Las macroplantas renovables pasan su examen verde pese a la polémica

La mayoría de las grandes inversiones previstas en plantas de energías renovables en la Comunitat Valenciana empiezan a ver la luz al final del largo túnel burocrático en que se encontraban sumidas y, de paso, despejan dudas sobre su legalidad medioambiental. El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico autorizó la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) antes del pasado 25 de enero en que vencían los plazos la mayoría de proyectos presentados en el territorio valenciano que correspondían a sus competencias, esto es, las mayores plantas porque superan los 50 megavatios (MW) de potencia.

En el caso valenciano, el Ministerio de Teresa Ribera tenía que decidir sobre proyectos con 2.428 MW de fotovoltaica y 883 MW de potencia eólica. El 84% de la potencia prevista ha pasado esa criba de la Administración estatal, que si bien no supone la aprobación definitiva es un paso importante en la tramitación precisamente cuando desde otras administraciones municipales e incluso autonómicas se cuestiona su impacto medioambiental.

Los expedientes del Ministerio despejan el camino para macroplantas fotovoltaicas y eólicas que suman una potencia de 2.782 MW. A ellos se añaden los aprobados por la Generalitat Valenciana, competente para las plantas de menos de 50 MW y que tras años de embudo burocrático finalmente también aprobó la mayoría de los expedientes (el 71%). Unos planes que suman una potencia a instalar de 1.356 MW, con un presupuesto total previsto de 859 millones de euros, según la Administración autonómica. Según esos parámetros, el volumen de inversión total para desarrollar la nueva potencia renovable superaría los 2.500 millones de euros.

La puesta en marcha de todos estos parques supone multiplicar por tres la capacidad de producir energía fotovoltaica y eólica actual de la región, que se sitúa en 1.662 MW conectados a red. Sólo esa nueva potencia representa casi la mitad de la instalada en la región, aunque hay que tener en cuenta que el mayor pulmón eléctrico valenciano, la nuclear de Cofrentes que aporta el 43% de la producción, tiene 2030 como fecha de caducidad.

Entre los que han pasado el corte se encuentra el proyecto de Iberdrola en Ayora (Valencia) con 107 millones de inversión, aunque reduce en cerca de un 12% su extensión para adaptarse a las exigencias medioambientales. También la planta promovida por Atitlan, Awergy y Aurea Capital con una potencia de 116 MW en Monóvar (Alicante) pasó el corte pese a las alegaciones de la Generalitat. Algo que el grupo del yerno de Juan Roig no ha conseguido con las dos centrales que promovía en Orihuela de casi 180 MW, denominadas Itel y Bibey, cuya DIA ha sido desfavorable. Otra planta tumbada desde el Ministerio es la de Campos de Levante Falck Renewables en Chiva (Valencia), de 100 MW.

Las decisiones de los técnicos del Ministerio y la Generalitat, sin embargo, no van a enterrar la polémica política. Tras meses de guerra interna en el Consell por el embudo en la tramitación, varios de los proyectos con luz verde estatal vuelven a levantar ampollas. Entre los más mediáticos, Magda en Castellón, con 150 MW de potencia en 472 hectáreas en Les Coves de Vinromà y Benlloc, repartidos en tres zonas. La iniciativa de la francesa Akuo y la china Premier ha sumado la oposición de ayuntamientos y hasta ha unido a los grupos de Les Corts.

La Dirección General de Política Territorial y Paisaje, en manos de Compromís, también se opone públicamente a la central que promueve Ignis bajo el nombre de Limonero en Requena, con 125 MW, y que superó el examen del Ministerio. Y la batalla política no se limita a las centrales, otra clave es el rechazo sistemático a las líneas de alta tensión necesarias para transportar la electricidad desde el interior hasta la costa donde se concentra la población.