El precio de una década perdida: 26.000 millones de euros de deuda
Una de las pocas cuestiones en que coinciden los grandes partidos valencianos ya sean de izquierda o de derecha durante la última década es en el despropósito que supone la falta de la reforma del modelo de financiación autonómica y la necesidad de buscar soluciones a la deuda desbocada que lleva generando una fórmula que todos reconocen caducada. Hace unos días el presidente de la patronal valenciana volvía a repetir por enésima vez esa vieja reivindicación de cambiar el modelo de financiación y la condonación de la deuda histórica atribuida a la infrafinanciación durante esos años.
La petición de una solución para el grueso de la deuda autonómica valenciana generada por un modelo que aporta menos fondos y obliga a endeudarse para cubrir servicios sociales similares a los del resto de España no es nueva. Navarro utilizó los datos del Ivie, que cifran en torno al 73% de la deuda total, casi 37.000 millones. De hecho, en esta década se han utilizado todo tipo de sinónimos, desde quita a reestructuración financiera o compensación para referirse a una fórmula que en cualquier causa supondría que el propio Estado, el principal acreedor de la Generalitat Valenciana, renunciase a cobrarla. En 2013, José Vicente González como presidente de Cierval, la entonces patronal autonómica, ya reclamó en público en 2013 una quita de 11.000 millones de euros.
La reclamación y el escaso éxito cosechado desde entonces sigue siendo el mismo, por más que en estos años hayan pasado por la Comunitat Valenciana líderes de los dos partidos que han gobernado y de otros que participan en Gobiernos de coalición llenándose la boca con promesas sobre la reforma de la infrafinanciación valenciana y reconociendo públicamente su injusticia. Lo que no ha dejado de crecer en esta década ha sido el volumen de esa deuda, una bola que ha triplicado su tamaño. En total 26.000 millones de euros más de endeudamiento, el equivalente al presupuesto de todo un año de la Administración autonómica, por no haberse adoptado un cambio en el que todos, paradójicamente, dicen estar de acuerdo, pero para el que nunca existe el momento adecuado por la crispación política o la coyuntura económica.
Si la emergencia por la pandemia, primero, y la crisis energética y de los precios por la invasión de Ucrania, después, han relajado las políticas de rigor presupuestario europea, lo cierto es que el giro de los tipos de interés al alza amenaza con seguir engordando la pesada losa de la deuda valenciana. Un pasivo que supera los 54.000 millones de euros, una herencia para los próximos responsables autonómicos, pero sobre todo para los valencianos que tendrán que asumir los esfuerzos de pagar los altos intereses generados por una década en que sus representantes han sido incapaces de pactar una solución.