales o las de planeamiento urbanístico municipal. A pocos meses de cumplirse el plazo, los ganaderos piden una nueva ampliación. “Es necesaria otra moratoria porque las pocas explotaciones que quedan y que no cumplen las distancias, están en el extrarradio y no suponen ninguna molestia para la poca gente que queda en los pueblos”, explica el secretario general de ASAJA Castilla y León, José Antonio Turrado.

También ganaderos de vacuno

La mayoría “son explotaciones de ovino de entre 200 y 300 ovejas, que son viables y que pueden seguir desarrollando su actividad y empleo en el medio rural”, comenta Turrado. Hay también entre los afectados, ganaderos de vacuno en pueblos de montaña, muchos en parques naturales donde trasladar la explotación más lejos del casco urbano es muy complicado por la complejidad de la normativa existente en esos parajes concretos. “Realizar una inversión enorme para trasladar una explotación con menos de diez vacas que prácticamente están todo el año pastando y solo están encerradas en el pueblo los meses más duros del invierno no tiene sentido. Por eso pedimos volver a ampliar el plazo”, explica este responsable de la organización agraria.

Los ganaderos defienden que han cumplido con las normas que la Junta de Castilla y León les pidió a cambio de esta moratoria. Mejoras en bienestar animal, higiene y de respeto a la convivencia con el resto de los habitantes del pueblo como instalación de mallas anti insectos, mayor espacio entre animales, prácticas para minimizar los olores, entre muchas otras. “Si ponen más normas las cumpliremos. Recientemente hemos pavimentado la entrada de la explotación para evitar que cuando llueva se embarre y al salir y entrar se pueda ensuciar las calles”, explica este ganadero navarrés.

En una época de precios bajos y márgenes estrechos, estos ganaderos han podido continuar gracias a su apuesta por los programas de mejora genética. “Cualquier esfuerzo económico extra nos obligaría a cerrar una explotación que continúa por la mejora que realizamos año tras año y la cantidad de horas que trabajamos, sacrificando muchas horas de ocio y de dedicación a la familia”, señala Restituto Pocero.

En la misma situación está Jose Luis Fuentes García ganadero de ovino en Escalona del Prado (Segovia). A punto de cumplir 50 años, tiene una explotación de unas 500 ovejas de raza Merina. Construida en 1950 por su padre, ha ido ampliándola y modernizándola hasta el día de hoy. La última gran remodelación hace sólo seis años. “Todavía está a las afueras del pueblo, aunque se han ido construyendo casas cada vez más cerca por la expansión del pueblo hace años. No ocasiona molestias ni preocupación entre los pocos habitantes que quedan. Entre ellos no hay inconveniente de que sigamos. No tiene nada que ver esta explotación semi extensiva de ovino con lo que puede ser una de porcino intensivo”, explica Fuentes.

Para este ganadero de casi 50 años, tener que desplazar más lejos del casco urbano su granja después de todo lo invertido y los precios del sector seria la ruina. “Si ahora mismo no se prorrogase la moratoria tendría que cerrar”.

Según este ganadero, “los que tenemos ya una edad no podemos hacer una gran inversión según está el sector, por eso es tan fundamental esta moratoria. No quedamos muchos ganaderos y si hay más trabas, al final no quedará nadie”. Fuentes García comenta que en el pueblo encuentra apoyo a esta petición. “La gente está más concienciada ahora de lo que supone la ganadería y el abandono que genera su desaparición”. Prácticamente no generamos molestias, procuro retirar lo antes posible el estiércol para que se lo lleven rápido y lo que esté en mi mano dentro de que se trabaja con animales”.

ASAJA considera, en la misma línea, que “este no es el momento económico para cerrar ganaderías, por el contrario, hay que mantener todo lo que hay a la vez que se implementen medidas para tener un sector cada vez más moderno y competitivo”. Para esta organización la regularización fue un gran acierto, como prueba que estas ganaderías no sean hoy fuente de conflicto, y aunque la mayoría han cerrado, “todavía quedan explotaciones en manos de sus titulares originarios o de sus descendientes en primer grado, y cerrarlas el próximo año tendría un gran impacto económico y social”, señala Turrado.

Para Restituto Pocero, es un sinsentido “querer que no se vacíen los pueblos y que los niños conozcan los animales en sus visitas al pueblo o una casa rural, y que las explotaciones estén a varios kilómetros de los pueblos”.