La agenda de la rebaja fiscal valenciana, una prioridad pase lo que pase en La Moncloa
El nuevo presidente valenciano, Carlos Mazón, tenía clara su primera medida al frente de la Generalitat. Unos días antes de las elecciones generales del 23 de julio y en la primera reunión formal como Gobierno de sus consellers recién nombrado aprobó el inicio de la tramitación de la supresión de facto para la mayoría del Impuesto de Sucesiones y Donaciones. La bonificación del 99% de ese tributo cedido se aplicará con efectos desde el 28 de mayo, la fecha de las elecciones autonómicas en las que llegó al poder.
Un anuncio con el que el líder popular quiere dejar claro que cumple sus promesas. Sin embargo, más allá de la rueda de prensa en plena campaña electoral para ocupar La Moncloa, eso tendrá que despejarlo definitivamente en septiembre en el inicio del curso político. Será entoces cuando tendrá que ejecutar la mayoría de sus promesas fiscales, como la reforma en el IRPF con la que ha prometido ahorrar 1.000 millones de euros a los valencianos.
El nuevo Ejecutivo valenciano debe fijar un calendario urgente para poder aplicar esas medidas y que sus efectos en los bolsillos de los contribuyentes se noten cuanto antes. Porque lo valencianos ya van a empezar a notar como desaparecen algunos parches que se habían puesto para tratar de aliviar la pesada carga de la inflación. Por ejemplo, a partir de agosto la factura del agua volverá a incluir el canon de saneamiento y, no solo eso, sino que también engordará al sumar las cantidades que no se han cobrado durante el último año.
Una realidad que frente a los anuncios a bombo y platillo de la Administración valenciana de programas, como el bono para la cesta de la compra de efectos más limitados, nadie ha tenido a bien comunicar a los ciudadanos, más allá de la letra pequeña de su recibo del agua. Como publicó elEconomista.es, además de los 12 euros de media al mes que se dejaron de pagar por la “suspensión” del canon de saneamiento, ahora habrá que abonar otros 8 euros al mes durante el próximo año y medio por el aplazamiento de esos 280 millones de euros que la Generalitat dejó de ingresar.
Con un agosto especialmente caliente por la incertidumbre de los nuevos pactos para conformar un Gobierno central, en septiembre los nuevos conselleres de Mazón se enfrentarán a los deberes de empezar a confeccionar un presupuesto en el que deberá empezar a reflejarse esa optimización y racionalización de recursos que, tanto el PP como Vox, han pactado en su acuerdo. Habrá que ver quién renuncia a su parte del pastel y si la tentación para algunos de olvidar las promesas de dejar parte de ese dinero en los bolsillos de los ciudadanos es más fuerte. Sobre todo si no vuelve a haber la presión de otra convocatoria electoral más en los próximos meses.