La dependencia eléctrica valenciana al alza pasa factura

El modelo energético es una eterna asignatura pendiente que vuelve a saltar a la palestra en cada crisis. Y la guerra en Ucrania con los precios del gas y la electricidad por las nubes ha vuelto a poner de relieve la urgente necesidad de actuar en uno de los pilares básicos de cualquier actividad económica y social. En el caso valenciano, con la nueva crisis se ha vuelto a poner de manifiesto el pobre balance en el desarrollo de fuentes de electricidad alternativas, pese a que paradójicamente el Gobierno del Botànic que gestiona la Generalitat presume de su ecologismo y de la lucha contra el cambio climático como eje de sus políticas.

Sin embargo, si se toman los datos del sistema que publica Red Eléctrica de España, la Comunidad Valenciana a día de hoy es más dependiente que hace una década de la electricidad que se produce fuera de su territorio. Una peligrosa tendencia si se tiene en cuenta que buena parte de la estrategia para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero pasa precisamente por incrementar la electrificación, es decir, de más consumo.

El año pasado, la demanda de la Comunidad Valenciana se situó en 27.050.685 megavatios hora (MWh), un 4,6% más que en 2020, en que la pandemia redujo el consumo, y ligeramente por debajo de los niveles de 2019 y 2018. Por su parte, la energía eléctrica producida en la región alcanzó los 17.917.862 MWh, un 6,3% menos. El resultado fue que la Comunidad Valenciana necesitó importar 10.926.530 MWh. Un “saldo de intercambios”, como lo define REE y que incluye las pérdidas en la red de transporte, que supone el 40% de la demanda de la región en todo 2021. Por tener una idea de lo que representa, la central nuclear de Cofrentes aportó el 45% de la producción de la región con 8.061.212. MWh. Es decir, sería necesaria otra planta similar para poder acercarse a la electricidad que se importa.

Según los datos oficiales de la propia REE de la última década, el saldo de intercambios o la electricidad que se importa para hacer frente a esa falta de energía propia, creció un 36,7%. Esta dependencia energética no es nueva. En su día, los Gobiernos del PP en la Generalitat ya habían prometido poner fin a esta situación. Para ello confiaban fundamentalmente en las plantas de ciclo combinado, que utilizan el gas natural como combustible y que durante este siglo se han instalado en Castellón (Iberdrola) y Sagunto (Naturgy). Sin embargo, los costes medioambientales y del propio gas han mermado su actividad. Aunque aportaron el 19,4% de la producción valenciana el año pasado, estas plantas han pasado a tener un papel fundamentalmente de refuerzo para producir cuando las condiciones meteorológicas reducen la generación eólica, solar o hidráulica.

Es precisamente en esas energías renovables donde el crecimiento de la generación eléctrica valenciana ha sido casi nulo en la última década, a pesar a que el propio Gobierno valenciano aprobó una declaración de emergencia climática en 2019. De hecho, los objetivos marcados por la Administración autonómica para 2020 no se llegaron a cumplir. Una falta de desarrollo que contrasta con el de otras autonomías vecinas, cuyos parques eólicos y fotovoltaicos se están convirtiendo en la fuente de suministro de hogares, comercios e industrias valencianas.

Con el Botànic, entre 2015 y 2021 apenas se han conectado parques solares fotovoltaicos con 57 MW de potencia y un parque eólico de 50 MW. Así, la potencia eólica hoy en la región es de 1.243 MW (cinco veces menos que en Aragón) y la solar fotovoltaica conectada de 405 MW (tres veces menos que Aragón y menos de la mitad que Murcia). Desde hace años existe un aluvión de proyectos atascados en su tramitación que suman 12.000 MW según la propia Generalitat.

Una situación que denuncian empresas como la valenciana Genia Global, que tras años de trabajo para desarrollar el proyecto Valle Solar con 300 MW en los municipios de Jarafuel y Zarra, con el respaldo de los ayuntamientos, sigue con el proyecto bloqueado pese a contar con la Declaración de Impacto Ambiental aprobada. “Estos proyectos se ven rehenes de guerras ideológicas”, asegura el CEO de Genia, Gabriel Butler, tras años de retraso en una planta que supondría 200 millones de inversión y cuyos costes de producción serían muy inferiores a los del mercado actual marcados por el precio del gas.

El Ejecutivo, que hace menos de dos años aprobó un decreto para “acelerar la implantación de instalaciones para el aprovechamiento de las energías renovables por la emergencia climática y la necesidad de la urgente reactivación económica”. Una normativa cuyo fracaso reconoce la propia Generalitat al tener que incluir en el decreto ley de medidas urgentes ante la crisis por la guerra de Ucrania de nuevo otras medidas para simplificar los procedimientos administrativos y eliminar trabas burocráticas para la instalación de plantas de energía renovables. Según la Administración, estos cambios deben permitir reducir en un año el tiempo de tramitación de las autorizaciones para la instalación de energías renovables, aunque limitados a los de menos de 10 MW de potencia.

Un panorama en el que tampoco hay que perder de vista que la actual planificación energética contempla el final de la energía nuclear en España, con lo que la central de Cofrentes debería parar en 2030. Una desconexión para la que ahora mismo no parece que haya fuentes alternativas aseguradas en la región. Hay que tener en cuenta que existe una gran diferencia entre potencia instalada y la capacidad de producción. Por ejemplo, aunque los parques eólicos superan en potencia instalada a la nuclear de Cofrentes, esta planta produjo el año pasado casi cuatro veces más que todos los molinos de viento de la región. Un ratio que aún es menor en las placas solares.