El sector hortofrutícola lidera la oposición a los precios mínimos

El Real Decreto 5/2020 aprobado por el Gobierno el pasado mes de febrero estableció la prohibición de vender los productos agrarios por debajo de costes. La medida, que pretendía responder a una demanda histórica de las organizaciones agrarias, suma críticas a medida que pasa el tiempo.

La oposición a la medida la lidera la Asociación de Organizaciones de Productores de Frutas y Hortalizas de Almería (Coexpal), que comercializa 2.251.176 toneladas de 9.300 agricultores que cultivan su producción en 23.100 hectáreas.

Su gerente, Luis Miguel Fernández Sierra, es claro: “el establecimiento de precios mínimos ligados a los costes de producción de agricultores y empresas de comercialización restará rentabilidad y crea indefensión y pérdida de competitividad a los productores españoles, beneficiando a los competidores exteriores”.

Fernández Sierra asegura que “estamos en un mercado abierto con precios que van oscilando durante toda la campaña y que no siempre están por encima de los costes, pero se necesitan vender para que el cómputo global sea lo más beneficioso posible. Estamos en un mercado global y establecer precios mínimos sólo para nosotros es una incongruencia”.

Los efectos se extienden a nivel internacional, donde España es líder mundial en frutas y hortalizas. “Cuando los precios estén por debajo de los costes nosotros no podemos vender, pero los productos de otros países que no apliquen la ley sí pueden hacerlo”, añade el gerente de Coexphal.

“Ley de la Condena”

Para la organización, que habla de “Ley de la Condena”, el Ministerio han sacado una legislación “que no ha consensuado con el sector para responder a las movilizaciones de las organizaciones agrarias. Nosotros nunca hemos hablado de costes de producción sino de herramientas que mejoren el equilibrio de la cadena y establecer precios mínimos es un error en un mercado de productos perecederos y abierto”.

No obstante, Fernández Sierra confía en que el Ministerio, con ocasión de la próxima trasposición de la Directiva europea, “que no habla de fijar precios, va a tener una oportunidad para llegar a un consenso y elaborar una ley que se pueda aplicar y que realmente cumpla con los objetivos que es defender los eslabones más débiles de la cadena, que está claro que es el agricultor y la empresa productora. Están condenados a rectificar”.

La oposición de Coexphal es la más beligerante, pero las críticas a la medida son compartidas por las 21 asociaciones que integran la Federación de Exportadores de Frutas y Hortalizas (Fepex), que aglutina el 70% de las ventas españolas de estos productos en el exterior.

Fernández Sierra apuesta por el modelo francés, donde se sientan no sólo las interprofesionales sino también las cadenas de distribución y “recomiendan unos precios, pero no hablan nunca de imposición. Se sientan unas para buscar un consenso en una serie de actuaciones para que la cadena esté lo más equilibrada posible y no se cometan abusos”.

Las críticas a la prohibición de vender por debajo de costes llegan también desde las cooperativas agroalimentarias de Valencia y Andalucía, que representan el 32,8% de este tipo de compañías en España.

Andalucía considera la medida “un error mayúsculo” en los términos en los que se ha planteado. “Las cooperativas ejercen su actividad en un mercado globalizado, con directrices marcadas por Europa y la Organización Mundial del Comercio (OMC), donde se permiten las importaciones de terceros países, con menores costes de producción y precios de venta más competitivos, como consecuencia del empleo de mano de obra mucho más barata y exigencias medioambientales y de calidad considerablemente más laxas que las de Europa”.

Para Cooperativas Agro-alimentarias andaluzas “aplicar la Ley de la Cadena supone de facto la salida de las producciones españolas de muchos de esos mercados, en los que no podrán competir por precio”.

Otro sector en el que la norma ha caído como un jarro de agua fría es en el del aceite de oliva. Desde la andaluza Dcoop, el mayor productor oleícola mundial, se asegura que la modificación, tal como está redactada, “no solo es inaplicable, sino que agrava el problema puesto que deja fuera de mercado a las producciones con mayores costes, crea más desigualdades y fomenta las importaciones de otros países. Aparte de que no está claro cómo fijar los costes de producción y existe una gran variabilidad dentro de una misma zona, la determinación de un precio mínimo de venta obliga a no poder vender en momentos de bajas cotizaciones como los actuales, lo cual agrava la situación”.

En el sector lácteo, la entrada en vigor el 25 de febrero del RD 5-2020 lejos de traducirse en un incremento de precio han supuesto una ligera bajada.

El cambio normativo pilló a productores e industria en plena negociación de los contratos, por lo que se prorrogaron los vigentes o se hicieron por cortos espacios de tiempo. Ahora, en el sector explican que las negociaciones están siendo difíciles debido a la negativa de la industria de subir los precios ante la previsión de que en los próximos meses se produzca un incremento de las cotizaciones en Europa por la fuerte sequía y España es deficitaria. A nivel mundial, los precios están subiendo y la situación en otoño puede ser peor ya que China está comprando para incrementar sus reservas de leche en polvo.

Protestas ganaderas en otoño

“Nosotros no queremos que suban los precios, sino que se paguen precios justos”, indican desde fuentes del sector, que reconocen no obstante que lo que cobran ahora los ganaderos “está muy ajustado”. De hecho, el malestar va creciendo y no se descarta que a la vuelta del verano, si no hay de nuevo confinamiento por un rebrote del coronavirus, el sector se eche a la calle para protestar de nuevo por su situación.