Un problema de tamaño: solo 49 empresas llegan a mil empleados

La alimentación representa el primer sector industrial en España con una producción en 2022 de 144.955 millones de euros y más de 41.600 millones en exportaciones. El sector, constituido por más de 30.000 empresas y que da empleo directo a cerca de 500.000 personas y a 2,5 millones de manera indirecta, es una de las grandes locomotoras de la economía y, sin embargo, tiene un problema. Ninguna empresa española figura entre las 50 grandes a nivel mundial y solo 49 de ellas tienen más de mil asalariados. El año pasado el número de empresas de gran tamaño se ha incrementado un 11,4%, con cinco nuevas compañías, pero aun así, según admite Mauricio García de Quevedo, director general de la Federación de Industrias de Alimentación y Bebidas (Fiab), “seguimos teniendo un problema de dimensión porque el 95% de nuestras empresas siguen siendo pymes”. De hecho, el 78,8% de la actividad generada por la industria alimentaria la siguen generando empresas de menos de 10 asalariados y su escaso tamaño resta no solo capacidad para afrontar aumentos de costes como los que hemos vivido en el último año y medio, sino también potencial para exportar y crecer fuera de España.

El gran reto

“La falta de tamaño es uno de los principales retos que tiene el sector y aunque nosotros como patronal podemos tratar de incentivar en todos nuestros foros un proceso de integración, al final se trata en su mayor parte de empresas familiares y son sus propietarios los que tienen que decidir si quieren o no impulsar un proceso de compraventa o fusión”, explica García de Quevedo. Lo que sí que ha hecho la patronal alimentaria, en cualquier caso, es solicitar al Gobierno que se introduzcan incentivos a la integración. “Hemos pedido que haya medidas, de ámbito fiscal por ejemplo, para impulsar un proceso de consolidación al igual que se hizo ya con las cooperativas”, explica el director general de Fiab.

En 2014, bajo la presidencia de Mariano Rajoy, el Gobierno aprobó un Real Decreto que regulaba el procedimiento y los requisitos para el reconocimiento de las Entidades Asociativas Prioritarias (EAP), cuya misión era abordar proyectos de integración entre cooperativas agroalimentarias de ámbito supra-autonómico, fomentando así su integración. Con la norma, el Ejecutivo trató de “promover un modelo cooperativo mucho más potente en dimensión, ambición innovadora y proyección internacional” y “contribuir a que el sector supere sus deficiencias y despliegue todo su potencial”. Justo lo que reclama también ahora la industria.

A pesar del proceso de concentración que se está llevando a cabo de forma paulatina en los últimos años, de las 30.159 empresas que forman actualmente la industria alimentaria, un total de 29.057 no llegan a los 50 asalariados; 801 tienen entre 50 y 199; 252 suman entre 200 y 999 y tan solo 49 superan los mil. En el sector hay ahora mismo distintos proyectos de integración en macha, destacando sobre todo la posible creación de un nuevo gigante en el sector del aceite. El fondo CVC Capital Partners ha puesto en marcha la venta de Deoleo, que tendrá que llevarse a cabo antes de 2025 para cumplir lo pactado con los acreedores, que capitalizaron deuda en 2020, y eso supondrá una de las mejores oportunidades posibles para la consolidación del sector. De momento, grupos como Acesur, la empresa propietaria de Coosur y La Española; Dcoop o Borges han mostrado ya su interés a participar en el proceso y las primeras ofertas indicativas se esperan en breve. En un momento en el que los costes se han disparado y la producción ha caída con fuerza debido a la sequía, en el sector se da por hecho que una consolidación sería muy positiva, teniendo en cuenta, sobre todo, que España es el mayor productor del mundo de aceite de oliva.

El director general de Fiab indica, no obstante, que a pesar del problema de tamaño la industria alimentaria española sigue mostrando una gran fortaleza en el exterior. “Aunque el año pasado nuestras exportaciones cayeron un 7,2% en volumen debido a la inflación, crecieron en cambio un 9% en valor, hasta alcanzar los 41.643 millones de euros”, asegura. La mala noticia, en cambio, según dice García de Quevedo, “es que el superavit comercial registró la primera caída desde el año 2008 y se redujo un 20,1%, hasta 10.640 millones de euros”. Y del mismo modo también se redujo el número de empresas exportadoras.

Exportaciones

Al cierre del último ejercicio había en conjunto 18.902 compañías que vendían fuera de nuestras fronteras, lo que supone un 2,3% menos respecto al año 2021. Eso sí, el peso de la Unión Europea se está reduciendo tras la entrada de nuevos mercados. “Hace 15 años el 80% de las exportaciones de la industria alimentaria española se dirigían a Europa y ahora esos porcentajes se están igualando”, insiste el director general de Fiab. En concreto, y según los datos del informe anual del sector correspondiente a 2022, aunque el 57,7% de las ventas al exterior siguen dirigiéndose a la Unión Europea, hay ya un 42,3% que van al resto del mundo.

El principal mercado fuera de las fronteras europeas es Estados Unidos, donde las exportaciones alimentarias españolas crecieron el año pasado un 8%, hasta 2.466 millones de euros. China ocupa la segunda posición, con 2.258 millones y una caída, en cambio del 34,5%, debido fundamentalmente al descenso en la compra de porcino y, en menor medida, de vino. Justo lo contrario de China ocurre sin embargo en Japón, con un aumento de las ventas procedentes de España del 22,1%, hasta 1.215,5 millones de euros. Dentro de Europa, destaca como primer cliente Francia, con 6.124 millones, un 14% más; Portugal con 4.506,3 millones y un incremento del 16,2% e Italia, con 4.126 millones, lo que representa, en este caso, un 0,0% menos. García de Quevedo, destaca asimismo, el gran potencial del sector como generador de empleo. “El año pasado el número de afiliados a la Seguridad Social aumentó un 3,2%, hasta 454.800 trabajadores. El 39,1% del empleo es de mujeres y, además, se trata de un empleo de calidad porque el 80% de los contratos son indefinidos”, asegura.

Para poder seguir creciendo e impulsar las ventas tanto dentro como fuera de España, invirtiendo y generando empleo, desde la patronal alimentaria reclaman ahora que el Gobierno que surja tras las elecciones del próximo 23 de julio “establezca un marco regulatorio competitivo y razonable después de que la presión regulatoria se haya multiplicado por tres en los últimos años”.

García de Quevedo insiste en reclamar, sobre todo, “seguridad jurídica y unidad de mercado, además de ir acompasando las decisiones que se tomen a la realidad económica y social de cada momento”. Recuerda, en este sentido, que España es el único país de la Unión Europea que implantó el pasado mes de enero el impuesto al plástico, a pesar de las reclamaciones por parte de toda la cadena alimentaria para que la decisión se aplazara ante el fuerte aumento de los costes y la inflación. “Las empresas están liquidando ahora el impuesto del plástico como pueden, pero está claro que medidas como ésta en las que el Gobierno pretende ir mucho más rápido incluso de lo que se reclama desde Bruselas nos está restando competitividad”, indica el director general de la patronal de la industria alimentaria española.