Los alimentos suben un 22% en el campo antes de llegar a los súper

El coste de la energía, la crisis del petróleo, la guerra de Ucrania y el crecimiento constante de la inflación han hecho que los productos más básicos se encarezcan cada vez más. Los alimentos continúan disparados al mayor nivel desde enero de 1994 y anotaron en noviembre un alza del 15,3%. Así, si se comparan los datos del mes pasado con los de 2021, el mayor aumento de precio se aprecia en los aceites (55,9%), el azúcar (50,2%), las harinas y otros cereales (37,6%) y la mantequilla (37,5%). Al comparar los datos entre noviembre y octubre se aprecia el mayor encarecimiento en el aceite de oliva (9%), seguido del azúcar (5,7%). Legumbres y hortalizas se anotaron la mayor caída de los precios (-8,3%).

El presidente de Aecoc, Ignacio González, insiste sin embargo en que “el sector no es el culpable de la inflación sino una víctima más”. Y los datos le dan la razón. Porque frente a la subida de los precios de la comida en el supermercado, de media los alimentos se han encarecido entre noviembre de 2021 y en el mismo mes de este año un 21,8%, según los datos del Índice de Precios en Origen y Destino de los Alimentos (Ipod) que elabora el sindicato agrario Coag. Esto a su vez ha tenido repercusiones en la industria, que ha sufrido también un encarecimiento de los costes del transporte y energéticos, y que pese a eso ha subido sus precios por encima ligeramente del 20%, de acuerdo con los datos del IPRI (Índice de Precios Industriales), obligando también a los supermercados a elevar sus precios para poder afrontar los costes y seguir siendo rentables.

Las patatas, a la cabeza

Dentro de la lista de 33 productos, los que más han incrementado sus precios en el origen son las patatas, en un 106,25%. Se trata de un producto que el año pasado valía 0,16 euros por kilo y que ahora está a 0,33 euros. En este ranking de los más encarecidos están los limones, pasando de tener un valor de 0,25 euros a doblar su precio en noviembre de 2022 y situarse en 0,45 euros. Con una variación similar están la cebolla (68,75%), el plátano (68,18%) y la naranja (60%). Asimismo, si se tienen en cuenta los precios de destino el producto que más se ha encarecido son los huevos. Este producto en noviembre del año pasado tenía un precio de 1,41 euros y justo un año después su valor ha aumentado un 49,6% hasta los 2,11 euros. Algo similar ocurre con el pimiento verde. En este caso su precio se ha incrementado un 47,2%, ya que en noviembre de 2021 estaba a 2,22 euros el kilo y ahora su valor es de 2,84 euros.

No obstante, también se debe destacar que hay productos que han reducido su precio tanto en origen como en destino. Este es el caso, sobre todo, de las frutas. Por ejemplo, el precio en origen de la manzana ha decrecido un 4,55% y en destino casi un 12%, de acuerdo con los datos del Ipod. También le ocurre lo mismo a la pera, cuyo precio de origen se ha devaluado un 7,41% y en destino incluso más. En concreto un 15,9%.

Las subidas de los precios de la alimentación se debe, a parte de la fuerte subida de los costes, a la existencia de múltiples intermediarios a lo largo de la cadena. Y ahí, uno de los grandes beneficiados es Estado y no los supermercados. A lo largo de toda la cadena de producción y distribución hay aproximadamente una docena de impuestos, como el IVA, el impuesto a los fertilizantes, el impuesto a los hidrocarburos o el impuesto sobre las grandes superficies (solo en Cataluña, Aragón, Asturias y Navarra).

Todo esto hace que el precio final del producto se eleve y acabe perjudicando al consumidor. Las Administraciones Públicas han acelerado, además, la espiral de costes en el sector del comercio en plena crisis energética y con los precios de los alimentos subiendo sin freno. Y todo mientras que la vicepresidenta del Gobierno, Yolanda Díaz, plantea primero topar los precios de la comida y luego aprobar un impuesto del 33% a la distribución, amenazando incluso con prohibir el reparto de dividendos a quien no lo haga. En el último año, las empresas se han visto afectadas en total por más de una treintena de medidas que, según denuncian, encarecen sus costes por distintas vías: más impuestos y cotizaciones, nuevas obligaciones para el ejercicio de su actividad, importantes requerimientos de inversión para adaptar su negocio a la nueva regulación y altos costes de transacción ocasionados por la complejidad y fragmentación de las normas y la ruptura del mercado único.

Nuevo impuesto a los envases

Al margen de un aumento de las cotizaciones sociales que pagan las empresas, en términos tributarios se ha puesto en marcha un nuevo impuesto a los envases de plásticos de un solo uso, que entra en vigor el próximo 1 de enero; hay un endurecimiento de la fiscalizad de los sistemas de refrigeración, con una modificación del impuesto de gases fluorados, que no se aplica en la mayor parte de la Unión Europea y que supondrá un encarecimiento de entre el 5% y el 10%, según han denunciado las principales asociaciones del sector; y un aumento además del IVA para las bebidas azucaradas y edulcoradas, que pasan de tributar al 10% a hacerlo al 21% y que se une al impuesto sobre las mismas que ya existía en Cataluña.

Entre las medidas que encarecen la actividad con la introducción de nuevos costes, hay que destacar, por ejemplo, los ambiciosos objetivos de reducción del consumo de determinados envases de un solo uso, a lo que añade la falta de claridad sobre los productos afectados; la introducción obligatoria del SDDR, el Sistema de Depósito, Devolución y Retorno de envases; los nuevos requisitos de etiquetado que se están impulsando, con el uso en los mismos de las lenguas cooficiales, la prohibición para los transportistas de descarga de mercancías de más de 7,5 toneladas o las nuevas sanciones por el desperdicio.

Pero es que las empresas deberán asumir además costes añadidos por la obligación de llevar a cabo distintas inversiones en todo tipo de ámbitos. Se trata, por ejemplo, de los nuevos requisitos para la instalación de placas de energía solar fotovoltaica en algunas comunidades autónomas; la obligación de instalar puntos de recarga para vehículos eléctricos en los aparcamientos, que se adelante dos años a la directiva europea e impone un plazo de aplicación, requerimientos técnicos y costes financieros “muy difíciles de aplicar”, según el sector; y la reserva obligatoria del 20% del espacio comercial para alimentación a granel o envases reutilizables, a partir de 2023 para tiendas de más de 400 metros cuadrados. En el sector denuncian que en España se está avanzando “más rápido y con mayor carga regulatoria que la recogida en las propias directivas europeas en cuestiones como cadenas de valor, etiquetados, economía circular, plásticos, residuos o transición energética”.