La vivienda se convierte en la llave electoral de los socios del Botànic
El acceso a la vivienda se ha convertido en el gran reclamo electoral del Partido Socialista de cara a las elecciones municipales y autonómicas. Una batalla en la que el propio presidente de Gobierno, Pedro Sánchez, ha decidido enfangarse despejando la nueva Ley de Vivienda y con el anuncio de la cesión de 50.000 viviendas de Sareb a las autonomías para alquiler social. Esta medida precisamente era una de las que los socios de Podemos de Ximo Puig en la Generalitat Valenciana llevaban reivindicando desde hace más de un año. El vicepresidente segundo Héctor Illueca, el representante de esa formación en el Consell, incluso promovió un frente con otras CCAA para lograr un traspaso que hasta ahora se negaba desde el Ejecutivo central.
La vivienda precisamente ha sido el eje de la acción de los morados en el Gobierno del Botànic en esta legislatura, con iniciativas como el registro de viviendas vacías de grandes tenedores, con la inclusión de sanciones para las que no estén en el mercado durante un año, o la posibilidad de expropiar temporalmente el uso de esas casas hasta 7 años. El propio Puig se ha sumado a la puja de medidas electoralistas para la vivienda anunciando líneas de financiación para promociones de alquiler asequible.
Según los datos oficiales, la Generalitat ha pasado de contabilizar 13.895 viviendas públicas en 2015 a 12.594 al cierre de 2021. Es decir, que en estos años ha descendido el número, algo que la Administración justifica por la depuración de datos con la digitalización. Con la iniciativa de Sareb se sumarían unas 4.950 viviendas disponibles, aunque la gran duda es la ubicación y el estado de las mismas. Los activos que asumió el banco malo y que aún mantiene en cartera son los más difíciles de colocar. Si la Comunitat Valenciana sha encabezado el volumen de esos activos en parte es por el fuerte peso de las ubicaciones enfocadas a segunda residencia, es decir, fuera de las grandes ciudades donde se concentra la demanda de vivienda social.
Lo cierto es que después de 8 años de los que se denominaron gobiernos del cambio en la Comunitat Valenciana y en la capital valenciana, el acceso a la vivienda no solo no ha mejorado sino que, atendiendo a las cifras, se ha hecho más cuesta arriba. Además de que los precios no hayan dejado de crecer, un 59% en el caso del alquiler y un 50% en compra de obra nueva en los tres últimos daños según los datos del último Observatorio de la Cátedra de Vivienda de la Politécnica de Valencia. También porque la oferta en casos como el de Valencia se ha reducido drásticamente, más del 30% en la capital, y por las propias características del mercado inmobiliario necesitará años para revertir esa situación y que el planeamiento se traduzca en casas disponibles. Algo que está claro que no resolverá los anuncios de topar precios y las medidas intervencionistas.