Carrera contrarreloj para que las plantas renovables vean luz

La tramitación de las plantas de energías renovables, fundamentalmente fotovoltaicas, se ha convertido en un atolladero para los socios de la Generalitat Valenciana tras años de atasco en la tramitación y las polémicas entre los departamentos de la propia Administración y la propia visión sobre cómo se deben implantar estas energías. El propio presidente de la Generalitat, Ximo Puig, ha tirado de galones para intentar que se vea la luz al final del túnel y evitar una situación que podría generar pérdidas millonarias no sólo para los promotores, sino también para la propia Administración valenciana, que tiene sobre la mesa 391 solicitudes de autorización de instalación de plantas de renovables con una capacidad de 5.500 megavatios.

El propio presidente valenciano ha prometido que los 64 expedientes pendientes que se iniciaron antes de 2020 y que pueden perder los avales depositados y los derechos sobre los puntos de conexión serán resueltos antes del 25 de enero de 2023, tal y como estableció el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Ese era el plazo máximo fijado por el decreto del Ministerio para que obtuviesen los permisos requeridos y si la Administración valenciana no daba respuesta a ellos podía encontrarse con un aluvión de demandas de los promotores.

Desde el sector se apunta que las empresas perjudicadas podrían reclamar en los tribunales no sólo los avales abonados, sino también indemnizaciones por el valor de los proyectos que no han llegado a realizarse y que podrían llegar a suponer 1.000 millones de euros.

Puig ha dejado claro a los consellers responsables de los tres departamentos que participan en las tramitaciones -Política Territorial, Economía y Transición Ecológica- que se trata de una prioridad. En un momento en que el presidente valenciano trata de sacar rédito a la llegada de inversiones como Volkswagen y defiende la estabilidad y seguridad jurídica para atraer a empresas, el bloqueo a las renovables es una espina clavada.

Para tratar de derribar los obstáculos de parte de las filas de Compromís en el Consell, la Abogacía de la Generalitat ha emitido un informe en el que también reconoce la posibilidad de esas reclamaciones judiciales y considera que con la normativa actual no son necesarios algunos requisitos ambientales exigidos por la Dirección General de Paisaje. Un documento alentado desde la propia Conselleria de Política Territorial, que la semana pasada aseguraba que ha informado favorablemente de proyectos de energía renovable que suman 763 megavatios, entre los que se incluyen proyectos de plantas fotovoltaicas y de plantas eólicas. En apenas una semana los expedientes que han pasado el filtro se han incrementado en 334 MW.

Lo que no está tan claro es que ocurrirá con los proyectos posteriores a 2020. Después del pulso de socialistas y Compromís por las renovables, la Generalitat ahora ha anunciado que diseñará un mapa para establecer zonas de preferencia para la instalación de plantas de energía renovable, cuya autorización se concederá de manera inmediata. Algo que, como mínimo, necesitará de 6 meses más, si las elecciones no lo retrasan de nuevo.