Rafael Nava, presidente del Colegio de Auditores de la Comunidad Valenciana: “La opinión de los profesionales es que hasta finales de 2022 no vamos a ver la recuperación”

Desde 2016 Rafael Nava (Madrid, 1961) preside el Colegio Oficial de Censores Jurados de la Comunitat Valenciana. Según el también director de auditoría de Auren que lleva 30 años en Alicante, en la región trabajan 480 profesionales y 470 firmas de auditoría. que realizaron unos 6.000 informes de auditoría el año pasado.

¿Cuáles son los efectos que han percibido los auditores en los balances y cuentas de las empresas valencianas con la crisis?

La paralización de la economía por el Covid ha afectado por supuesto a los resultados de las empresas de la Comunitat Valenciana. La mayoría han tenido que introducir cláusulas en sus contratos con proveedores, suministros o con sus entidades financieras para evitar situaciones de riesgo, o reflejar las medidas laborales como los Ertes. Los aspectos que más se han visto afectados en la información contable han sido los relacionados con el reconocimiento de ingresos, los gastos financieros, la valoración de los activos que se han tenido que deteriorar y la revisión de las valoraciones patrimoniales. En las auditorías que acabamos de cerrar, las del ejercicio 2020, hemos tenido que poner una especial atención en los casos en que la pandemia ha llevado a las empresas a situaciones límite, en las que se generan dudas significativas sobre el principio de empresa en funcionamiento. Es decir, determinar quién va a poder aguantar. En la Comunitat Valenciana hemos tenido sectores muy afectados, como el turístico y el horeca. Por eso ha sido fundamental nuestro papel como auditores, que somos quienes hemos de manifestar si hay riesgo inminente de cierre o liquidación de una empresa.

¿Cómo ha sido el trabajo de los auditores valencianos en ese contexto? ¿Se han acumulado retrasos en las cuentas este año?

Hemos terminado un año muy duro, porque las moratorias del Gobierno para presentar las cuentas de 2019 han tenido el efecto de alargar la campaña en el tiempo. Se han terminado depositando casi en noviembre de 2020. Eso ha supuesto que este año hemos tenido que hacer en 8 meses lo que hacemos en 12 y ha exigido un sobreesfuerzo y tener que cambiar la forma de trabajar habitual, porque nuestra labor requiere de la presencia en las empresas. Pero se ha conseguido que este año el 98% de las empresas hayan cumplido con su obligación de depositar sus cuentas en junio y eso lo dice todo.

¿El regulador ha modificado o ha permitido flexibilizar los criterios del auditor precisamente por la situación creada por la pandemia?

No ha sido tanto una cuestión de flexibilidad, porque las normas están ahí y la regulación contable ha sido actualizada recientemente y es amplísima. Con las mismas normas lo que ha habido es un proceso de interpretación legislativo-normativo que ha permitido adaptar la norma a esa situación real que se estaba viviendo. Un ejemplo muy claro, muchas empresas han sido beneficiadas con exenciones en cotizaciones a la Seguridad Social. ¿Esto es un menor gasto de la Seguridad Social o es una subvención implícita del Gobierno a todas las empresas? Es una cuestión de interpretación, pero si yo tengo una ayuda que me exoneran del pago lo he de tratar como una subvención. No hemos cambiado la regulación, la hemos adaptado tanto empresarios como auditores al escenario que teníamos delante.

¿Los fondos Next Generation son ahora la gran esperanza para las empresas?

Estamos empezando a ver brotes verdes en los datos de coyuntura y el inicio de la recuperación, aunque a lo mejor no lo rápido que quisiéramos. Lo que ahora pide el sistema económico es un esfuerzo colectivo por parte de todos para lograr preservar nuestra capacidad productiva y el empleo. El plan de ayudas nos debe permitir reorientar los esfuerzos de los sectores que se han visto más afectados, centrar el foco en aquellas palancas que van a contribuir a la reactivación de toda la cadena de valor del sistema económico valenciano, a mantener su competitividad y a su transformación y modernización digital. Nos debe permitir ver la luz al final del túnel con optimismo porque ha sido una crisis tan especial que debemos partir de cero y poner los fundamentos y las bases del sistema económico futuro. No son ayudas a fondo perdido si no para reenfocar todo el plan estratégico de nuestra economía.

¿Tendrán repercusión a la hora de elaborar las cuentas de las empresas los próximos años?

No se espera que el impacto de los fondos Next Generation en el tratamiento contable sea muy relevante. La normativa contable actual en cuestiones de ayudas y subvenciones contempla perfectamente como deben reflejarse y no debería suponer ningún problema.

¿Las medidas tomadas por el Gobierno y las ayudas directas planteadas por la Generalitat Valenciana para paliar la crisis se han dejado notar en los balances y las cuentas de resultados de las empresas?

Estamos en proceso de valoración de ese impacto. Ha habido esfuerzos y ayudas muy importantes en dos ámbitos. Por un lado, ha habido una crisis de costes, que se han tenido que adaptar. Para esa parte estructural, las ayudas han venido sobre todo por la parte de los Ertes y de la regulación laboral, que ha tenido un impacto positivo, aunque eso no supone que haya permitido absorber toda la caída de ingresos. El segundo gran paquete de ayudas ha sido todo el tema financiero, por la crisis de liquidez tremenda, con los préstamos ICO y los avales del IVF en la Comunitat Valenciana. Los auditores hemos tenido un papel importante que jugar a la hora de presentar garantías de viabilidad y continuidad de que esa financiación permitiese reflotar las empresas. En algunos casos aún estamos viendo que va a pasar si han sido suficientes o no esas ayudas.

¿Ya se puede dar por hecha y encauzada la recuperación?

La opinión de los profesionales de la auditoría de la Comunitat Valenciana es que hasta finales de 2022 no vamos a ver la recuperación, según la encuesta del Colegio. Nos queda aún un largo camino que recorrer, estamos empezando a salir de la pandemia. La crisis del Covid ha hecho mucho daño, a algunas empresas les costará más y algunas ni las recuperaremos.

Precisamente una de las claves de las ayudas era que se concediesen a empresas con viabilidad frente a las que no la tiene.

Cada vez más en la financiación de los ICO se ha pedido a las firmas profesionales y a los colegiados informes específicos para los préstamos. Con los fondos europeos la filosofía es distinta, no es una ayuda puntual a un déficit financiero, es cómo voy a cambiar mi estructura y mi negocio para transformarlo y ganar competitividad o digitalizarme. Nuestra labor va a ser, primero definir sí es elegible esa empresa para cumplir ese objetivo y recibir fondos. Y segundo, si se ha cumplido ese objetivo para cambiar su estructura y paliar la crisis.

¿Cómo ha evolucionado la empresa valenciana en el cumplimiento de la información financiera y la transparencia?

Ha mejorado mucho. La empresa valenciana esta sensibilizada de la necesidad de ofrecer al mercado información transparente y fiable sobre su negocio y sus finanzas. Hasta el punto que uno de cada cuatro informes de auditoría que se elaboran es de carácter voluntario. Ya no es solo la preocupación por cumplir con la ley de auditoría, hay una sensación de que es necesario para dar seguridad. En estas dos crisis económicas, la de 2007 y la del Covid, el empresario se ha acostumbrado a que necesita de una auditoría para dar seguridad a clientes, proveedores y entidades financieras, porque se lo ha exigido así el mercado. Se percibe como un valor añadido importantísimo para la empresa y eso ha calado después de muchos años de trabajo.

Cada vez más empresas valencianas tienen también la obligación de presentar sus informes públicos de información no financiera.

En el 2021 estimamos que unas 500 empresas valencianas más tendrán que presentar el informe de información no financiera. Parte de la verificación de esa información, que incluye criterios de sostenibilidad, de desarrollo corporativo, prevención del fraude y lucha contra la corrupción, también corresponde a los auditores. Si a eso le añadimos los cambios regulatorios que se avecinan desde Bruselas, con la adaptación de la directiva para modificarlo a lo que se convertirá en el informe de sostenibilidad, cada vez esos apartados van a tener más peso en las memorias de las empresas. La sociedad y los agentes económicos están demandando no que cuentes cuánto has ganado, sino cuánto vas a ganar y cómo lo vas a hacer desde el punto de vista de la sostenibilidad. El reto ahora es aplicar los mismos requerimientos de exigencia, transparencia y calidad que se utilizan en la información financiera para que se empleen en verificar la información no financiera, porque la economía y la sociedad cada vez lo valoran más.

Ese cambio exigirá a los auditores también una reconversión

Tenemos que tenerlo muy en cuenta en nuestros planes de formación. La directiva de sostenibilidad establece que no es solo papel del auditor, también entidades de certificación se podrán dedicar a esta verificación. Lo que es muy importante y trasladaremos al regulador es, ojo, pero que las reglas sean las mismas para todos. Porque si el mercado percibe que los informes de sostenibilidad de auditores no llevan el mismo marchamo de calidad y exigencia que el de otros operadores, mal papel vamos a hacer al objetivo de esta directiva europea. Con la experiencia con la información no financiera ha habido de todo. En el caso de los auditores teníamos el camino marcado por el Instituto de Censores, pero otros profesionales que pueden realizarlo no tienen ninguna norma obligatoria, sólo la experiencia. Y esa normalización en el tema de los indicadores de sostenibilidad para poder compararlos es algo en lo que ya está trabajando el regulador porque muchas veces no están claros cómo se obtienen.

En los últimos años algunos de los concursos de auditoría de las empresas públicas de la Generalitat han quedado desiertos, ¿van a plantear a la Administración ese problema?

Nuestro mensaje es siempre el mismo. No pueden pretender apoyarse en los profesionales de la auditoría para ayudarles en su labor de control y supervisión presupuestaria, y luego sacar unas licitaciones que tiene el efecto de que quedan desiertas porque no pueden afrontarse unos mínimos de calidad con unos precios de 20 euros la hora. Tanto a nivel autonómico como a nivel local los concursos salen con unos precios en los que es muy difícil ofrecer una cierta fiabilidad y una seguridad mínima.

¿Cuáles son los retos de los auditores valencianos tras el Covid?

Hay cuestiones que también nos van a afectar en digitalización. Desde el ámbito del Colegio estamos dando apoyo a los auditores en dos procesos. Uno es el de la modernización y la digitalización. El otro es el de promover movimientos de concentración, un auditor individual cada vez lo va a tener más difícil para poder abordar las exigencias regulatorias y de mercado por eso estamos interesados en que los auditores y las firmas más pequeñas hagan piña para abordar esos procesos cada vez más exigentes.