Las pensiones deben caer un 2,47% en 2021 para sobrevivir
Según los cálculos de la Universidad de Valencia sobre el IRP, sin el límite mínimo del 0,25% que aplica por ley, obligaría a reducir el gasto en pagas de jubilación casi un 3% para garantizar la sostenibilidad financiera del Sistema público
La sostenibilidad del sistema público de pensiones es un tema que lleva en la palestra durante los últimos años. En el año 2013, el Gobierno de Mariano Rajoy, creo el IRP, el Índice de Revalorización de las Pensiones, lo que supuso un cambio significativo que modificaba totalmente el modelo de las pensiones públicas en España, haciéndolo depender de las variables que realmente afectan al sistema y no solo del Índice de Precios al Consumo (IPC), como sucedía antes de su implantación.
El objetivo era que este mecanismo garantizara el equilibrio financiero del sistema de pensiones estatal. En la práctica, nunca se llegó a utilizar pues el Ejecutivo de Rajoy fijó una subida mínima del 0,25%, cada año. La aplicación del IRP sin topes permitiría ajustar los gastos a los ingresos del sistema paulatinamente y poder así garantizar la supervivencia de nuestro sistema actual de pensiones, a cambio de no garantizar el mantenimiento del poder adquisitivo, si bien también podría suponer una mejora de este. Siendo esto algo muy relevante, no lo es menos la información que proporciona su valor teórico, porque nos indica cuál es la salud financiera del sistema de pensiones, corregida por el ciclo económico, con las obligaciones de gasto y la dotación de ingresos asignados en ese momento. En el caso de España se encuentra en mal momento debido a la curva de población de nuestro país.
Con esta proyección, el IRP adelantado para el año 2021 se sitúa en el -2,47%, empeorando el de 2020, del -1,65%. Esto indica una peor situación financiera del sistema de pensiones español, rompiendo la tendencia de los dos años anteriores. Los efectos económicos que ya hemos empezado a ver asociados a la Covid-19 ahondarán el deterioro.
Dado que el IRP no está todavía derogado, solo aplazado, es relevante plantearse posibles reformas en su aplicación o sistemas alternativos de revalorización que tengan en cuenta el IPC. En este sentido, se podría seguir calculando el IRP como indicador de referencia y luego establecer límites mínimos y máximos en su aplicación vinculados al IPC, por ejemplo, un intervalo IPC más/menos un diferencial que evite la senda exponencial de gasto.