Adriana Delgado y Carlos Lacaci, socios de Lacaci & Delgado Abogados: “Las sanciones del confinamiento no son exigibles desde que acabó el estado de alarma”
Hace casi una década que el despacho fundado por el abogado y consultor Carlos Lacaci, al que después se unió la procesalista de trayectoria internacional Adriana Delgado, resuelve litigios y asesora en todas las ramas del Derecho. Lacaci y Delgado comparten sus análisis sobre la cicatriz que la pandemia ha dejado en el día a día judicial.
¿Qué tipo de consultas jurídicas desató el estado de alarma y el confinamiento?
Hubo áreas que se paralizaron totalmente. Todo lo que tiene que ver con el tráfico jurídico patrimonial y económico cayó en picado. No así en el ámbito procesal: delitos de desobediencia, muchos temas de familia. Prácticamente la actividad judicial se ha visto suspendida, salvo en temas muy urgentes de índole penal. La actividad ha estado, estimamos, en un 30% en el mejor de los casos.
¿Qué ha cambiado tras la desescalada?
Proliferan las relativas a arrendamientos. Había muchas dudas sobre plazos, quién pagaba la renta, sobre su condonación. También las de divorcios, casos de violencia familiar, sobre régimen de visitas. En muchos casos no ha habido criterios unánimes, y los decretos debían ser interpretados. Lo cierto es que la actividad judicial está reactivándose más rápido de lo previsto. Los funcionarios está dando la talla, pese a que la Administración de Justicia necesita más medios, algo que viene de atrás: no es por el Covid.
¿Qué problemas llegan al despacho acerca de los Ertes y los ceses de autónomos?
Uno es la tardanza en el cobro, que ha afectado a muchos trabajadores, más de los que se ha dicho. No es de recibo que a 30 de junio muchos afectados aún no hubieran cobrado. Las empresas han padecido inseguridad jurídica, han asistido a distintas actuaciones de la autoridad laboral en función del territorio de sus sucursales, no todos los expedientes se validaban como de fuerza mayor. A la Administración, al Gobierno, le ha faltado proporcionalidad y sensibilidad con los Ertes que ha dejado por el camino.
¿Cómo valoran la prohibición de despedir durante seis meses?
Se ha legislado mediante un decreto algo que contradice una norma superior: el Estatuto de los Trabajadores. Esa prohibición es una piedra en el camino de las empresas que no quieren despedir, sino sobrevivir. Pero el Gobierno no puede prohibir el despido, sería inconstitucional. El despido es libre en España, con su causa y su indemnización, así que lo que lo que hace es encarecer las indemnizaciones (de un objetivo, con 20 días por año, a improcedente, con 33 días por año), y el empresario además tiene que devolver las ayudas de la Seguridad Social, lo que en muchos casos va a suponer tener que echar el cierre definitivo. Es una medida contraproducente que no viene a salvar a la economía.
¿Se avecina un aluvión de litigios?
Sí. Y es a causa de la hipertrofia legislativa que deparó el estado de alarma, por haber querido el Gobierno regular en demasía cosas que nada tenían que ver con la contención de un problema sanitario.
¿Qué sucede ahora con las sanciones durante el confinamiento?
Hay más de un millón de propuestas de sanciones administrativas, pero lo que deben saber los afectados es que una vez concluido el estado de alarma, el pasado 21 de junio, han decaído. No se creó un proceso sancionador específico, sino una graduación de multas. Los sancionados pueden recurrir alegando el artículo 1.3 de la Ley 4/81 que tipifica el fin de la eficacia de esas sanciones.
¿Cómo afectará la pandemia en materia de buen gobierno a nuestras empresas?
Se cumplen ahora cinco años de la reforma del Código Penal que introdujo por primera vez la responsabilidad penal de las personas jurídicas y desde entonces las empresas han avanzado mucho. El descenso de la actividad en muchos sectores por el coronavirus no obsta para que haya decaído el riesgo por incumplimiento normativo en el que pueden incurrir dichas compañías. Por ello, es importante no bajar la guardia y seguir avanzando en prevención y buen gobierno, máxime cuando muchas empresas y sus trabajadores se enfrentarán a un cambio de modelo de trabajo (teletrabajo, intercambio de información utilizando vías digitales, etc.), que demandará de un mayor celo en la aplicación de tales medidas. Por todo lo anterior, pensamos que la crisis sanitaria del Covid-19, también consolidará la concienciación por parte de muchas empresas de sus políticas internas de buen gobierno, con especial cuidado por el cumplimiento normativo.