Una reforma fiscal provisional que deja a medias a casi todos
El presidente valenciano saca adelante una bajada del IRPF temporal a las clases más modestas por la inflación justo antes de las elecciones a costa de otra vuelta de tuerca a las rentas más altas a partir de 2023. Unos cambios que a la hora de la verdad tienen un impacto mínimo en las arcas autonómicas.
Después de dos meses de continuo debate político sobre los impuestos entre los grandes partidos nacionales y de semanas de tira y afloja entre los tres partidos que forman el Gobierno del Botànic, la tan esperada reforma fiscal valenciana anunciada por Ximo Puig ha cobrado forma... aunque dividida en dos apartados muy diferentes. Por un lado, la bajada en el impuesto de la Renta para este año que adelantó el presidente valenciano para paliar los efectos de la inflación. Por otro, el peaje para conseguir el visto bueno de sus socios de Compromís y Unidas Podemos, empeñados en conseguir un incremento de los impuestos a los más ricos, aunque a la hora de la verdad la subida vaya a ser más simbólica que suponer un impacto en los ingresos autonómicos.
Al final más que una reforma el primer paquete de medidas para este año se podría calificar de un parche provisional y temporal, ya que de hecho se aplicará únicamente al IRPF de este año 2022 (el que se liquida el próximo año) con carácter retroactivo. Lo aprobado para este año ya no tendrá ninguna validez para el ejercicio siguiente, ya que con el acuerdo pactado se volverán a modificar las tarifas del tramo autonómico para el año 2023 con el objetivo de aumentar más la presión fiscal a quienes superen los 77.000 euros de ingresos.
La medida aprobada para el IRPF de este año supondrá reducir lo que tendrán que abonar fundamentalmente las rentas de menos de 60.000 euros, aunque sus efectos serán muy limitados. Así según los propios datos de la Generalitat las rentas de 20.000 euros dejarán de tener que abonar unos 117 euros, mientras los de 30.000 euros se ahorrarán 67 euros. En conjunto los cambios supondrán dejar de ingresar 149 millones de euros para las arcas autonómicas, una cantidad que languidece si se compara con los 1.800 millones de euros de incremento de la recaudación tributaria en el Comunitat Valenciana de enero a septiembre por los efectos de la inflación.
En el caso de las medidas que se incluirán para 2023 con el argumento de que quienes más tienen más aporten a la financiación pública, también se antoja una medida de más carga simbólica que de aportación real al gasto público. Así, en el Impuesto de Patrimonio, se incrementará la tasa en los cuatro últimos tramos –a partir de 1,3 millones de euros de valor patrimonial sin incluir vivienda– en un 0,25%. También se fija un tipo especial para el traspaso de viviendas de lujo, en que se incluyen las valoradas en más de un millón de euros, que será del 11%, frente al 10% de tipo general. Con estas dos subidas la propia Generalitat reconoce que espera ingresar 40 millones de euros, una cifra nimia frente a los más de 1.300 millones de euros que se apunta todos los años en las cuentas públicas por la infrafinanciación, pero sin ninguna expectativa de cobro. En el caso de la modificación de la Renta para 2023, Hacienda no había cuantificado su impacto. Además, el hecho de que esta nueva norma en la práctica no se aplique hasta después de las elecciones añade más provisionalidad, ante la posibilidad que el nuevo Gobierno optase por volver a modificarlo.