Las ayudas al azulejo prometidas por Puig se quedan en préstamos

Una de las grandes promesas del presidente de la Generalitat, Ximo Puig, al sector cerámico de Castellón ha chocado de bruces con la realidad. La línea de 50 millones de euros de ayudas directas destinadas a las empresas del sector y que el propio Puig anunció en noviembre pasado no se hará realidad. En su lugar, la Generalitat ofrecerá a las azulejeras y esmalteras la opción de más préstamos bonificados, ante la imposibilidad de poder aprobar unas ayudas públicas en cuyas condiciones se incumpliesen las exigencias legales actualmente en vigor, como no superar el plazo medio de pago a proveedores de los 60 días establecido en la normativa.

Finalmente, a través del Instituto Valenciano de Finanzas (IVF) se pondrá en marcha una nueva línea de créditos dotada con 100 millones de euros dirigida a las empresas del sector cerámico y gasointensivo, con bonificaciones de hasta un 10% y un tipo de interés fijo del 3%. La Generalitat costeará un tramo del capital concedido, que será del 5% en el caso de financiar capital circulante y del 10% en préstamos destinados a la inversión. El presidente valenciano ya había incluido en su anuncio de noviembre otros 50 millones de euros del presupuesto para préstamos.

Inicialmente estas ayudas directas se habían concebido para destinar hasta 5.000 euros por trabajador a las empresas para paliar los efectos de la fuerte subida de los precios del gas sobre el mayor motor económico e industrial de la provincia de Castellón. Una iniciativa que finalmente se ha quedado en papel mojado, pese a la reivindicación de Puig de que se haga una excepción a la ley con el sector cerámico. Algo que el Gobierno de Pedro Sánchez ha rechazado ya que supondría modificar una norma aprobado por el Congreso de los Diputados con el respaldo de otros partidos.

Precisamente con esas ayudas el presidente valenciano intentaba hacer frente a las críticas de la patronal y de las empresas del sector, que consideraban insuficientes las medidas del Gobierno español. Especialmente frente a las ayudas aprobadas por otros países europeos, como Italia, el principal competidor de los fabricantes españoles. Unas medidas que consideran que han sido uno de los motivos de los primeros cierres de empresas y despidos en el sector en los últimos meses tras la fuerte subida de su coste energético.