Contar con el transporte en el camino hacia las cero emisiones

Este nuevo año viene cargado de incertidumbre. Nos encontramos en un escenario en el que los precios siguen disparados, se está produciendo una contracción del consumo y algunos sectores están notando el descenso de su facturación o de sus operativas. Además, recordemos que 2023 es año con elecciones municipales, autonómicas y nacionales y no sabemos qué fuerza política gobernará y que supondrá -si lo hay- un cambio de color en la composición de los gobiernos. Lo que sí sabemos es que en este 2023 la economía necesita acciones, concretas y reales, alejadas de programas electorales.

Para el sector del transporte, este año también augura cambios. Y entre estos cambios la Ley 7/2021 de Cambio Climático y Transición Energética impone la llegada, a nivel nacional, de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) a las ciudades de más de 50.000 habitantes. El propósito de la implantación de estas áreas es, según el Gobierno central, reducir la contaminación del aire y conseguir un parque de coches y vehículos sin emisiones de dióxido de carbono en 2050.

El Ayuntamiento de Valladolid ya ha presentado la ordenanza que regula su ZBE y el de Bilbao ha empezado por medir la contaminación que emiten los vehículos de la ciudad. En el caso de la capital del Turia, la Junta de Gobierno del Ayuntamiento también está dando pasos hacia la implantación de la ZBE: recientemente ha adjudicado el contrato para el suministro del sistema de gestión y control de la zona en un plazo de ejecución de dos años.

Hay varios modelos en la implantación de la ZBE que van desde la prohibición absoluta del acceso en función del etiquetado medioambiental del vehículo hasta la limitación de acceso y el pago de una tasa conforme al nivel de emisiones. Aunque en València no está definido el modelo, los transportistas valencianos, al igual que los que operan en Madrid y Barcelona, tenemos claro una cosa: no podemos transitar hacia las 0 emisiones sin tener en cuenta la realidad del transporte pesado.

Dentro de la industria del transporte, existen subsectores más afectados por estas zonas. La restricción de acceso en función del etiquetado medioambiental del vehículo afecta principalmente a los servicios de mudanzas, de distribución urbana de mercancías y a las operativas de grúas que representan, según la Federación Valenciana de Empresarios del Transporte y la Logística (FVET), el 25% de las empresas transportistas valencianas asociadas.

Precisamente, las grúas y los vehículos que realizan mudanzas o proveen de suministros a hoteles, restaurantes y cafeterías tienen ciclos de renovación muy largos. Por ejemplo, según comenta el presidente de la Asociación de Empresarios de Grúas que pertenece a FVET, Fran Alapont, el plazo de amortización de la inversión de una grúa es superior a 7 años. Pensar que puede haber una normativa que dificulte la entrada a la ciudad de estos vehículos en un horizonte inferior a esos 8 o 10 años nos parece una barbaridad, más aún cuando no tenemos una alternativa viable a los motores diésel EURO 6 de última generación.

Y es que a todos se nos llena la boca al hablar de alternativas a los combustibles fósiles, pero nadie conoce, bien de cerca, cuál es la realidad de estas alternativas en los vehículos pesados, qué viabilidad tienen y si realmente son menos contaminantes que algunos modelos de vehículos de última generación. Si nos ponemos a analizar con detalle la realidad, podríamos decir que los vehículos eléctricos tienen escasa implantación en el mercado de vehículos pesados -a lo que se suman las demoras de hasta un año en la entrega- el gas está disparado y hablar de hidrógeno hoy es ciencia ficción.

Frente a esta realidad, para poder garantizar la continuidad de las operativas en las ciudades, la Federación ha reclamado que se fije un periodo de transición para renovar las flotas, que contemple la realidad del sector en un horizonte en el que sea rentable y realista para nuestros vehículos circular propulsados por alternativas al gasoil no contaminantes.

Y, en paralelo, necesitamos que se incrementen las ayudas para las empresas que tienen dificultades para realizar la transición hacia las 0 emisiones. Se quiera o no, la mayor parte de mercancías son transportadas por camión en España. El tren nunca va a sustituir al camión puesto que nunca va a llegar a la puerta de una casa, de un restaurante o de un establecimiento comercial. Y menos en una ciudad.

Además, como parte de las reivindicaciones que hemos presentado al Ayuntamiento, también demandamos una infraestructura adecuada para poder realizar eficazmente las operativas en esta zona. En concreto, reclamamos más plazas de uso exclusivo para carga y descarga de la mercancía y que estas puedan ser monitorizadas por los transportistas para controlar su disponibilidad y tiempo de utilización.

En definitiva, mientras se está definiendo el modelo de ZBE, pedimos que se considere nuestra actividad que, entre otras cosas, permite abastecer de medicamentos, alimentos y otros productos de primera necesidad a particulares y a empresas. Se trata pues, de reivindicaciones que pretenden conjugar, con sentido común, la necesidad de reducir las emisiones y la realidad de nuestro sector que, aunque algunos estén muy interesados en difundir lo contrario, está también preocupado por el medio ambiente.

Independientemente de que se atiendan o no nuestras demandas, FVET seguirá velando porque el sentido común impere: para que el cambio sea colectivo, se necesita involucrar a todos los colectivos y ser agentes facilitadores de este horizonte común. Estamos dispuestos a caminar juntos hacia las 0 emisiones. Pero para ello, precisamos de la colaboración, con acciones reales y asumibles, de las administraciones. Quizá sea un buen año para que la política se suba al camión y conozca la realidad.