La esperanza de una nueva legislatura que mejore la técnica normativa
La convocatoria de elecciones ha marcado el fin de una legislatura que será difícil de olvidar desde un punto de vista legislativo por la degradación que la técnica para la elaboración de las leyes ha sufrido progresivamente. La creación de un Gobierno de bloques, en el que cada uno de ellos ha marcado sus preferencias políticas en las normas emitidas por cada uno de los ministerios incluidos en su órbita, así como el uso y el abuso de los decretos-ley han supuesto la llegada al BOE de normativas poco entendibles y con graves lagunas, que solo en algunas ocasiones se han corregido. Y no se puede obviar que una legislación confusa e incompleta hace que sea complicada su cumplimiento y barrena la seguridad jurídica de los ciudadanos, además de socavar la certeza del Derecho y la confianza de los ciudadanos no solo en las instituciones públicas, sino en el desarrollo económico y social del país.
Esta dinámica ha llevado a preguntarnos en reiteradas ocasiones por el valor de instituciones como el Consejo de Estado, el Consejo del Poder Judicial o el Consejo Económico y Social y por la ausencia de los abogados del Estado en la elaboración normativa. Esperemos que el nuevo Ejecutivo haga las cosas de otra manera. No obstante, y aunque no nos sirva de consuelo, no es nuestro país el único donde los Ejecutivos están lastrando la técnica legislativa para lograr sus objetivos más inmediatos. Buena muestra de ello es el chorreo que le han dado los eurodiputados al Consejo Europeo por guardar en el cajón de los olvidos una directiva tan importante como es la referida a la muerte civil de las sociedades fantasma, que en buena parte de ellas sirven para defraudar a las Administraciones tributarias comunitarias y eludir el pago de impuestos de las grandes empresas y para la obtención de subvenciones por empresas sin actividad efectiva alguna.
La solución la ha ofrecido el presidente ejecutivo del Consejo, el secretario de Estado español para la Unión Europea, quien ha marcado la fecha de finales de este mismo ejercicio para que se apruebe el texto que el Europarlamento aprobó hace ya seis meses por casi unanimidad. Cómo indicaron algunos de los eurodiputados, mientras que se acelera la persecución a las pequeñas y medianas empresas en todos los países comunitarios, los Gobiernos parecen no tener prisa por regular algo que está comprobado que le cuesta a la Unión Europea en torno a 60.000 millones de euros anuales.
Y la necesidad de una buena técnica legislativa la tenemos que desear también en el seno de las instituciones europeas. El borrador de la directiva MiFID III ha puesto los pelos de punta a los especialistas del sector financiero por el radical cambio de modelo de negocio que conlleva. Se hace necesario, antes de seguir adelante, constatar que ese modelo es efectivo, que se puede implantar sin que el sistema se resienta.