La gestión de las renovables, un agujero negro para el Botànic

La nueva crisis energética desatada por la guerra de Ucrania ha situado a las energías renovables de nuevo al primer plano. Mientras desde la Generalitat Valenciana, con su presidente a la cabeza, se insiste en que la instalación de energías verdes es la solución para poner fin a la tradicional dependencia energética y subidas de precios como las actuales, lo cierto es que después de 7 años de gestión del Botànic la Comunitat Valenciana apenas ha aumentado su potencia eólica y fotovoltaica conectada a la red.

Los datos son contundentes. En seis años apenas se han enchufado 60 megavatios (MW) de nueva potencia fotovoltaica, de los 411 MW instalados en la región. Una evolución que contrasta con el resto de España y comunidades limítrofes que han aumentado su potencia solar, como Aragón con 1.600 MW o los más de 1.300 MW de una región de tamaño más reducido como Murcia. Una realidad que no es producto de la falta de interés de la inversión privada. Los promotores llevan años presentando solicitudes a la Administración pública, la mayoría de las cuales siguen encalladas en un farragoso proceso de tramitación pese a las continuas promesas para agilizar la burocracia. En total la Generalitat y el Estado tramitan 452 expedientes para instalar energías renovables en toda la Comunidad Valenciana que suman una potencia de 10.000 MW.

Una de las medidas estrella incluidas en el decreto del Consell con las medidas urgentes ante la crisis inflacionista y energética consistía precisamente en reformar las tramitaciones de las plantas fotovoltaicas de menos de 10 MW de potencia y 10 hectáreas de superficie para intentar que se puedan aprobar en un año. Un cambio normativo que se produce casi dos años después de que se aprobase otro decreto ley para hacer frente a la crisis económica del Covid con un título casi idéntico: “de medidas para acelerar la implantación” de las energías renovables “por la emergencia climática y la necesidad de la urgente reactivación económica”.

Para algunos promotores de plantas fotovoltaicas y eólicas el nuevo decreto no parece ser la fórmula para resolver el colapso que sufren. Así lo dejó claro Guillermo Roth, director adjunto de la filial española de Statkraft, un gigante noruego que es uno de los mayores productores de energía verde en toda Europa y que sufre el embudo administrativo. El grupo que tiene su sede española en Valencia tiene en marcha la tramitación de cuatro plantas fotovoltaicas que suman 300 millones de euros de inversión en Alicante, Valencia y Castellón.

Para el directivo, ese Decreto Ley 1/2022 “supone un importante frenazo para los proyectos fotovoltaicos en la Comunitat y choca frontalmente con la Estrategia Valenciana de Cambio Climático que marca un objetivo claro: que el 42% de la energía consumida en 2030 en la región proceda de fuentes renovables”. En una jornada organizada por la patronal CEV, Roth recordó que “decenas de proyectos, con sentido económico, medioambiental y social, están totalmente paralizados con las nuevas limitaciones”.

En ese mismo foro el delegado de Iberdrola en Comunitat Valenciana, Ibán Molina, reclamó “políticas estables y favorables que impulsen las inversiones y agilizar la concesión de permisos a las energías renovables en interés del público y de la industria”. El grupo tiene previsto inversiones por valor de 1.200 millones de euros en renovables y distribución en la región. Y precisamente una de los grandes retos energéticos que ya está a la vuelta de la esquina es cómo se sustituirá la producción de la nuclear de Cofrentes, que tiene fijado 2030 como fecha de cierre. La central origina casi el 45% de la electricidad que se consume en la autonomía, que además importa casi otro 40% de su demanda.

El propio presidente valenciano reconoció recientemente en un acto público que la gestión de esta tramitación es “altamente mejorable”, aunque también defendió que en esta legislatura se habían doblado los profesionales destinados a estos expedientes en la Administración autonómica, hasta superar el centenar.

Lo cierto es que las renovables, una materia que en principio genera consenso programático entre los tres partidos que forman el Gobierno, ya fue motivo de tensión entre socialistas y Compromís durante la elaboración del nuevo decreto de emergencia dado los recelos del partido valencianista a que se rebajase el listón medioambiental a los proyectos. Unas diferencias que ahora han aflorado entre los distintos departamentos de la Generalitat de distinto color que tienen algo que decir en la tramitación. La directora general de Territorio y Paisaje, Rosa Pardo, de Compromís, publicaba en una red social el mismo día en que Puig reconocía problemas de gestión que su departamento ya había dado luz verde a 41 plantas solares que suman 733,74 MW de potencia, además de haber rechazado otros expedientes, que no cuantificaba.

Precisamente los informes contrarios de ese departamento han sido el motivo por el que se han denegado cinco plantas tras aprobarse la reforma de la tramitación. Entre los motivos alegados para una de ellas en Utiel se encuentra la “modificación del paisaje agrícola de viñedo” de esa zona.

También la consellera de Agricultura y Transición Ecológica, Mireia Mollá, salió unos días después en defensa de la gestión del área de Evaluación Ambiental que forma parte de su competencia y aseguró que en su caso se estaban resolviendo los expedientes en dos meses. La responsable de Compromís además de apuntar a las otras consellerias que tienen que elaborar informes para esos procesos incluso puso de ejemplo de agilidad administrar la reforma de la tramitación de las renovables en la presentación de la Ruta Valenciana del Biogás, que pretende levantar 100 plantas de biogás antes de 2027 con 300 millones de euros de fondos europeos.

En el tira y afloja entre unos y otros también se encuentra un distinto concepto de la implantación de las energías renovables. Así, desde los departamentos de Compromís se apuesta por proyectos basado en el autoconsumo y las comunidades energéticas, que por ejemplo son a los que destina la mayoría de sus ayudas la Consellera de Economía y la de Transición Ecológica. El precio de la luz por las nubes ha disparado las instalaciones fotovoltaicas de autoconsumo en la región, que casi han doblado en un año, hasta 277 megavatios de potencia instalada hasta junio. Pero estas instalaciones son de dimensiones más limitadas y, por tanto, de menores volúmenes que las grandes plantas que por su mayor coste cuentan detrás con grandes inversores, a veces internacionales. Unas instalaciones sin las que se antoja muy difícil poder cumplir los objetivos medioambientales de la Comunitat Valenciana, que por otro lado ya incumplió los que se había planteado para 2020 pese a declarar la emergencia climática.