El Palacio de Justicia de ‘los líos’ de Gandía se encarece en 6 millones
Después de delegar el proyecto y la obra en el Ayuntamiento, la Conselleria de Justicia obligó a modificarlo tras meses de trabajos. El servicio de Emergencias e Iberdrola también instaron cambios para cumplir la normativa. En la construcción han fallecido dos trabajadores por accidentes laborales.
El nuevo Palacio de Justicia de Gandía ya ha incrementado su coste casi un 40% sobre el valor en que se adjudicó su construcción cuando aún quedan varios meses para que pueda inaugurarse. Unos sobrecostes que en este caso no son solo imputables al fuerte aumento de los precios de los materiales, que como en muchos otros contratos públicos obligaron a revisar su importe. A ello se ha sumado el coste irreparable de dos accidentes laborales mortales que se han sucedido en los últimos meses que también han llevado al sindicato CCOO a plantear si la construcción no sé está haciendo con demasiadas urgencias.
En el caso del coste económico, la falta de coordinación entre las dos administraciones a cargo del proyecto, el Ayuntamiento de Gandía y la Generalitat Valenciana, es culpable de buena parte de ese incremento. Precisamente, uno de los argumentos para delegar el proyecto y las obras de los futuros juzgados en el consistorio de Gandía era que de esa forma se agilizaría la construcción del complejo. Sin embargo, la realidad es que después de que el Ayuntamiento adjudicase tanto el estudio geotécnico previo, como la redacción del proyecto y finalmente las obras. Los tres contratos se firmaron por un importe que sumaban 15,61 millones de euros y en septiembre de 2021 la empresa madrileña Taller de Construcción TMR arrancó las obras.
Sin embargo, unos meses después, en junio de 2022, el Servicio de Proyectos de Infraestructuras Judiciales de la Subdirección General de Infraestructuras Judiciales de la Conselleria solicitó a Gandía “un requerimiento de adaptación de distintas zonas del proyecto original con relación a las nuevas exigencias motivadas por el normal funcionamiento y organización interna del edificio”, según revela la resolución por la que la Generalitat autorizó elevar el dinero destinado a estas obras a posteriori. Unos cambios sustanciales en el proyecto que incluían aspectos como el diseño de la zona para albergar a los detenidos, cuestiones sobre los materiales y los acabados finales o aspectos sobre el subsuelo y el rendimiento de las placas solares previstas.
A ello se le sumaban “empresas suministradoras y organismos superiores”. En concreto, la propia compañía distribuidora de electricidad, Iberdrola, pedía modificar el centro de transformación previsto, mientras que un requerimiento de los Servicios de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento de la propia Generalitat instaba a modificar “la envolvente exterior” por razones de seguridad.
Unas modificaciones del contrato inicial que llevaron al Ayuntamiento de Gandía a pedir a la Generalitat, que es quien aporta el dinero para la obra, aprobar un modificado que supone incrementar en 3 millones de euros el contrato de construcción.
Pero ese no es el único alza. La adjudicataria ya había solicitado y obtenido el año pasado una “revisión excepcional de precios” para incrementar en 607.615 euros la factura, de acuerdo al decreto aprobado para hacer frente a la fuerte subida de las materias primas en la contratación pública. Además, el Ayuntamiento añadió otro modificado para el contrato de redacción y dirección de obras por algo menos de 100.000 euros, otros 828.484 para una segunda revisión de precios extraordinaria, además de 1,51 millones para la “previsión de liquidación del contrato de obras” y otros 1,26 millones de euros como “remanente” para otros agujeros que surjan. En total 21,68 millones de euros, 6 millones más que lo adjudicado en 2021.