Ayudas para todo, ¿un atajo fácil?
La Generalitat Valenciana se ha acostumbrado desde la pandemia a multiplicar las ayudas públicas destinadas a todo tipo de colectivos y sectores. Unas medidas que reportan un gran rédito mediático al presidente valenciano Ximo Puig pero, que también plantean serias dudas a juzgar por los resultados de algunas de esas grandes medidas estrella. Su último anuncio ha sido el de un acuerdo con las empresas de la distribución para rebajar la cesta de la compra justo antes de las elecciones. Una medida que pese a su escenificación para la foto con las patronales del sector tiene más de decisión unilateral que asume el Gobierno autonómico, que es quien se gastará todo el dinero destinado a unos bonos de 90 euros para familias con menos de 21.000 euros anuales en un formato que recuerda las tarjetas regalo comerciales.
Una iniciativa que se une a otras puestas en marcha en estos meses, como la gratuidad del transporte público para los menores de 30 años, la suspensión del canon de saneamiento de la factura del agua o el popular bono viaje que se ha convertido en un auténtico best-seller por su alta demanda.
Sin embargo, después de los anuncios y de la siempre difícil búsqueda de fondos en el presupuesto, llega lo realmente difícil de las ayudas públicas: conseguir que sean realmente eficaces. Y para eso más que los altavoces, es necesaria la gestión. Un ejemplo ha sido el resultado final de los planes estrella de ayudas a empresas y autónomos por el Covid, bautizados como ResistirPlus. Después de llenar discursos y titulares con esas subvenciones destinadas a autónomos y empresas golpeadas por la crisis, de los 647 millones de euros presupuestados para impulsar a los afectados finalmente menos de la mitad llegó a quienes lo solicitaron: sólo se asignaron 316,4 millones de euros, el 48,8% del dinero prometido.
El presidente valenciano también lleva prometiendo a la industria azulejera de Castellón ayudas directas desde hace meses, tras un largo pulso con el Gobierno central para intentar recabar incentivos como los que reciben sus competidores italianos frente al alza de sus costes productivos por el desorbitado precio del gas. El Gobierno valenciano ha tenido que transformar los 50 millones de euros que había previsto en sus presupuestos anuales para esas subvenciones en préstamos bonificados, ante la imposibilidad de que las ayudas fueran factibles. Y es que para poder conceder esas ayudas a las azulejeras y otras empresas gasintesivas ahogadas por las facturas del gas, las compañías beneficiarias tienen que acreditar cumplir legalmente con el periodo de pago. Una condición que hace imposible que la mayoría de las compañías del sector puedan acceder a ellas. La alternativa de más créditos se ha convertido en un mal menor para un sector donde ya se han producido cierres y despidos.