Las Zonas de Bajas Emisiones y sus inversiones millonarias se atascan

Mucho ruido y pocas nueces. Ese viejo refrán bien podría resumir la sensación de muchos vecinos de las mayores ciudades de la Comunitat Valenciana que veían con preocupación el cambio de año por la entrada en vigor de las denominadas Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) destinadas a restringir el tráfico y los vehículos más contaminantes. Una nueva normativa que afecta directamente al uso del coche privado en los 15 municipios de Alicante, Castellón y Valencia que superan los 50.000 habitantes desde el 1 de enero, pero que en la práctica aún no se ha traducido en medidas concretas en estas poblaciones.

La implantación de esas zonas en las que se busca limitar las emisiones contaminantes procedentes de los tubos de escape y llegar a reducir en al menos un 35% el tráfico privado es además uno de los grandes ejes de los presupuestos municipales en estas localidades. Los 15 ayuntamientos que ya deberían tener implantada esas ZBE tienen proyectos que superan los 210 millones de euros vinculados a la puesta en marcha de las mismas y a actuaciones complementarias. Se trata de fondos que se destinarán a la tecnología y las cámaras necesarias para controlar y gestionar los coches que circulan en cada área a obras para peatonalizar calles y ampliar carriles bici o implantar mejoras en el transporte público para ofrecer una alternativa de movilidad a los vecinos.

Unos ambiciosos planes que son posibles gracias a la lluvia de millones de los fondos europeos vinculados a los Next Generation y el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. El Ministerio de Transición Ecológica aprobó ya el año pasado una primera convocatoria de estas ayudas, en que los ayuntamientos valencianos pescaron algo más de 85 millones de euros en ayudas para poner en marcha actuaciones valoradas en total en 141 millones de euros.

Es decir, los fondos europeos y estatales apartan 6 de cada 10 euros que los consistorios autonómicos tienen previsto gastar para hacer posible ese cambio de aires y de fisonomía en sus cascos urbanos. El Ministerio de Transición Ecológica realizó una segunda convocatoria a finales del año pasado por un importe total de 500 millones de euros a la que han vuelto a presentar sus proyectos para obtener fondos otros 15 consistorios valencianos. En el caso de estos fondos están pendientes aún de asignación a los municipios.

Pero la existencia de fondos no es lo único que marca el frenazo en los plazos previstos de estas zonas de bajas emisiones. Ninguno de los grandes ayuntamientos valencianos ha aprobado aún la ordenanza para regular y concretar esta medida. Pese a que en algunos casos lleva meses en preparación, en otros aún se están encargando estudios previos. Una situación de la que los municipios culpan al retraso del propio Gobierno central y desde varias corporaciones como la de Valencia incluso se da por hecho que habrá moratorias. También el alcalde de Alicante, el popular Luis Barcala, ha reclamado públicamente que se amplíen los plazos.

Valencia es el municipio autonómico que destinará más dinero a instalar sus Zonas de Bajas Emisiones de toda la Comunitat. El Ayuntamiento que dirige Joan Ribó presentó proyectos que suman más de 60,9 millones de euros para poner en marcha las restricciones para rebajar las emisiones contaminantes en la ciudad. De ese importe, los fondos europeos y estatales aportan más de 38 millones.

De hecho, el consistorio valenciano es uno de los pocos que ya ha adjudicado el contrato para implantar las 247 cámaras previstas y los sistemas informáticos para monitorizar y controlar el acceso a las distintas zonas en que se compartimentará la ciudad. La empresa Eysa, que también gestiona el servicio de estacionamiento en zonal azul de la ORA en la ciudad, y la catalana Aluvisa se impusieron en un disputado concurso público. Sólo la puesta en marcha de estos sistemas supondrá un coste directo de 10,8 millones de euros. Un sistema que aún no tiene fecha para entrar en operación, de hecho, en los pliegos se fijaba un plazo de dos años para su ejecución, pese a que la norma estatal y europea establecía que las ZBE debía estar en marcha desde el 1 de enero.

Pero además el Ayuntamiento aún debe adjudicar el contrato de servicio para la gestión del tráfico en toda la ciudad durante los próximos 5 años, una actividad que debe de adaptarse también a los nuevos sistemas previstos para las ZBE. Aunque ya se ha elegido a Etra para un contrato valorado en otros 39 millones de euros, todavía no se ha formalizado.

El propio alcalde de Valencia, Joan Ribó, no ha querido fijar plazos concretos para la implantación de las zonas de baja emisiones pese a la adjudicación de este contrato. “Es un asunto que se estudiará con mucha calma y que se abordará con prudencia”, señaló el líder de Compromís. Un pragmatismo que contrasta con otros posicionamientos más radicales cuando se trata de cuestiones medioambientales que atañen a otras administraciones.

Según Ribó es un tema en el que hay “cosas que todavía no están del todo determinadas legalmente” y ha señalado que es “necesario ver todas las reglamentaciones que ha habido”, en referencia a que la normativa para desarrollar estas zonas fue aprobada por el Gobierno central apenas unos días antes de que terminase el año y los municipios siguen planteando dudas y cuestiones que resolver. La capital valenciana tampoco quiere asumir los riesgos de adelantarse porque “ha habido algún ejemplo que no ha funcionado bien”, según Ribó, que citó “el caso de Barcelona”, donde la Administración tuvo “problemas legales”.

De momento, el Ayuntamiento lo único que está claro es que para autorizar la circulación de unos u otros vehículos en función de su etiqueta medioambiental de la DGT, la ciudad contará con cinco áreas diferenciadas. El área centro incluye lo que serían los límites de la antigua muralla de la ciudad, es decir el caso histórico delimitado por las calles Colón, Xátiva y Guillem de Castro y el antiguo cauce del Turia. Una zona que tiene todos los visos de ser la más restrictiva, ya que de hecho en los últimos años se ha ido reduciendo notablemente la facilidad de acceso del tráfico rodado, con peatonalizaciones parciales como la de la Plaza del Ayuntamiento y la Lonja y el Mercado Central o casi totales como la Plaza de la Virgen.

De hecho, hace unos meses ya entró en vigor un sistema de control de cámaras para el acceso al barrio de Ciutat Vella, que conforma la mayoría de la futura zona central. El Ayuntamiento estableció lo que denominó Área de Prioridad Residencial, por lo que el sistema multa con 90 euros automáticamente a los vehículos privados que no cuenten con autorización. Unas sanciones de las que están excluidos los automóviles registrados de vecinos o empresas que realizan servicios en la zona. El consistorio gobernado por Compromís y los socialistas además está reduciendo los aparcamientos.

En el caso de Alicante, la otra gran capital autonómica por población, aunque los planes se encuentran más definidos, la aplicación de las ZBE se encuentra prácticamente en el mismo punto. El consistorio gobernado por PP y Cs ha adjudicado ya a la empresa Tecnologías Viales Aplicadas (Teva) la instalación de dos redes de sensores y sistemas inteligentes de reconocimiento de matrículas por un total de 4,4 millones de euros. Aunque aún no tiene ordenanza aprobada, ya está claro también que contará con dos anillos, uno interior en el casco histórico junto a su fachada litoral, y otro más amplio con la Gran Vía como principal limitación, que afecta a 22 barrios. Una zona que según los datos del Ayuntamiento cuenta con un parque de más de 100.000 vehículos de los algo más de 235.000 censados en el municipio. En el caso de Alicante, el municipio pretende llevar a cabo 14 proyectos con un presupuesto total de 37 millones de euros, después de haber logrado que se le asignen algo más de 15 millones.

En el caso de Castellón, también ha adjudicado dos grandes contratos vinculado a la nueva ZBE, pero desde el consistorio se da por hecho que no habrá restricciones antes de 2025. La capital de La Plana por un lado ha encargado a la multinacional Kapsch TrafficCom un estudio de movilidad por 1,7 millones. Por el otro, también se ha adjudicado un paquete de obras urbanas para adaptar calles a las restricciones y nuevas peatonalizaciones, que se han adjudicado a Becsa y Telecso por casi 8 millones de euros.