Un ‘Consell’ que llega con la urgencia de bajar los impuestos

Después de ocho años de Gobierno del Botànic el Partido Popular ha recuperado la presidencia de la Generalitat Valenciana, aunque tendrá que experimentar en sus propias carnes los inconvenientes de depender de un socio, el partido de extrema derecha Vox. El nuevo Consell elegido por Carlos Mazón tiene como primera gran asignatura afrontar la que ha sido su promesa electoral estelar: una fuerte rebaja de la presión fiscal en la Comunitat Valenciana. El propio presidente valenciano ya anunció en la primera reunión del nuevo Gobierno que ha puesto en marcha la supresión del Impuesto de Sucesiones y Donaciones.

Para hacer el encaje de bolillos necesario, Mazón ha sorprendido con la elección de la persona que tomará los mandos de Hacienda y el control de las arcas autonómicas y de los presupuestos. El nuevo presidente valenciano ha apostado por Ruth Merino, que hasta el mes de enero pasado era la portavoz de Ciudadanos en Les Corts Valencianes. La castellonense será la primera mujer consellera de Hacienda en la historia de la Generalitat y, además, será la portavoz de un Ejecutivo que tendrá que rendir cuentas de las políticas del PP y de las de Vox.

Merino, que tuvo la papeleta de sustituir a Toni Cantó en el parlamento valenciano tras su espantada al PP de Madrid, reúne un perfil completamente distinto al del actor que protagonizó series como Siete Vidas. En su trayectoria política presume de ser liberal, y destaca más por lo económico y técnico, algo derivado de su formación profesional como técnica de la Agencia Tributaria. “Me gusta todo lo que suponga reducir el tamaño del Estado y dar más libertad a las personas”, llegó a asegurar hace unos meses. Pese a estar muy lejos del tirón de popularidad de su predecesor, Mazón no dudó en ficharla e incorporarla a su equipo para el programa económico del PP valenciano, sin estar afiliada y apenas un mes después de su renuncia y dimisión en Cs. Una jugada con la que el alicantino busca ganar una imagen de centro y moderada.

La nueva consellera de Hacienda tiene como asunto más urgente tramitar la supresión del Impuesto de Sucesiones y Donaciones, que el propio Mazón ya ha dicho que se aplicará con fecha desde el 28 de mayo en que se celebraron las elecciones que le llevaron al Palau de la Generalitat. Pero no es la única modificación tributaria que debe afrontar. La anunciada rebaja de Mazón, con la que busca diferenciarse de lo que calificaba como “infierno fiscal” del anterior Gobierno de izquierdas, también contempla eliminar el impuesto de Patrimonio y una profunda reforma del IRPF. Toda una odisea técnica para el nuevo equipo de la consellera.

Una tarea que además tendrá que compartir con la elaboración de los nuevos presupuestos para 2024, una labor en la que tiene mucho que decir sus nuevos compañeros del Gobierno valenciano. El Consell de Mazón tendrá el reto de compensar la pérdida de ingresos que supone el recorte fiscal para las arcas autonómicas. En el caso de la eliminación del Impuesto de Sucesiones y Donaciones y de Patrimonio, los propios presupuestos valencianos de 2023 preveían unos ingresos de casi 400 millones de euros. Una cifra en principio asequible de absorber para unas cuentas que superan los 30.000 millones de euros anuales, incluyendo las empresas y entidades públicas.

Sin embargo, en las arcas autonómicas tendrá más impacto la reforma del IRPF incluida en el programa electoral de los populares, que contempla modificar y reducir los tramos actuales. El propio PP cifraba en más de 1.000 millones de euros sus efectos, el grueso de los 1.750 millones de euros anuales que en su día anunciaron que se quedarán en los bolsillos de los valencianos.

El nuevo Ejecutivo de Mazón tiene que llevar adelante esta rebaja fiscal en la comunidad autónoma española más endeudada en relación al PIB, con un volumen que supera los 55.000 millones de euros. Con los tipos de interés al alza todo apunta que el Consell tendrá que destinar más dinero a gasto financiero. A ello se suma más incertidumbre sobre la gobernabilidad en España tras las últimas elecciones generales, lo que tampoco parece que vaya a despejar la falta de recursos de la Administración valenciana, que lleva años reclamando el cambio de un modelo de financiación autonómica caducado y que le perjudica. Y tampoco da mucho margen el hecho de que Europa esté retomando los límites para cumplir con la estabilidad presupuestaria.

Para hacer frente a este reto, Mazón ha optado por designar en su Gobierno a perfiles ligados al PP con experiencia en la Adminsitración, como la nueva vicepresidenta segunda y responsable de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda, Susana Camarero, que fue secretaria de Estado de Igualdad en el Gobierno de Rajoy y ha participado en buena parte de los grandes acuerdos vinculados a los derechos de la mujer en España en los últimos años. Otros viejos conocidos con perfil técnico durante la época en que los populares gobernaron en la región son José Antonio Rovira en Educación y Marciano Gómez en Sanidad. Para la nueva macroconselleria de Medio Ambiente, Agua, Infraestructuras y Territorio Mazón ha elegido a la concejala de Castellón Salomé Pradas, que también fue directora general de Medio Natural entre 2014 y 2015.

La incorporación de la exsecretaria de la patronal hotelera Hosbec, Nuria Montes, como consellera de Innovación, Industria, Turismo y Comercio ha sido otra sorpresa. Procedente del mundo empresarial , conoce de primera mano un sector que se convirtió en ariete contra las políticas del Botànic por su rechazo de la tasa turística que Mazón derogará.

La gran incógnita sigue siendo el papel de Vox y hasta que punto tendrá protagonismo, especialmente su vicepresidente, Vicente Barrera. Entre las grandes dudas que generan los de Abascal se encuentra la falta de experiencia en la Administración. En el caso de Agricultura, un sector clave en la economía valenciana, el nuevo responsable José Luis Aguirre, ingeniero técnico agrícola, se ha ganado cierto respeto por su trabajo en Les Corts en la anterior legislatura.