Retos y oportunidades para las empresas socialmente responsables
El año 2022 ha sido especialmente intenso en el desarrollo de la actividad sobre responsabilidad social y sostenibilidad de las empresas. En el ámbito supranacional, a finales de noviembre, el Parlamento Europeo aprobó la Directiva de Informes de Sostenibilidad Corporativa, que actualiza la anterior directiva de 2014, transpuesta en España años más tarde en la ley 11/2018. Con esta nueva directiva se amplían significativamente las exigencias en materia de reporte de sostenibilidad y las equipara por fin a la información financiera. Paralelamente, a nivel autonómico, se publica en el Diario Oficial de la Generalitat Valenciana, desde la Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo, el Decreto 200/2022, por el que se regula la responsabilidad social en las entidades valencianas. Aunque aún no ha entrado en vigor, este decreto desarrolla la Ley 18/2018 de la Generalitat, para el fomento de la responsabilidad social, constatando el reto que supone el abordaje de estas cuestiones en las agendas de las empresas de nuestro entorno.
Como vemos, en el ámbito denominado ASG (Ambiental, Social y de Gobierno Corporativo) se están incorporando importantes novedades en Responsabilidad Social y Sostenibilidad. Pero más allá del ámbito normativo ¿qué implicaciones tiene para la actividad de las empresas?
En los últimos años hemos asistido a una proliferación de información, por parte de muchas organizaciones, más allá de la estrictamente económica, para rendir cuentas sobre su desempeño social y ambiental, conforme estos aspectos han tomado más relevancia e interés para la opinión pública. Son cada vez más numerosas las memorias de sostenibilidad publicadas, especialmente por las grandes corporaciones, aunque no siempre responden a las inquietudes de los grupos de interés. A veces se demanda determinado tipo de información que difícilmente se encuentra con el detalle o la amplitud necesaria, sin contar cuando por otro tipo de fuentes disponibles dicha información puede parecer hasta contradictoria. Además, a nivel interno de las organizaciones, en el contexto actual de grandes incertidumbres, se trata de un instrumento imprescindible para la gestión de riesgos y la adaptación al cambio, como algo que ya se asume permanente.
La nueva regulación desarrolla y refuerza la necesaria comparabilidad, fiabilidad y pertinencia de la información incorporada en las memorias de sostenibilidad, para rebatir el típico argumento, más o menos justificado, de “lo que no son cuentas son cuentos”. Concretamente, el Decreto autonómico publicado lo hace a través de tres requisitos: la memoria de sostenibilidad, su verificación y la constatación de un desempeño mínimo a través de una propuesta de indicadores.
Respecto a la memoria existen numerosos modelos de referencia, tanto nacionales como internacionales (GRI, Global Compact, etc.), que las empresas puedan desarrollar, incorporando los compromisos de la organización por la responsabilidad social y la sostenibilidad, dando cuenta de los resultados obtenidos por su implementación, que además le sirva de guía para el desarrollo de su estrategia.
Para asegurar que la información incorporada en la memoria de sostenibilidad nos da una imagen completa y fiable de todas las dimensiones de la organización, el nuevo Decreto autonómico propone someterlas también a una auditoría de verificación, como parte del proceso de reconocimiento de las organizaciones valencianas socialmente responsables. Esta auditoría debe realizarse por una entidad independiente con solvencia, para incrementar así la fiabilidad y credibilidad de la información, contribuyendo a la mejora continua de la organización.
Por último, además del requerimiento de elaboración de una memoria de sostenibilidad y su verificación, el Decreto autonómico como principal novedad incorpora una herramienta de autoevaluación del desempeño a través de una selección de indicadores de referencia a nivel internacional. No supone un coste adicional en tiempo y recursos para las empresas, si se ha elaborado adecuadamente la memoria de sostenibilidad y permitirá corroborar unos niveles mínimos de desempeño de las organizaciones. Esto dará acceso a la inscripción en el Registro de entidades valencianas socialmente responsables (REVSR) que desarrolla también el Decreto autonómico.
A través del anterior registro se entiende que las organizaciones podrán disfrutar de ciertas ventajas que el desarrollo normativo vaya aplicando. Uno de estos incentivos se centra en materia de contratación pública constituyéndose como un criterio de desempate en la adjudicación. También las bases reguladoras de convocatorias de ayudas y subvenciones podrán incorporar criterios de valoración favorables a este tipo de entidades. La posible exhibición de sello o distintivo puede ser un interesante elemento diferenciador en el mercado de interés para la comercialización de sus productos o servicios. Además, la normativa fiscal autonómica podrá establecer determinados beneficios (bonificaciones, deducciones, etc.) a las entidades valencianas socialmente responsables.
Cabe destacar que se presta una especial atención a las pymes, adaptando el nivel de requerimientos a sus particularidades y tamaño empresarial, por lo que ya no hay excusas para que estas organizaciones puedan abordarlo.
En definitiva, en el contexto actual, el camino de todas las empresas y organizaciones va dirigido hacia una Responsabilidad Social y Sostenibilidad que busca el equilibrio entre el buen gobierno y el desempeño económico, social y ambiental, consciente de que los recursos son finitos. En su actividad empresarial les ayudará a mitigar riesgos, a mejorar su reputación, incrementar sus ingresos, disminuir sus costes y atraer la inversión, para ser agentes transformadores de una economía que transite de la linealidad a la circularidad.