El gasto de personal marca unos presupuestos de récord

El Gobierno valenciano ha diseñado unos presupuestos autonómicos para el próximo año que incrementarán el gasto a gran escala. Las cuentas públicas valencianas para 2021 rompen los registros históricos con una cifra récord. El volumen consolidado rozará casi los 27.000 millones de euros, un 11% más, incluyendo tanto la Administración autonómica como sus empresas y entes dependientes. Pero más allá del incremento total, llama la atención el aumento generalizado. En ocho de las 12 consellerias o departamentos de la generalitat el presupuesto crece en más de dos dígitos respecto al año anterior y en otra se queda muy cerca de los dos dígitos. Unas cuentas que responden a la política keynesiana de la que presume en sus discursos el propio presidente valenciano, Ximo Puig, con una fuerte inversión pública en plena crisis sanitaria y económica.

Sin embargo, frente a las inversiones e inyecciones para evitar el parón económico, los presupuestos apoyados por los socialistas, Compromís y Unides Podem también disparan el gasto en partidas estructurales que vienen para quedarse. Ese es el caso de los gastos de personal de la Administración valenciana para el próximo año. Casi 30 de cada 100 euros que gastará la Generalitat Valenciana el próximo año se destinarán a las nóminas, que rozan los 8.000 millones en total, un 10,4% más que un año antes. En la última década el importe de esta partida en los presupuestos autonómicos ha crecido un 40,2%.

Sanidad, pero también deuda

Parte de su aumento va ligado al departamento que concentra el mayor gasto público autonómico, Sanidad. De hecho, desde la Generalitat justifican en parte la fuerte alza de la partida en personal porque algo más de la mitad del total se debe al refuerzo del personal sanitario y la mejora de su retribución. La pandemia ya disparó el gasto extraordinario en este ejercicio, con más de 1.000 millones de fondos extra, y lógicamente las cuentas autonómicas para el próximo año contemplan un esfuerzo adicional para hacer frente a la emergencia sanitaria. La Conselleria que dirige Ana Barceló es la que recoge un mayor incremento en cifra, hasta 7.727 millones, aunque su crecimiento del 10,4% no es el mayor en términos porcentuales.

Por detrás de ella como departamento que generará más gasto el próximo año se situará el pago de la deuda autonómica, con cerca de 6.900 millones. Se trata de un lastre que se ha convertido en estructural y que supone ya más de una cuarta parte del presupuesto de la Administración valenciana. Una pesada mochila que sin un compromiso claro sobre el nuevo modelo de financiación autonómica y con la incertidumbre económica generada por el coronavirus parece destinado a seguir engordando.

De hecho, por el lado de los ingresos los presupuestos valencianos de 2021 vuelven a incrementar el recurso al endeudamiento el próximo año para capear la previsible caída de ingresos tributarios por la menor actividad económica. El Consell espera obtener 7.800 millones de deuda, un 28% más que lo previsto para emitir este ejercicio. Casi la totalidad de esa financiación para cubrir gastos procederá del Estado, a través de instrumentos como el Fondo de Liquidez Autonómico (FLA).

Según los últimos datos del Banco de España, la deuda autonómica de la Comunidad Valenciana ya roza los 50.000 millones de euros, la más alta en relación al PIB de todas las autonomías. Un mal endémico que amenaza con prolongarse y mantenerse como una sangría para las cuentas públicas. Desde el Gobierno valenciano se fía su solución a un acuerdo con el Estado que reconozca y asuma la deuda histórica por la infrafinanciación. Una Administración Central que es el principal acreedor de la autonomía.

Además, como en años anteriores el Gobierno valenciano incluye en las previsiones de ingresos una partida bautizada como “reivindicativa”: 1.336 millones de euros que estima que es lo que debería ingresar de más por el cambio de financiación autonómica. Sin embargo, no existe ningún compromiso para recibir esos fondos y de hecho en los ejercicios anteriores nunca se han ingresado. En la práctica, buena parte de esa partida será cubierta con deuda o extraordinarios que Ximo Puig logre arañar al Gobierno de Pedro Sánchez.

Precisamente del Ejecutivo central proceden también la mayoría de ingresos al margen de la deuda con los que el Botànic espera cuadrar sus cuentas para hacer frente a la caída de los impuestos directos. La Comunidad Valenciana prevé recibir 13.811 millones de euros provenientes del Estado, alrededor de un 4% más que en 2020 y un 28% por encima de 2019.

En el caso de los tributos, el proyecto prevé que el impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados registre una caída del 27,5%, hasta 1.072 millones, por el freno del mercado inmobiliario. Por su parte, en el Impuesto de Patrimonio el recorte será del 7,11% respeto a 2020. La Generalitat basa estas previsiones en un cuadro macroeconómico que contempla un desplome del PIB autonómico del 13,2% en 2020 y una recuperación del 7,9% para el próximo año, en que la tasa de paro se situará en el 16,8%.

La inyección a las empresas

Entre las consellerias que registran subidas porcentuales más destacadas respecto al ejercicio anterior sobresale la de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo. Entre la Administración y sus entidades dependientes su presupuesto alcanza los 795 millones, 118 millones más que en 2020. La partida a la que se destinarán más fondos es a la de fomento del empleo, formación y trabajo, con un total de 439,2 millones, y que experimenta un incremento del 22%. Dentro de ella, los programas para formación y cualificación profesional cuentan con 168 millones y un incremento del 17%.

En el caso del apoyo a la industria, tendrá una dotación de 194,4 millones, un 12,9% más que en 2020. Entre las actuaciones que se financiarán, se encuentra la cuarta fase de implantación del Plan Estratégico de la Industria valenciana (PEIV), con una dotación de 42.8 millones, el plan de acción para la promoción de la seguridad industrial o las ayudas directas a las entidades de gestión de las áreas y polígonos industriales.

En cuanto a las ayudas a innovación empresarial, a través del Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial (Ivace) gestionará más de 167 millones, un 11% más. Una parte de esos fondos se destinará a los institutos tecnológicos, que contarán con un incremento de 3 millones hasta llegar a 50,9 millones en 2021.

Para uno de los grandes afectados por el cierre por el confinamiento y las limitaciones, el comercio, se destinarán 45,8 millones de euros, aunque la realidad es que de esa cifra casi la mitad, 21,1 millones, no irán a pymes, sino que ya están reservadas para pagar la factura financiera de las ampliaciones de Feria Valencia y la Institución Ferial Alicantina (IFA).

El turismo es sin duda uno de los motores económicos valencianos más golpeados por la crisis del Covid-19 y la Generalitat, a través de Presidencia, destinará al sector 106,2 millones de euros, un 21% más que el año anterior. Otro de los departamentos que incrementa sus fondos es el de Hacienda, de los que el 47% irán a parar al Instituto Valenciano de Finanzas (IVF). Este organismo contará con 178 millones en 2021 para dotar sus instrumentos financieros a empresas.

Subida de impuestos y pactos

A la espera de que se cierre la tramitación parlamentaria que en principio se prolongará hasta diciembre, aún es posible algunas modificaciones en las partidas. Aunque los presupuestos tienen el respaldo de los tres grupos parlamentarios que apoyan al Gobierno de Ximo Puig y por tanto de la mayoría necesaria, siempre suelen quedar algunos flecos pendientes. Por un lado, los tres socios del Botànic, PSPV, Compromís y Unides Podem suelen apurar los plazos para poder atribuirse pequeñas victorias en sus reivindicaciones. Este año, además, se suma la voluntad del presidente Ximo Puig de atraer a Ciudadanos para que vote a favor de las cuentas autonómicas. Un acercamiento que el líder de Ciudadanos, Toni Cantó, ha posibilitado, pero que en caso de acuerdo final le supondría dar marcha atrás en la línea roja que había planteado: que no se recogiesen subidas de impuestos.

Precisamente la Ley de Acompañamiento sí que fija la creación de dos nuevos tramos para las rentas altas del IRPF -a partir de 140.000 euros- y una subida de Patrimonio para las grandes fortunas, además de gravar a los grandes tenedores de viviendas vacías. Más allá de sumar a Ciudadanos o lograr su abstención, de momento esa estrategia ya ha abierto algunas heridas entre los socios de Gobierno, como demostró la guerra entre la vicepresidenta Mónica Oltra y la Conselleria de Hacienda por 21 millones de diferencia en las cuentas.