Los deberes de los empresarios al próximo Gobierno de la Generalitat

A poco más de dos meses de las próximas elecciones autonómicas y municipales, Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV) ha confeccionado el que se podría calificar como su propio programa electoral en el que fija las que considera las principales reivindicaciones que debe asumir el próximo Gobierno de la Generalitat Valenciana. Un trabajo elaborado por 23 comisiones sectoriales en las que han participado cerca de mil empresarios valencianos y que se recoge en un documento titulado Prioridades y propuestas empresariales por el progreso económico y social de la Comunitat Valenciana, que se presentará a las fuerzas políticas que concurren a los comicios del 28 de mayo.

Una vez más y como en las últimas tres legislaturas anteriores, a la cabeza de los temas fundamentales para los empresarios valencianos vuelve a situarse la reforma de la financiación autonómica “para que la Comunitat Valenciana tenga la financiación que le corresponde por población”, además de la exigencia al Gobierno central de condonar la deuda generada por los años de infrafinanciación. Y es que a pesar de que el consenso por esta reclamación es consensuado en los partidos políticos en Valencia, la reforma del modelo sigue atascada y sin avances por parte de los grandes partidos nacionales, más allá de las buenas palabras. Para la CEV sigue siendo la cuestión esencial, pese a que el Gobierno autonómico no tiene competencias sobre esta materia y esa reforma depende de un gran acuerdo político estatal que sigue sin fecha. El propio presidente de CEV valoró como algo que “afea” la política valenciana “la dependencia de Madrid” en los grandes partidos a la hora de defender los intereses locales. “Ojalá tuviéramos como Cataluña, País Vasco o Canarias un partido que fuera referencia de la Comunitat Valenciana”, aseguró,

Tras ocho años de Gobierno de coalición de izquierdas encabezado por el socialista XImo Puig, de los que el propio presidente de CEV destacó los acuerdos conseguidos en materia laboral o en la emergencia sanitaria del Covid, en la lista de reivindicaciones empresariales también figuran varios asuntos espinosos que enfrentan claramente a la patronal con las medidas puestas en marcha por el Botànic. La principal es la fiscalidad, un continuo caballo de batalla, especialmente con los socios de Compromís y Podemos en el Consell. De hecho, los empresarios piden directamente que el nuevo Gobierno suprima parte de las medidas puestas en marcha por la coalición. Así, como una de sus prioridades estrella insta a “retrasar o eliminar la entrada en vigor de nuevos tributos, ya aprobados, que lastran la competitividad del tejido productivo tanto dentro como fuera del país y aligerar la carga fiscal de los agentes económicos llamados a generar actividad y empleo”.

No sólo eso. En el listado de esos 25 puntos concretos que reclama se incluye explícitamente “derogar la tasa turística, al tratarse de una medida fiscal injusta, contraria al desarrollo del sector y totalmente inoportuna dada la situación socioeconómica”. El gravamen a los visitantes ha sido una de las grandes banderas electorales de Compromís y Podemos toda esta legislatura, y pese a que su aplicación final ha quedado descafeinada al quedar en manos de los ayuntamientos ha provocado un fuerte malestar en uno de los grandes motores económicos regionales, que supone más del 15% del PIB.

El documento también incluye entre sus propuestas “equiparar la carga tributaria a la de otras zonas y regiones, como mínimo, dentro de nuestro país”, una petición que choca frontalmente con la la batalla fiscal entablada entre el propio Ximo Puig y otras autonomías gobernadas por el PP, como Madrid, Andalucía o Murcia, que han optado por rebajas en los impuestos que son de su competencia. De hecho, la CEV insiste en su vieja reclamación de “eliminar el Impuesto sobre el Patrimonio” al Gobierno estatal, porque considera que penaliza el ahorro y la inversión. En el ámbito autonómico, pide que si sigue en vigor se bonifique el 100% de la cuota íntegra de ese impuesto.

Otro punto de fricción que reflejan las prioridades empresariales es el que tiene que ver con la política de reversiones del Botánic de las concesiones públicas a empresas privadas. La CEV considera que el futuro Ejecutivo valenciano debe “impulsar y promover la colaboración público-privada (CPP) como fórmula para garantizar a la ciudadanía la prestación de servicios públicos, profesionales y de calidad, a través de empresas privadas”. En los últimos ocho años la coalición de izquierdas ha actuado en la dirección contraria, desmantelando algunos de los grandes servicios concesionales gestionados por empresas. El más sonado es el caso de la Sanidad, con la reversión de los departamentos de salud de los hospitales de Alzira (Valencia) y Torrevieja (Alicante). Además, la Generalitat con el actual Gobierno ha iniciado la tramitación para asumir el departamento y el hospital de Denia, que vence en algo menos de un año. Una reintegración que tiene un elevado coste a las arcas autonómicas.

Además, a unas semanas de las elecciones la Generalitat también ha puesto fin a las concesiones de la Inspección Técnica de Vehículos (ITV), tras 25 años en manos de nueve empresas. Una actividad que ha pasado a estar en manos de una nueva empresa pública.

Los empresarios también exigen una “defensa activa del trasvase Tajo-Segura y ejecución de infraestructuras estratégicas y prioritarias” en materia de agua. En infraestructuras, además de pedir agilizar las obras de los Corredores Mediterráneo y Cantábrico Mediterráneo, además de impulsar los puertos valencianos, desde la CEV reclaman crear un Observatorio de la planificación y estado de desarrollo y ejecución de las infraestructuras en todo el territorio autonómico.