Impuestos y presupuestos, armas de doble filo contra la inflación

El Gobierno de coalición del Botànic afronta el final de su segunda legislatura en un contexto muy distinto al que la Comunitat Valenciana vivía cuando los tres partidos de izquierdas llegaron al poder. Para empezar de los líderes de las tres fuerzas políticas -PSPV, Compromís y Podemos-, sólo el presidente socialista Ximo Puig se mantiene en primera fila. La traumática crisis del Covid primero y una inflación desbocada han hecho que pocos se acuerden ya de una época en que los casos de corrupción del PP marcaban la actualidad política valenciana. De hecho, la investigación judicial a Mónica Oltra por la actuación de su departamento en el caso de abusos a una menor tutelada por parte de su exmarido y el juicio por el Caso Alquería a cargos de PSPV y Compromís en la Diputación de Valencia marcan ahora la actualidad en los tribunales.

Ahora es la situación económica la que marca la agenda. Un contexto del que el último superviviente del Botànic original, Ximo Puig, es plenamente conocedor y por ello tiene claras cuáles son sus dos grandes bazookas con los que afrontar los próximos meses para intentar revalidar el cargo en los próximos meses. Uno de ellos ha constituido el principal arsenal del Gobierno valenciano hasta ahora: los presupuestos. Los socialistas siempre han sido conscientes de la importancia de controlar las llaves de las arcas autonómicas, o lo que es lo mismo, la Conselleria de Hacienda, que en la última remodelación pasó a manos del hombre de confianza de Puig, Arcadi España. Una herramienta esencial para mantener contentos a sus socios.

Después de la emergencia sanitaria del coronavirus y del impulso a la reactivación económica, ahora es el impacto de la inflación el que justifica que vuelva a incrementarse el gasto público de la Generalitat Valenciana con nuevos programas de ayudas y lo que permitirá hinchar de nuevo los presupuestos para el próximo año. Y ello a pesar de que de nuevo tendrá que recurrir a partidas fantasma de ingresos, como la llamada partida reivindicativa por la financiación autonómica, es decir, a seguir aumentando la deuda autonómica.

La otra fuente de munición en estos meses previos a las elecciones son los impuestos. Una guerra fiscal que el PP valenciano ha planteado desde la llegada de Carlos Mazón y que además se ve alentada por el hecho de que la autonomía es una de las que encabeza los rankings de presión fiscal y mantiene el tipo marginal más alto para las rentas más altas, del 54%. Puig no ha dudado en mover ficha con una bajada limitada del IRPF a las rentas bajas y medias. Una jugada para intentar bloquear el discurso fiscal de los populares, pero que también abre brecha con sus socios de Compromís y Podemos, e incluso en las filas socialistas, en plena carrera entre CCAA y partidos por los impuestos como instrumento para contrarrestar el efecto IPC en los bolsillos de los votantes.