Las concesiones sanitarias frente al punto de no retorno
La Generalitat ya ha anunciado a dos de las tres últimas concesionarias de hospitales públicos el fin del contrato, aunque las elecciones marcarán esa decisión política.
En menos de un año cuatro de los cinco departamentos de salud cuya gestión ha estado en manos de empresas privadas en la Comunidad Valenciana ya estarán integrados en la estructura de la Conselleria de Sanidad si los actuales socios del Botànic logran mantenerse en el poder tras las elecciones autonómicas que se celebran este 28 de mayo. El Gobierno de coalición de izquierdas ya ha comunicado al grupo sanitario Ribera su intención de poner fin en enero de 2024 a la concesión del Hospital de la Marina en Denia y su área de salud en Alicante por la finalización del contrato. También este mismo mes ha anunciado a Sanitas que hará lo propio con el centro hospitalario de Manises y su departamento de salud en el área metropolitana de Valencia, que vence en mayo de 2024.
Antes de ellos, la Generalitat presidida por Ximo Puig y con Compromís y Podemos como socios ya puso fin a las concesiones de los hospitales de Alzira -el que llegó a dar nombre a este modelo concesional- y el de Torrevieja, ambos en manos de Ribera. Además, el grupo valenciano que tiene como principal accionista al grupo Vivalto Santé y nació precisamente con la creación de ese sistema de colaboración público-privada, mantiene el hospital de Elche Vinalopó, que de seguir todo igual será el último reducto de la gestión privada de hospitales hasta junio de 2025.
Más allá de las diferencias ideológicas y políticas, está claro que las concesiones sanitarias suponen un menor coste económico para el presupuesto público. El informe de la Sindicatura de Cuentas sobre los departamentos de salud de Manises y Torrevieja así lo dejaba claro, al incluir en sus conclusiones que estos centros tenían mejores ratios de atención, más inversión y menos coste para las arcas públicas que los departamentos de gestión pública directa.
En el caso concreto de Torrevieja, apuntaba que “supone un ahorro del gasto corriente público en torno a 45 millones de euros anuales, lo que implica un 30% de ahorro sobre el gasto medio de hospitales de gestión pública”, según la auditoría de la Sindicatura para el periodo 2003-2016. “Al evaluar conjuntamente el principio de economía y el principio de eficacia, podemos concluir que Torrevieja es uno de los departamentos de salud más eficientes”, apuntaba.
Un informe más reciente de la Sindicatura, la Auditoría operativa de la gestión del personal sanitario de 2026 a 2019, también recoge esa mayor eficiencia. “Se aprecia una diferencia significativa en la actividad quirúrgica en los hospitales gestionados mediante concesión, que en el periodo 2016-2019 realizaron el 39,4% de las operaciones en turno de tarde o de noche, frente al 28,6% en los hospitales de gestión pública, siendo también significativa la demora estructural entre unos y otros (95 días de media en el periodo 2016-2019 en los hospitales de gestión pública y 57 días en los hospitales de concesión administrativa)”, recoge ese análisis.
Los procesos de reversión en Alzira y Torrevieja han generado continuos roces con la plantilla por las fórmulas para incorporarlos a la estructura pública y un notable aumento del número de personal (más de un 38% en el caso de Alzira), con los ajustes que eso supone también en la calidad de la atención.