Ya tenemos un plan para el sector alimentario
En ocasiones, a pesar de su importancia, todo lo que hacemos con normalidad y de forma cotidiana, nos puede hacer caer en la monotonía y la falta de una perspectiva real de su adecuada valoración. Un reflejo de ello es la amplia disponibilidad de alimentos en una sociedad cada vez más concentrada en grandes ciudades y, paralelamente, más distanciada a todos los niveles (físico, social, cultural, etc.) del ámbito rural donde fundamentalmente se producen estas materias primas.
Una de las grandes lecciones de la pandemia ha sido el amplio reconocimiento como esencial de la actividad de la cadena de valor alimentaria, integrada por los eslabones de multitud de empresas que desarrollan el amplio abanico de actividades, que van desde la producción de alimentos en el campo, a su transformación en la industria y puesta a disposición de diferentes formatos y establecimientos al consumidor final.
Sobre la relevancia del sector agroalimentario en la economía española con una contribución del 10% al PIB no cabe ninguna duda, situándonos como octava potencia mundial en este ámbito. En el año 2021, la balanza comercial agroalimentaria obtuvo un nuevo récord, superando los 18 mil millones de euros, por delante del resto de sectores de la economía española y ayudando a compensar nuestro tradicional déficit comercial exterior.
Las características propias del sistema agroalimentario conllevan un comportamiento anticíclico que le hacen menos vulnerable que otros sectores en situaciones adversas, si bien el sector primario lleva décadas instalado en una crisis estructural y de precios, y el sector de la hostelería y restauración se ha visto especialmente afectado por las restricciones sanitarias.
Además, la salida de la pandemia ha venido acompañada por graves tensiones geopolíticas como la guerra de Ucrania, que está comprometiendo el abastecimiento de cereales e insumos agrarios en el mercado mundial con repercusiones impredecibles que pueden llegar a ser muy graves (hambrunas, crisis migratorias, etc.).
En este contexto, que además contemplaba la necesidad de un cambio de modelo económico y energético adaptado al reto que supone el cambio climático y la necesidad de mitigar sus efectos, desde Europa se ha lanzado un ambicioso plan de inversiones. En nuestro país, el denominado Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PERTE) se articula sobre cuatro objetivos transversales: avanzar hacia una España más verde, más digital, más cohesionada desde el punto de vista social y territorial, y más igualitaria. Se aborda a través de planes sectoriales específicos que, por la importancia económica y estratégica del sector agroalimentario, ha sido uno de los primeros en aprobarse con una dotación inicial de 1.000 millones de euros. Los objetivos fundamentales del PERTE Agroalimentario para el sector son mejorar su competitividad, su sostenibilidad y la trazabilidad y seguridad alimentaria, sobre las que pivotan sus medidas transformadoras, contribuyendo, además, al reto demográfico.
Son numerosos los retos que debe abordar este plan que, sin ánimo de ser exhaustivos, destacarían las crecientes exigencias del consumidor, la amplitud de los requisitos normativos aplicables al sector, la preocupación social por el cambio climático y la salud, el uso de la energía y el uso y aprovechamiento de los residuos, la digitalización y la innovación para ayudar a la competitividad...
Pero el principal reto del PERTE Agroalimentario es, sin duda, la diversidad y complejidad del sistema y la interacción de sus numerosos actores. En el sector primario conviven un millón de pequeñas explotaciones agrarias, en su mayoría, sin relevo generacional de sus titulares y con graves problemas de rentabilidad por falta de dimensión, junto con un creciente interés en los últimos años de fondos de inversión en la adquisición de grandes explotaciones más rentables.
El sector industrial se articula fundamentalmente a través de pequeñas y medianas empresas vinculadas al territorio, si bien también existen grandes corporaciones empresariales con implantación internacional. En el sector de la distribución conviven los canales de distribución organizada a través de grandes cadenas de supermercados e hipermercados, junto con el canal de distribución especializada basada en el pequeño comercio. Este carácter y estructura bipolar de la cadena alimentaria va a condicionar la parte más determinante y crítica del plan, que es su ejecución.
Esta ejecución no debe pasar por la apuesta unívoca de un modelo frente a otro, que haría reducir su diversidad y riqueza empresarial, con posibles impactos negativos a futuro sobre su contrastada resiliencia. Tampoco debe caer en el “café para todos”, aplicando un aparente reparto equitativo de los recursos, que no conduciría a la optimización de los mismos.
En dicha ejecución se debe apostar por las grandes empresas que asuman el liderazgo y protagonismo real de su sector y se conviertan en verdaderas entidades tractoras, así como aquellas pequeñas y medianas empresas ágiles e innovadoras con alta capacidad de adaptación a los profundos cambios que se avecinan.
Especial atención requiere el relevo generacional en las explotaciones agrarias con un fuerte impacto en la vertebración del territorio puesto que, según datos del actual Censo Agrario, un 70% del total de titulares de explotación llegarán a la edad de jubilación en los próximos diez años y solo 36.000 personas son titulares menores de 34 años.
Por tanto, la captación y atracción del mejor capital humano al sector, en todos sus eslabones y niveles, que garantice la continuidad del conocimiento acumulado, así como el nuevo que se tendrá que generar, será clave para el futuro y, ojalá, este plan se recuerde por su contribución a ello.