El gran consumo alerta: los fondos Next Generation no están llegando

Los directivos de las compañías de alimentación españolas denuncian que no están recibiendo los fondos de recuperación de la UE para paliar los efectos del covid, que no resultan accesibles para la mayoría de las pymes, y que solo serán útiles si se gestionan con transparencia y agilidad.

La llegada al sector del gran consumo de los fondos Next Generation, que la UE destina a sus estados miembros para paliar los efectos del covid, y cuya cuantía para España es de unos 140.000 euros, es una de las principales inquietudes para los directivos españoles del sector del gran consumo. De hecho, el 33% de ellos, según la encuesta que realizó Aecoc, la principal asociación de gran consumo, durante su 37 Congreso, celebrado a finales de octubre en Santiago de Compostela, denuncian que el sector no los está recibiendo.

Otro 13% cree que no van a contribuir a la competitividad de las empresas, sobre todo porque aseguran, “no resultan accesibles para la mayoría de las pymes”, mientras que para un 35% de los consultados los fondos europeos son útiles “siempre y cuando se gestionen con transparencia y agilidad”. Para dos de cada tres directivos, “son útiles si se destinan a proyectos sólidos y con capacidad de cambio”.

La encuesta La Voz del Gran Consumo, realizada entre más de 1.000 directivos del sector, indica que el incremento de costes de las materias primas, la energía y los diferentes insumos de los productos del gran consumo seguirá siendo el factor que más impactará en la cuenta de resultados de las empresas en 2023. Así lo afirmaron siete de cada tres directivos preguntados. Además, para uno de cada diez la presión regulatoria por parte de la Administración es el factor que más puede impactar en su negocio.

La encuesta también refleja la preocupación de las compañías sobre la evolución del consumo. Así, el 44% de los directivos indica que les preocupan los cambios que se puedan producir en el consumo por la caída en la renta disponible de los hogares, mientras que el 26% teme la pérdida de poder adquisitivo de la clase media que está generando la inflación.

En relación a las medidas adoptadas por las empresas para combatir el efecto de la inflación, cuatro de cada diez directivos afirman que, como medida principal, ha intensificado sus planes de eficiencia interna y ahorro; un 37% que está absorbiendo parte de los costes extras y reduciendo sus márgenes, y un 18% que está adecuando su catálogo de productos, marcas y precios a las necesidades del consumidor.

La encuesta también refleja que los directivos del gran consumo reclaman a las administraciones medidas para minimizar el impacto de la inflación sobre el consumo. En este sentido, en la clausura del congreso el presidente de Aecoc, Ignacio González, insistió en la necesidad de que el Gobierno aplique medidas como la reducción temporal del IVA de los alimentos, la deflactación del IRPF, el aplazamiento de medidas legislativas que generan sobrecostes y el incremento de las ayudas para contener los precios de la energía y el transporte.

En relación a las previsiones para el cierre de año, el 44% de los directivos son optimistas a pesar del contexto actual. Sin embargo, un 34% espera empeorar resultados respecto a 2021 y un 13% prevé un cierre de año plano. A pesar de las dificultades, el 41% tienen previsto mantener sus planes de inversiones para 2023, y un 34% los condiciona a la evolución del escenario. La encuesta también revela que el 29% de los directivos señalan el marco regulatorio como el principal freno a la competitividad de las empresas y una de las principales razones por las que España mantiene una tasa de desempleo que duplica la media europea.

Proliferación de normas

Además de la reducción del IVA y la deflactación del IRPF, el presidente de Aecoc pide que el Gobierno aplace aquellos impuestos que exijan grandes inversiones y dar seguridad jurídica a las compañías. “Hay una proliferación normativa que genera inseguridad y frena la inversión. Necesitamos escenarios más largoplacistas y que eviten la duplicidad de normativas entre Comunidades Autónomas. No podemos seguir caminado sobre arenas movedizas”. González denuncia que la aprobación de normativas impacta en las empresas y “agravan el incremento de costes”. Entre estas medidas, cita las 30 regulaciones aprobadas este año en España que exigen inversiones millonarias, como el Real Decreto de Envases o el impuesto al plástico. “No se está apoyando al sector”, asevera.