La eterna asignatura pendiente del agua en el sur de Alicante
La guerra del agua ha vuelto a estallar con el intento de reducir el trasvase del Tajo-Segura y el fuego amigo en las filas socialistas en la antesala de las elecciones regionales.
Por defecto o por exceso, el agua ha marca el día a día de las comarcas del sur de Alicante. Las lluvias torrenciales de la Dana que anegaron buena parte de la Vega Baja contrastan con el sol y la sequía, que si bien son uno de los grandes atractivos del sector turístico también suponen un quebradero de cabeza a otro de sus motores económicos: el potente sector hortofrutícola alicantino que exporta sus productos a toda Europa.
Los planes del Ministerio de Transición Ecológica para el nuevo Plan de Cuenca del Tajo suponen limitar notablemente la aportación de agua del trasvase Tajo-Segura que llegaría a los campos de Alicante, Murcia y Almería. El nuevo plan fija que el caudal ecológico mínimo se situará en 8,6 metros cúbicos por segundo en Aranjuez a partir de 2027, frente a los 6 metros cúbicos de caudal mínimo necesarios hasta ahora para autorizar el envío de agua. Una postura que respalda Castilla-La Mancha, que cuenta con varias sentencias del Supremo avalando ese caudal ecológico.
Una reducción que los regantes estiman en cerca de 105 hectómetros cúbicos y amenaza alrededor del 50% de los cultivos de regadío en las comarcas de las tres provincias que tienen mayor dependencia de ese canal, según el sindicato Asaja Alicante. “La hoja de ruta del Ministerio de Transición Ecológica es dejar el trasvase Tajo-Segura exclusivamente para abastecimiento humano” asegura Ramón Espinosa, secretario técnico de Asaja Alicante.
Una medida que según sus cálculos supondrá “un 50% menos de agua de regadío lo que implica el abandono del 50% de la superficie agraria útil en el caso del sur de Alicante que riega el trasvase”, según Espinosa, que extrapola ese porcentaje también a Murcia y Almería. “Estamos hablando de la principal zona productora de frutas y hortalizas en fresco de Europa”, subraya Espinosa, que además del perjuicio económico también destaca su impacto ambiental y social.
La propia Confederación Hidrográfica del Segura ha cuantificado unas pérdidas anuales de 137 millones de euros solo en producción agrícola directa con el recorte previsto en el borrador del plan, además de un coste de 4.621 empleos agrarios. Sin embargo, para los sindicatos agrarios los daños serán muchos mayores.
Por un lado, por la potente industria agroalimentaria de transformación ligada al sector primario, además de otros proveedores, desde el transporte a envases, asentados en esa comarca. Así, el Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura (Scrats) eleva hasta 15.000 los empleos que pueden desaparecer al cerrar parte del grifo. Además de perder su actividad los agricultores afrontan otro duro golpe: el valor de sus tierras se hundirá con la pérdida de la condición de regadío. Scrats estima en cerca de 5.700 millones de euros estas pérdidas patrimoniales, que supondrían un pesado lastre económico para estas comarcas.
Impacto económico
En conjunto el sector agrícola que se abastece del trasvase aporta directamente 1.547 millones de euros al PIB español, según un informe de PwC elaborado en 2020. El documento dobla a 3.013 millones la aportación total y los 106.000 empleos con los efectos indirectos. Pero además, “la falta de agua, no sólo es un problema de agricultores y regantes”, apunta Salvador Navarro, presidente de la patronal autonómica valenciana CEV, que señala que el recorte también acabará afectando a industria y turismo.
La nueva guerra del agua también ha recuperado la polémica entre los dos modelos enfrentados de gestión hidrológica: trasvases o desaladoras. Los costes energéticos han vuelto a elevar los precios del agua desalada, que ronda 1,4 euros por metro cúbico sin la subvención estatal y los 0,45 euros con la ayuda pública. Además de unos precios hasta 8 veces superiores que la hacen inviable, tampoco usar solo agua desalada en regadío. “Es un complemento en situaciones como riegos de emergencia, pero no puede utilizarse como una fuente continua”, explican desde Asaja.
Batalla política
Si las crisis por el agua en Alicante han sido cíclicas, en esta ocasión el escenario político es distinto. Si con el trasvase del Ebro el enfrentamiento político fue sobre todo partidista, en esta ocasión al frente del Gobierno autonómico y del central se encuentra el mismo partido político. Y además la proximidad de las elecciones ha recrudecido el pulso entre el propio Ximo Puig y el Ejecutivo de Pedro Sánchez, especialmente con su ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera.
Un choque especialmente tenso después de que el propio Puig anunciase un acuerdo en el Consejo Nacional del Agua que dejaba en el aire el caudal ecológico hasta que se realizasen nuevos estudios sobre las aguas. Una forma de ganar tiempo que sin embargo fue desautorizada por el Ministerio de Transición Ecológica, que incluso rechazó que se hubiese llegado a pactar. La Generalitat, además de plantear una posible batalla legal como los Gobiernos de Murcia y Andalucía, cargó públicamente en contra del Ministerio al publicar sus alegaciones frente al nuevo decreto: “se han vulnerado los principios de seguridad jurídica, confianza legítima, lealtad institucional, buen gobierno y transparencia”.
La cuestión del agua es uno de los grandes caballos de batalla del PP en Alicante, la provincia que sigue siendo su principal bastión pese a los ocho años de Gobierno de Botànic. En unas elecciones marcadas por la incertidumbre ante el que parece el desplome seguro de Ciudadanos y las dudas en torno a Podemos la guerra del agua puede marcar esa pequeña diferencia.