Francisco Pérez, director de Investigación del Ivie y coordinador del Comité de Expertos en financiación autonómica: “Corregir la financiación debería ir acompañado de corregir el endeudamiento con una condonación”

La sensación que tienen la mayoría de los valencianos con la reforma de financiación autonómica es que los años pasan sin avances. ¿Es así?

Avances hay pocos. El más importante que se ha producido es el reconocimiento del problema, y no es insignificante, porque hubo un tiempo en que se negaba. En estos años ha habido varias circunstancias que han conducido a que eso cambie. Por un lado un trabajo técnico continuado y la toma de conciencia de los partidos políticos valencianos y de los agentes sociales. Pero lo importante es que se solucione el problema y ahí siguen sin darse pasos. El argumento suele ser que se requiere de un amplio consenso que es difícil de conseguir ahora, pero creo que todos pagamos un precio por no hacer reformas que están justificadas. Tiene consecuencias porque retrasa que el despliegue del Estado del Bienestar se haga en las mismas condiciones en toda España.

Desde Valencia se reivindicaba el criterio de población ajustada como base de la reforma. Sin embargo, el informe del comité del que forma parte no considera tan positiva la propuesta del Ministerio

El criterio de población ajustada quiere decir que si queremos que haya igualdad de condiciones financieras para los servicios que dependen de las CCAA el reparto tiene que hacerse de acuerdo con un criterio de necesidad. Lo fundamental es la población, pero puede estar justificado ajustar el número de habitantes para tener en cuenta diferencias relevantes. La Comunitat Valenciana asume la defensa del criterio de población ajustada porque recibe menos recursos de los que tendría por habitantes. Actualmente no se sigue ese criterio, porque aunque una parte del modelo se reparte en proporción a una población ajustada, otras partes responden a otros criterios y desfiguran el resultado de la población ajustada. Por eso se reivindica un criterio de población ajustada razonable y eliminar lo que no es población ajustada del modelo, por ejemplo el statu quo, que supone que si a una comunidad le tocan menos recursos por población ajustada y antes tenía más se le siguen dando los de antes.

¿Qué es lo que critican de la propuesta inicial presentada por Hacienda?

El Ministerio ha elaborado un documento que discute como se podría calcular esa población ajustada, pero no dice nada de una parte muy importante, que es eliminar los otros fondos, porque si no estaremos en las mismas. Los recursos que van por esas otras vías tienen que repartirse también por población ajustada. Además, la propuesta técnica sobre los criterios para calcular la población ajustada tiene una parte que no nos convence. Sugerimos mejoras en lo que tiene que ver con las variables demográficas. Después hay otras variables, que son geográficas, en que los criterios propuestos nos parecen menos convincentes. Y además se plantea otra posible variable: el tamaño de las comunidades para tener en cuenta que las pequeñas podrían tener unos costes fijos que les pesaran más. Con esto último hemos sido muy críticos porque no se concreta la forma de ponderar las variables y algunas de esas posibilidades podrían volver a dar lugar a diferencias de financiación por habitante que nos parecen injustificadas.

Con la propuesta planteada entonces, ¿podría mantenerse la situación de infrafinanciación valenciana?

Dentro de lo que se ha planteado podría volverse a dar una situación de infrafinanciación relativa, pero también dentro de la propuesta se podría dar la solución al problema. Dependerá del cierre de la propuesta. Al final podría pasar que en nombre de la población ajustada se acabaran justificando diferencias de financiación tan grandes como las actuales.

Ha comentado las variables geográficas, ¿qué fórmulas aceptaría para contentar a las autonomías que precisamente alegan mayor gasto por la dispersión de población?

Tienen que ser alternativas razonadas y justificadas. Una variable que está en el modelo actual es la dispersión y es cierto que es un elemento que puede justificar el encarecimiento de algunos servicios, por ejemplo mantener escuelas o consultorios médicos en núcleos más pequeños para no desatender a la población. Lo que hay que medir bien es la variable de que se considera para la fórmula. Actualmente se considera el número de entidades administrativas y sólo Galicia concentra el 50% de estas entidades, lo que condiciona el resultado. En el caso de los costes fijos y el pequeño tamaño nosotros lo hemos estudiado según los gastos en los presupuestos de las autonomías. Los datos que hay nos dicen que no representan más del 0,5% no se puede colocar una cifra para gastos fijos de entre el 1% y el 2%, que suponen 1.000 millones.

Sorprende que el informe de los expertos valencianos cuestiona el criterio de las tarjetas sanitarias emitidas por las CCAA para medir el gasto sanitario.

Ese criterio a priori parece muy razonable. Pero hay una pregunta que tiene sentido. ¿Estamos seguros que en todas partes se sigue el mismo criterio al hacer la estadística? Los datos pueden no ser comparables y por eso es importante depurar las estadísticas. En la información administrativa que no es pública no se produce esa depuración. ¿Se está haciendo con los mismos criterios las cosas en todas las CCAA? Durante la pandemia hemos visto esa situación con las estadísticas y seguro que dentro de Comunitat Valenciana hay los mismos problemas. Nos llama la atención la diferencia que existe entre las cifras de tarjetas sanitarias emitidas y las estadísticas de población a atender, por eso lanzamos esa advertencia.

¿Qué variables consideran más fiables para las necesidades sanitarias?

La que tiene más sentido es la que se maneja de población protegida y equivalente, la población teniendo en cuenta que las edades importan para la intensificación de la demanda de servicios. Una persona a los 70 años es más probable que demande servicios sanitarios que a los 25. Otro debate es el de la población flotante por los turistas, que algunos piden que entre en el cálculo. Sinceramente creo que el sistema más razonable para eso es el que se está aplicando, aunque se aplica mal: que una comunidad que atiende a pacientes de otra facture ese servicio a la región de origen. A estas alturas del siglo XXI no veo justificado calcular unas cifras por estadísticas turísticas o días de estancia, cuando a nadie le atienden en un centro sanitario sin que quede constancia. Si hay retrasos e ineficiencias en el sistema lo que hay que hacer es corregirlo.

Según sus informes la infrafinanciación valenciana es el origen de gran parte de la deuda autonómica. ¿En cuánto la cifran?

En ese cálculo se distinguen varios escalones. Primero sería cuanto hubiera sido menor la deuda si gastando lo que se gastó hubiéramos tenido un nivel de ingresos como la media de las autonomías. Segundo, el conjunto de CCAA han tenido un problema de ingresos después de la crisis financiera, una infrafinanciación generalizada. Tercero, en el caso valenciano se podría arrastrar una infrafinanciación de antes de 2002, cuando las competencias por CCAA eran muy diferentes. Por último, los intereses mayores que ha habido que pagar por la mayor acumulación de deuda. Estos cuatro factores sumarían 37.000 millones de euros, el 73% del total. El resto, 13.300 millones, sería la deuda que no se explica por la infrafinanciación y representaría el 12,6% del PIB regional frente al 48% que tenemos. Desde 2001 apenas habría aumentado en 3 puntos porcentuales frente a los 42 puntos en que ha crecido.

¿Hay soluciones para esa deuda?

En el informe de la Comisión Nacional de Expertos de 2017 yo hice un voto particular porque considero que corregir el problema de la infrafinanciación debería ir acompañado de corregir el endeudamiento. ¿De qué manera? Pues haciendo una condonación, una compensación que solo será eficaz si se corrige el origen del problema, la financiación.

Condonar deuda suena muy fuerte

Una parte de la comisión de expertos estaba de acuerdo y otra parte no. Al final la comisión defendió la necesidad de reestructurar deuda, alargar plazos con condiciones favorables. Otros consideramos que eso no va a ser suficiente por el volumen de endeudamiento acumulado. Y porque el argumento para decir no a la condonación, que es evitar el riesgo moral de que si se perdona la deuda luego se corre el riesgo de que se vuelva a ser irresponsable, tiene una debilidad. En este caso no es que se haya sido irresponsable, es que se tenían menos ingresos. Con ese argumento al final lo que se dice es que por tener menos ingresos de manera injustificada se debería prestar servicios públicos de un menor nivel, y eso es otro riesgo moral: obligar a una parte de ciudadanía a recibir servicios más bajos como consecuencia de una injusticia financiera.

¿Preocupa la subida en los tipos de interés que viene con esa deuda?

Es una amenaza. Si tenemos una deuda de más de 50.000 millones de euros, por cada punto que suban los tipos de interés la carga financiera aumentaría en 500 millones de euros. Si eso va acompañado de un episodio en que las facilidades de financiación de los últimos años no continúan nos veríamos abocados a una necesidad de ajuste que no padecen otras CCAA. Es importante señalar que los niveles de gasto en servicios fundamentales son similares a la media, no inferiores. La infrafinanciación ha generado más deuda porque el nivel de gasto y prestación se ha ido igualando a la media.

¿Es previsible que la inflación se mantenga en niveles elevados mucho tiempo?

La situación económica por la guerra vuelve a ser muy delicada. Hay un factor desencadenante de la inflación, el alza de los precios de la energía, que lo previsible es que tras el primer golpe se vaya digiriendo poco a poco. Pero también hay otra parte, porque la inflación energética afecta a otros sectores y genera la inflación de segunda ronda, que es que la que viene cuando cualquier agente afectado por la inflación, empresa o trabajador, intenta recuperar el poder adquisitivo. Si nos negamos a aceptar que somos más pobres porque suben los precios de la energía que compramos fuera podemos pasarnos mucho tiempo dándonos codazos para que sean otros los que soporten los costes. Las espirales inflacionistas son consecuencia de estos efectos de segunda ronda. Si no hay un esfuerzo para frenar estos mecanismos de los precios mediante pactos de rentas, que es algo lógico, la inflación será más duradera.

La competitividad valenciana es una de las preocupaciones del Ivie. ¿Cuál es el diagnóstico y como se puede mejorar?

Detrás de nuestros problemas de competitividad muchas veces ha habido diferenciales positivos de inflación frente a nuestros competidores. Pero también diferenciales negativos de productividad. Y las causas de esos bajos niveles productivos siguen estando por abordar. Una de ellas es el predominio de empresas muy pequeñas que no aprovechan las economías de escala. Hay que seguir haciendo llamadas de atención a la importancia del crecimiento empresarial. No es que no tengamos líderes, es que tenemos una parte demasiado grande de empresas muy lejos de los líderes en productividad. Hay que insistir en las palancas para mejorarla, como una especialización en la que el uso del conocimiento sea una fuente de generación de valor y en la que el reto de la digitalización también es esencial en todos los sectores y todas las empresas.