Los efímeros fuegos artificiales con las sedes de las agencias estatales
El año 2022 probablemente será recordado por la guerra de Ucrania y los efectos de una crisis inflacionista galopante. Pero en el caso de la Comunitat Valenciana además nos ha dejado dos grandes noticias económicas de calado: la instalación de la gigafactoría de baterías para el coche eléctrico de Volkswagen en Sagunto y la decisión de Ford de asegurar su continuidad en Almussafes con sus futuros vehículos eléctricos.
Más allá de las oportunidades que se abren ahora con la nueva movilidad eléctrica, lo cierto es que Valencia se asegura no perder el tren de la nueva revolución tecnológica en la que es su principal motor industrial y su principal exportación en las últimas décadas.
Por eso llama la atención que después de asegurarse estos dos grandes logros en los que primó la discreción, la Generalitat Valenciana que preside Ximo Puig apuntase buena parte de su artillería en el objetivo de conseguir dos de las nuevas agencias estatales con las que Pedro Sánchez pretende contentar a los que, como Puig, reclaman más descentralización. El Gobierno valenciano de coalición de izquierdas se lanzó a la arena pública con la bandera de ganar la puja por las sedes de la nueva Agencia Espacial Española para Elche y de la Agencia Estatal de Supervisión de la Inteligencia Artificial en Alicante.
En ambos casos, después de que los fuegos artificiales se convirtiesen en pólvora mojada y que Sevilla y A Coruña fueran las elegidas, respectivamente, se ha corrido un tupido velo sobre las supuestas iniciativas para liderar ambos sectores. La presencia de las dos grandes ciudades alicantinas en esa carrera parece más un intento de sumar votos de cara a las próximas elecciones en el tradicional bastión del PP que a una apuesta sólida. Especialmente en el caso aeroespacial, donde el propio sector reconoce que el peso de la industria valenciana es mínimo y se concentra en startups, con mucho potencial, pero que aún deben cuajar.
No sólo eso, curiosamente desde el propio Gobierno valenciano paradójicamente se ponen pegas a que las empresas de este sector puedan recibir ciertas ayuda y créditos del IVF con la inclusión de cláusulas en las que se excluye textualmente a empresas dedicadas a la fabricación de “material militar o policial” que compara con la producción de “armamento, armas y munición”. Algo que hace muy difícil, por ejemplo, que se pueda considerar a proveedores de Airbus, que también tienen una división militar, o los astilleros Navantia, propiedad del Estado. Paradójicamente, la empresa que más ayudas autonómicas directas recibe, Ford, provee de sus coches policiales a fuerzas policiales como la del propio Ayuntamiento de Valencia o la Unidad del Cuerpo Nacional de Policía adscrita a la Generalitat Valenciana, que depende de los presupuestos del Gobierno del Botànic.