Puertos del Estado: una sede de limitado impacto económico

El presidente valenciano Ximo Puig ha convertido en una de las medidas estrella para avanzar en la descentralización del Estado el traslado de las sedes de instituciones ubicadas en Madrid a otras ciudades españolas. Una propuesta que en el caso valenciano ha focalizado en la mudanza del organismo público Puertos del Estado, la entidad del Ministerio de Fomento que coordina y controla las 28 Autoridades Portuarias que gestionan los 46 puertos de interés general de toda España. Puig basa esta reclamación en la paradoja de que el principal organismo estatal de los puertos se ubique a 350 kilómetros del mar y defiende el peso del puerto de Valencia, que concentra casi el 40% del tráfico de importación y exportación de España y es el mayor puerto nacional en contenedores.

El posible traslado de Puertos del Estado a Valencia tendría un incuestionable efecto simbólico, especialmente por la tradicional concepción del estado radial, con Madrid como centro de todas las decisiones y de las infraestructuras nacionales. Sin embargo, si se analiza el impacto económico para la capital valenciana los números apuntan a un efecto mucho más limitado.

Y es que en el caso de Puertos del Estado ese efecto sede se ve desinflado por el hecho de que el propio sistema portuario se caracteriza por una fuerte descentralización. Es cierto que Puertos del Estado tiene que dar el visto bueno y supervisar a las 28 Autoridades Portuarias, pero es cada una la que gestiona sus ingresos, elabora sus presupuestos y planes de inversiones e incluso tienen capacidad propia de endeudarse. Además, en sus consejos de administración los Gobiernos autonómicos también tienen un importante peso, como la capacidad de nombrar a su presidente y varios de sus consejeros.

Un vistazo por encima de los presupuestos anuales de Puertos del Estado puede generar un efecto engañoso. Para 2022, los Presupuestos Generales del Estado recogen una previsión de ingresos de 1.141 millones de euros y gastos, fundamentalmente personal y de explotación, de 688 millones de euros, además de inversiones por 925 millones. Sin embargo, esos datos consolidados incluyen a las 28 autoridades portuarias, que son las que en la práctica generan los ingresos y deciden y ejecutan el gasto y las inversiones. Si se analizan las últimas cuentas anuales públicas individuales de Puertos del Estado, en las que no se suman las autoridades portuarias, los gastos de personal y de explotación, el dinero corriente que gestiona, es mucho más modesto. En total 31,32 millones de euros en 2020.

Sólo la Autoridad Portuaria de Valencia, que además de los muelles de la capital gestiona los de Sagunto y Gandía, duplicó esos gastos ese mismo ejercicio, con más de 61 millones de euros. Es más, el volumen que supone Puertos del Estado supone prácticamente el importe que la Generalitat Valenciana destina a puertos y costas. La Administración autonómica, que tiene las competencias salvo en los de las Autoridades Portuaria de Alicante, Castellón y Valencia, como los de Dènia o Vinaròs, presupuestó 29,16 millones este año a esa dirección general.

Si se analiza en términos de empleo, el impacto de la mudanza del organismo estatal del Campo de las Naciones de Madrid al entorno portuario de Valencia también resulta muy limitado. Según los datos del cierre de 2020 contaba con 135 empleados, es decir, cinco veces menos que las plantillas que suman los tres entes públicos dependientes de él y que administran los recintos de Alicante, Castellón y Valencia, con algo más de 700 empleados. Unas cifras que sólo incluyen el personal directo vinculado a la administración y no a otro personal portuario, como el de la estiba, otros servicios o los concesionarios.

Efecto sede

Además del efecto directo en gasto y en términos de empleo, otro de los beneficios que suele conllevar el traslado de una sede institucional es la atracción de organismos o empresas que trabajan de forma habitual y continua con él. Por ejemplo, en el caso de la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (Euipo) de Alicante su actividad supuso la instalación en la ciudad de despachos de abogados y consultores especialistas vinculados al sector de la propiedad industrial o los proveedores de servicios tecnológicos. Un efecto arrastre que sin embargo no ha sido tan visible con las grandes entidades bancarias que han instalado su domicilio social, como Bankia primero y CaixaBank después, que siguen teniendo sus sedes operativas corporativas en otras ciudades.

En el caso de Puertos del Estado, Valencia ya existe una fuerte presencia del sector portuario y marítimo vinculado precisamente a los muelles de Valencia. Es el caso de MSC, la naviera con una flota con mayor capacidad de contenedores en el mundo. Además de su filial para España también ha instalado en la ciudad del Turia su firma logística y ha adquirido otras compañías valencianas de transporte. Otro ejemplo es la china Cosco, dueña de la mayor terminal de contenedores, que también se convirtió en dueña de la empresa ferroviaria valenciana de mercancías Logitrén.

Del caso estatal al autonómico

La propuesta del presidente valenciano, que también incluye trasladar parte del Senado a Barcelona, la sede del Tribunal Constitucional a Cádiz, y el Supremo a Castilla y León y el Tribunal de Cuentas a Aragón, choca con la intención del propio PSOE. El presidente de Gobierno, Pedro Sánchez, defiende una descentralización, pero que se aplique sólo a a nuevos organismos. Una fórmula con la que busca evitar polémicas por el traslado de instituciones que llevan años en Madrid. Sin embargo, esa estrategia no ha apaciguado el debate con el anuncio de la Agencia Espacial Española, además de los recelos de los funcionarios que trabajan en esas sedes.

Actualmente el Estado y sus organismos dependientes cuentan con un total de casi 35.000 funcionarios, el 6,8% del total de empleados públicos de la Administración central. Uno de los argumentos del propio Puig para reclamar la descentralización es el fuerte peso del Estado en Madrid, con 150.350 trabajadores, el 29% de su empleo en toda España.

En el caso valenciano, el debate de la descentralización estatal también ha abierto el melón de la concentración institucional en Valencia. Una reivindicación clásica de la provincia de Alicante, que se considera agraviada en el reparto de las inversiones frente a Valencia. En el caso del empleo público autonómico, más de la mitad de los 161.978 funcionarios y empleados autonómicos se ubican en la provincia de Valencia, frente al 12,7% que se localizan en la provincia de Castellón.

Unas críticas que el propio presidente valenciano intenta rebatir con el traslado de la sede de la Conselleria de Innovación a Alicante cuando se creó o la asignación de nuevas entidades y agencias a otras poblaciones, curiosamente el mismo criterio de Sánchez para rechazar la salida de instituciones ya existentes. Este es el caso de la Agencia Antidespoblamiento en Castellón; la Agencia Valenciana del Territorio, en Elche, o la Agencia de Protección Ferroviaria, en Torrent. Otra alternativa que está aplicando la Generalitat Valenciana es la bicefalia de entidades: desdoblar sedes como la de la Entidad de Pública de Aguas Residuales de la Comunitat Valenciana (Epsar) que ha abierto una segunda oficina en Alicante.