Una lentitud exasperante para responder ante crisis extremas
En un mundo en que cualquier acontecimiento se transmite en cuestión de segundos a la otra punta del planeta y en que los efectos económicos se contagian prácticamente con la misma rapidez, sigue sorprendiendo la lenta respuesta de los políticos y las Administraciones a situaciones tan extremas como las que sacuden estos días la economía y la sociedad. Y ello a pesar de la amarga experiencia reciente del coronavirus que agitó a todo el planeta.
La invasión rusa de Ucrania ha sido la estocada final a una crisis de precios energéticos y de problemas en la cadena de suministro que se venían manifestando desde hace meses. Antes de que los bombardeos y los tanques cruzaran la frontera de ese país, factorías como la de Ford en Almussafes llevaban todo el año encadenando Ertes, varias azulejeras también habían tenido que paralizar hornos por los costes del gas o los barcos de Baleària habían renunciado a utilizar el gas como combustible.
De la misma forma que sorprende que la comunidad internacional y Europa no hayan podido hacer nada para frenar una invasión que había sido anunciada semanas antes, la falta de respuesta ante los efectos que la guerra está teniendo en el día a día de las empresas y los ciudadanos valencianos llama la atención. En lo único que parecen ponerse todos de acuerdo es en exigir medidas en aquellas materias que no son de su competencia y, por tanto, no les corresponden.
En el caso valenciano, las únicas medidas no llegan a tiritas para tratar de frenar la sangría económica. El anuncio de la Conselleria de Economía de ofrecer ayudas para las empresas que realizan más del 25% de sus exportaciones Ucrania -que apenas compró 92 millones en un año a la región- para que diversifiquen sus ventas no resuelve nada a los miles de empresas que ahora mismo tienen serias dudas sobre si podrán continuar con su actividad. Otro tanto se podría decir de los préstamos de 10 millones del IVF para exportadores a Rusia, una iniciativa muy limitada ante la realidad.
Hasta ahora el Gobierno de Ximo Puig también mantiene como una línea roja cualquier posible bajada de impuestos. En su lugar defiende utilizar los más de 300 millones dotados para las ayudas directas del Covid a empresas y autónomos, que llegaron un año después que el virus parase la economía, y que no se ejecutaron. Que no se agotasen esos fondos debería haber servido para aprender algunas lecciones sobre la importancia de la celeridad en esos casos. Igual que ahora resulta chocante que el propio Puig prometa acelerar la tramitación de proyectos de renovables, siete años después de llegar a la Generalitat y casi cuatro después de declarar una emergencia climática que se utiliza como arma mediática para paralizar proyectos de inversión, pero no la gestión diaria.