Los pueblos que ya no son ‘puntos negros’ en el mapa financiero

El acelerado ritmo de concentración del sector bancario en España en la última década y el auge de los canales digitales ha multiplicado el riesgo de exclusión financiera. Una realidad que afecta fundamentalmente a dos colectivos: las personas mayores y los habitantes de las zonas rurales menos pobladas. En la Comunitat Valenciana, existen 128 municipios que no tienen acceso a ningún servicio bancario en su territorio. Es decir que no tienen sucursal, cajero o agente bancario, y donde no llegan tampoco oficinas móviles ni hay un establecimiento de Correos, según recoge el último Informe sobre la inclusión financiera en España elaborado por el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (Ivie), con los datos de diciembre de 2021.

Como resalta el propio director del informe y director adjunto de Investigación del (Ivie), Joaquín Maudos, “los municipios que no tienen ningún punto de acceso a los servicios financieros son casi en su totalidad rurales, en concreto el 99%”.

Una situación de la que las propias patronales bancarias y las distintas Administraciones Públicas han tomado conciencia para tratar de evitar que esa dificultad para poder acceder a los servicios financieros tradicionales puede convertirse en un lastre precisamente en las localidades con mayor riesgo de despoblación. La última muestra de ello ha sido la hoja de ruta para reforzar la inclusión financiera en las zonas rurales que han acordado las grandes patronales españolas del sector: la Asociación Española de Banca (AEB), la Confederación Española de Cajas de Ahorros (CECA) y la Unión Nacional de Cooperativas de Crédito (Unacc).

Un compromiso que afecta de facto a 22 municipios de las provincias de Alicante, Castellón y Valencia, que actualmente no cuentan con servicios físicos de atención bancaria a sus ciudadanos y son algunos de los principales puntos negros en el mapa financiero autonómico. Estas localidades están incluidas en los ayuntamientos de más de 500 habitantes de toda España al que ahora las entidades garantizan, al menos, una oficina bancaria, un cajero automático, una oficina móvil o un agente financiero. Además, el acuerdo presentado a la ministra Nadia Calviño contempla un plazo de seis meses para su aplicación.

La mitad de estas poblaciones que verán abrir alguno de estos servicios se ubican en la provincia de Valencia, sobre todo en su interior. Así, se verán incluidos Sant Joanet, Gestalgar, Guardamar de la Safor, Benicolet, Benimuslem, L’Enova y Llocnou d’En Fenollet. También aparece en el listado Emperador, en pleno área metropolitana de Valencia, que en su caso se ve includo por ser uno de los municipios con menos territorio de toda la región y, por ello, con una población menor. Por su parte, Petrés, Benicull de Xúquer y Senyera destacan por ser los tres únicos municipios que hasta ahora no tenían esos servicios y que superan el millar de habitantes.

En el caso de Castellón, la lista de ayuntamientos incluye solo tres: Geldo y La Jana en el interior, y La Llosa en el sur junto a la costa. Más extensa es en Alicante, donde suma 8 municipios: Gaianes, Murla, Vall de Gallinera, Ràfol d’Almúnia, Sanet y Negrals, Daya Vieja, La Vall de Laguar y Llíber.

Junto con la instalación física en esas poblaciones, la hoja de ruta de los bancos contempla aplicar nuevas fórmulas para llegar a las poblaciones de menos de 500 habitantes. Se trata del cashback o cash-in-shop, que permiten usar las tarjetas bancarias para la retirada de efectivo a través de terminales de punto de venta en comercios o, incluso, en los propios ayuntamientos. Según el director adjunto de Investigación del Ivie, Joaquín Maudos, estas fórmulas “son las más eficientes y eficaces. Es una solución barata que no exige grandes inversiones y efectiva porque permite acceder al efectivo”.

Sin embargo, “para municipios más poblados, instalar cajeros es una solución más razonable ya que la elevada inversión y coste de mantenimiento aconseja un mayor tamaño de población. Al final la banca ha diseñado una hoja de ruta que combina diversas soluciones en las que debería colaborar las Administraciones Públicas ya que estamos hablando de un servicio fundamental pero de provisión privada”, añade.

De hecho, la Comunitat Valenciana ya se adelantó con un programa impulsado desde la propia Presidencia de la Generalitat e incluido dentro del plan contra la despoblación por el que se sacó el concurso un acuerdo para subvencionar la instalación, mantenimiento y operación de cajeros automáticos en poblaciones sin servicios bancarios, después de que el cierre de sucursales con las fusiones dejase sin este servicios a muchas pequeñas poblaciones.

Una licitación en la que se impuso CaixaBank, que recibirá 7,8 millones de euros por prestar este servicios. Finalmente el acuerdo incluido en la Agenda Valenciana contra la Despoblación (Avant) ha supuesto la instalación de 128 cajeros automáticos repartidos por 118 localidades y núcleos de población, entre ellos algunos de los de menos de 500 habitantes que no contaban con estos servicios.

A esta iniciativa también se sumará la red de Correos, que ha sellado varios convenios tanto con las patronales bancarias como con la Generalitat Valenciana para aprovechar su capilaridad en todo el territorio. En concreto, el acuerdo entre la Sociedad Estatal de Correos y Telégrafos y el Gobierno autonómico permitirá ampliar esta red de cajeros automáticos con la incorporación de otros 141 nuevos cajeros en zonas rurales vinculados a los establecimientos de Correos.

Estas iniciativas, sin embargo, no supondrá un cambio en la tendencia a adelgazar las redes bancarias. Si en el año 2008 la Comunitat llegó a contar con 5.008 oficinas, su máximo histórico, el pasado eran menos de la mitad, al situarse en 1.766 sucursales. Una evolución que el crecimiento de la banca digital acentuará.

“Anticipo que puede haber ajustes adicionales en los próximos años pero que no va a afectar a la inclusión financiera ya que tendrá lugar en municipios de cierto tamaño que seguirán teniendo sucursales. Creo que es un ajuste lógico que debe ir a más porque España sigue teniendo una de las redes más densas de oficinas de toda la UE, con oficinas de tamaño muy reducido”, apunta Maudos. Según el catedrático de Fundamentos del Análisis Económico “conforme avanza la penetración de la banca online, se pueden cerrar oficinas sin que afecte a la calidad del servicio”.