Puig cambia de discurso fiscal ante el curso electoral

El líder socialista rebaja el IRPF por los efectos de la inflación tras rechazar bajadas de impuestos por la crisis del Covid y defender la armonización entre CCAA

Los impuestos se han convertido en el centro del debate político en la Comunitat Valenciana y también en el conjunto de España, donde el choque entre el Gobierno de Pedro Sánchez y varias autonomías que han anunciado rebajas fiscales se ha hecho evidente. Una guerra fiscal acentuada por la proximidad de las elecciones autonómicas en plena tormenta inflacionista.

Un contexto en el que el presidente valenciano, Ximo Puig, ha vuelto a dar señales de su pragmatismo político. Después de años rechazando bajadas de impuestos para tratar de aliviar el peso de la crisis económica. El socialista hasta ahora también se ha mostrado contrario a deflactar el tramo autonómico del IRPF y ajustar las tarifas para no incluir la subida por la inflación en el principal impuesto que grava a la inmensa mayoría de los ciudadanos.

Sin embargo, la vuelta del verano y el nuevo curso, en el que hay que pasar el examen electoral, ha provocado un giro en la visión del presidente valenciano, que incluso no ha dudado en correr el riesgo de contrariar a sus socios de Compromís y Podemos o a las propias filas socialistas en La Moncloa, donde se defiende férreamente la negativa a bajar impuestos.

Aunque el propio Puig calificó su iniciativa de reforma fiscal, lo cierto es que básicamente se limita al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) para intentar corregir los efectos de la subida del IPC y dejando fuera de la rebaja a quienes ingresen más de 60.000 euros. Para ello, la Generalitat aplicará una nueva tarifa autonómica del IRPF para este ejercicio 2022, con nuevos tramos adaptados a inflación. “Las rentas de 10.000 euros se ahorrarán un 21%, las de 20.000 se ahorrarán un 7,3% y las de 30.000, un 2,2%”, según explicó el propio Puig en el Debate de Política General que se celebró ayer en las Cortes Valencianas.

Los cambios en el tramo valenciano del IRPF también incluyen un incremento del 10% en los límites máximos para acceder a todas las bonificaciones y deducciones, que así pasa de 25.000 a 30.000 euros. Para compensar la subida de los tipos de interés, también se crea una deducción de hasta 100 euros para familias con hipotecas, con rentas individuales hasta 30.000 euros o de 47.000 euros en caso de tributación conjunta.

Además, la Generalitat aumentará en un 10% la cuantía exenta de tributación en el IRPF, aunque este incremento no tendrá efectos en las rentas que superen los 60.000 euros. Precisamente el principal argumento del líder socialista para defender que esta medida es distinta a las bajadas planteadas por el PP, consiste en que la rebaja prevista no beneficiará a los más ricos y se dirige a la mayoría de la población. “Unos bajan los impuestos a los más ricos, aquí ayudamos a llegar a fin de mes a la mayoría”, aseguró Puig para intentar que no se le compare con las bajadas de Madrid, Andalucía o Murcia o las que propone el propio PP valenciano de Carlos Mazón, que ha convertido la fiscalidad en su bandera electoral.

Unos cambios fiscales en los que no se plantea suprimir ni tocar el impuesto de Patrimonio, del que el presidente realizó una encendida defensa pese a que está en vías de extinción en el resto de Europa y las críticas que despierta en los empresarios.

De hecho, una bonificación del 100% como la vigente en Madrid y la anunciada en Andalucía fue una de las reclamaciones incluidas por la CEV en una reciente reunión. Un impuesto con el que espera generar 187 millones de euros este año, frente a los 149 millones que se estima que dejará de recaudar con los cambios en la declaración de la Renta.

En el aire siguen los posibles cambios en el impuesto de Sucesiones, después de que en verano el propio presidente se comprometiese en un acto de la empresa familiar alicantina a ampliar las bonificaciones para favorecer el relevo generacional en esas firmas. Las compañías reclaman que se amplíe la reducción de la base imponible del 95% al 99% a todas las empresas familiares, sin ningún límite por facturación, con el fin de no penalizar la transmisión de la empresa familiar y con ello, su continuidad.