Los deberes de un ‘Consell’ con menos ingresos e intereses más altos

El giro político en la Comunitat Valenciana es ya una realidad después de que el partido más votado en las elecciones autonómicas, el PP, haya cerrado un rápido acuerdo con Vox. Los 50 puntos de ese pacto para formar un Gobierno de coalición despejan algunos de los deberes que se marcan los nuevos socios, a la vez que ya dejan claros algunos de los principales obstáculos a los que se enfrentan, más allá de una alianza que al incluir al partido de extrema derecha no va estar exenta de una continua polémica política y social.

De momento, ya está claro que el futuro Gobierno valenciano va estar presidido por Carlos Mazón y tendrá como vicepresidente primero al extorero Vicente Barrera, que asumirá las competencias en Cultura, un departamento con mucho más peso simbólico que presupuestario, pero que deja claro que Vox no se conformará con un papel secundario. Los del partido de Abascal también asumirán las consellerias de Justicia, Gobernación e Interior, y la de Agricultura, aunque está claro que su líder en Valencia, Carlos Flores, no estará en el Gobierno, un alivio para Mazón que el partido de extrema derecha ha sabido cobrarse en cuotas de poder.

Sin duda, el control del pastel del presupuesto autonómico que este año supera los 30.000 millones de euros ha sido uno de los ejes de las negociaciones. Precisamente la situación de las arcas autonómicas se puede convertir en un arma arrojadiza para el nuevo Consell, que ha incluido entre los puntos de su pacto de gobierno eliminar algunos de los principales impuestos de gestión autonómica y rebajar otros. Una medida que debe suponer un recorte de ingresos de la Generalitat Valenciana, que sigue a la cabeza de las comunidades autónomas por déficit y deuda pública. Precisamente el endeudamiento autonómico, que ya supera los 55.000 millones de euros tras haberse incrementado en 13.000 millones durante las dos legislaturas del Botànic, sitúa al futuro conseller de Hacienda ante un panorama inédito ante la continua subida de los tipos de interés en Europa que no se vivía en décadas.

Con la vista puesta en los próximos presupuestos, habrá que hacer equilibrios para cuadrar la promesa de eliminar de una tacada los impuestos de Sucesiones y Donaciones, además de Patrimonio, tal y como pretenden PP y Vox. Según las cuentas del Gobierno saliente, ambos tributos supondrán este año 615 millones de euros. La intención del nuevo Ejecutivo también es recortar la principal fuente de ingresos vía impuestos, la parte autonómica del IRPF. Aunque no se ha concretado en el acuerdo inicial, durante la campaña electoral Mazón cifró su reforma de la Renta en un ahorro para los bolsillos de los valencianos de 1.000 millones de euros.

En total, el PP cifró en 1.750 millones de euros el impacto de sus medidas, una cifra muy significativa para aplicar en un solo ejercicio. Los populares confían en que el empuje que supondrá a la economía permitirá incrementar los ingresos de otros impuestos. Pero el alza de los tipos de interés no es el único viento en contra. Después de la manga ancha de la Unión Europea, la vuelta de las medidas para controlar y garantizar la estabilidad presupuestaria también son una amenaza para un Gobierno regional que depende financieramente del oxígeno de los fondos del Estado.

Aunque el acuerdo de 50 puntos menciona el control del gasto público, lo cierto es que más allá del simbolismo de contar con dos consellerias menos y de la voluntad de reducir entidades públicas, como la Oficina de Derechos Lingüísticos del valenciano que ha anunciado Mazón, no se explicita dónde se va a aplicar la tijera. En el caso de la radiotelevisión pública, muy criticada por Vox, se habla de racionalización y “unos contenidos que reconozcan la pluralidad de la sociedad valenciana en su conjunto”, es decir, se da por hecha su continuidad.

Si se toma al pie de la letra el acuerdo, incluso su aplicación debe conllevar un aumento del gasto público, ya que, por ejemplo, se compromete a aumentar el gasto destinado a atención primaria en Sanidad e incrementar “el presupuesto sanitario al 30% del total”, con medidas como ampliar “las plazas de profesionales sanitarios” o extender el acceso a la educación libre, gratuita y universal desde los 0 años.

Garantizar las inversiones previstas

Una de las asignaturas más urgentes del nuevo Gobierno será garantizar la continuidad en la tramitación y los trabajos para la llegada de las grandes inversiones anunciadas durante los últimos meses. Aunque en la gigafactoría de Volkswagen en Sagunto, con sus 3.500 millones de euros, ya tiene luz verde administrativa y parte de las infraestructuras públicas adjudicadas, los apretados plazos que exigen los fondos Next Generation obligan a un seguimiento exhaustivo y a cerrar flecos, como la macroplanta fotovoltaica que suministrará el complejo. También queda por ver hasta qué punto es factible la llegada de Tesla a Valencia, ya que la filtración de las negociaciones en pleno cambio de Gobierno se antoja un regalo envenenado. La inversión que parece despejarse es la de la nueva terminal de MSC en el puerto de Valencia, aunque también dependerá de lo que pase en Moncloa a partir de julio, como ocurre con la financiación autonómica, la eterna cuenta pendiente con la Comunitat Valenciana.

Otra de las cuestiones en el aire es el efecto en la imagen que puede traer el cambio de Gobierno. A las puertas de una campaña turística en la que todo apunta a que se batirán récords, el nuevo Consell se ha comprometido a derogar la tasa turística para satisfacción de este sector. Pero también existe incertidumbre por lo que puede suponer la entrada de la extrema derecha en la Generalitat y su política hacia el colectivo LGTBI. Además de ser un mercado por el que han apostado destinos como Benidorm y Valencia, puede deteriorar la imagen en los países europeos, de donde vienen la mayoría de turistas extranjeros.