Vicent Soler, Conseller de Hacienda: “Necesitamos los 1.000 millones del fondo Covid para no entrar en una fase de recortes”

Tras una frenética negociación de los presupuestos de 2022, el conseller de Hacienda reconoce que le preocupa acudir a las partidas reivindicativas año tras año, pero lo defiende como única opción para mantener el gasto social. Soler se muestra optimista en la financiación autonómica y defiende el impuesto de Patrimonio.

Seis años después de la llegada del Botànic al Consell la infrafinanciación sigue siendo el gran problema valenciano, ¿cómo se explica?

Es valenciano, pero también es un problema de Estado porque se incumple la propia Constitución. Que haya ciudadanos españoles con menos recursos para los servicios públicos fundamentales deja de ser un problema local para ser estatal. Ha habido una inercia de los Gobiernos de mayoría absoluta y luego todas las complicaciones con gobiernos en minoría y con la pandemia. Está claro que esto es una anomalía democrática, no puede ser que cinco millones de personas tengan una situación peor que la media.

Soy optimista, creo que se dan las condiciones para que haya reforma en un marco de debate muy distinto al que tuvo Aznar en 2002 o Rodríguez Zapatero en 2009, porque hay un convencimiento general de que hay un problema de suficiencia previo. Es un problema de dotar de más recursos a todas las comunidades en la medida en que cada día tienen más necesidades para temas fundamentales como sanidad, educación o dependencia. En estos momentos la sensación es que no hay suficientes recursos para las autonomías. Y ello puede permitir que además de dar respuesta a la suficiencia, también se aborde la equidad, que tiene que ver que con que haya recursos para que los que estamos mal mejoremos sin que empeoren los que están mejor y todos ganemos.

La propuesta valenciana pasa porque la población sea el criterio fundamental, aunque con algunos ajustes

Sí. porque el sistema actual es muy confuso y complejo, y por lo tanto opaco. Queremos un sistema sencillo, claro y transparente y que se avenga a las necesidades de las CCAA para satisfacer los servicios públicos básicos. El criterio fundamental de distribución tiene que ser la población, lo que pasa es que las características en cada territorio tienen que tenerse en cuenta, como el envejecimiento o la dispersión.

Ya han tenido reuniones con varias CCAA, ¿ha habido avances para alinearse?

Todo el mundo sabe que con el status quo actual hay algunas que están mejor financiadas. Si nos comparamos con la mejor financiada son 30 puntos de diferencia, eso nadie lo puede explicar. Pero cuando más hablas más te das cuenta que todos queremos lo mismo. Cuando hablamos a la cara, los principios del sistema no hay discrepancias de fondo, son todos de detalle, no pretendemos mejorar a costa de ellos.

Varias autonomías reclaman como criterio el coste de servicio público por habitante

Lo que hay que hacer es números, al final es exactamente lo mismo. No estoy en contra de ningún criterio siempre que la financiación sea justa, para que con competencias homogéneas todos tengamos los mismos recursos. Lo de menos es como se llame el concepto.

La otra cuestión pendiente es la elevada deuda por los años de infrafinanciación.

Desde la perspectiva valenciana la nueva etapa de financiación se ha de abrir con dos frentes cerrados. Uno es el de la suficiencia y el de la equidad del nuevo modelo. Pero también que se compense la parte de nuestra deuda acumulada originada por la infrafinanciación. No toda la deuda se debe a esa falta de recursos, nadie discute que los valencianos tenemos que pagar los excesos que se han producido. Pero no sería justo que la parte generada por los déficits asimétricos quedase como una mochila de piedras que nos impida andar.

El Ivie cifra en cerca del 50% la infrafinanciación, ¿coincide con sus cálculos?

Efectivamente, estamos ajustando las cifras con el Ivie para fijarlo, aunque no es fácil técnicamente. Con eso conseguiríamos la justicia fiscal y financiera, y podríamos volver a los mercados financieros. Ahora tenemos que financiarnos a través del FLA y del extraFLA y eso se tiene que superar. Debemos tener la suficiente autonomía para enfrentarnos a los mercados financieros y que evalúen para qué son los préstamos y en qué te lo gastas. Creo que en eso los mercados son fundamentales, pero con la deuda actual es imposible, no hay mercado que te acoja cuando tenemos 51.000 millones de deuda. Queremos salir a los mercados y responsabilizarnos.

¿Hay alguna propuesta en firme para esa quita de deuda?

La palabra quita no nos gusta a los economistas, porque se habla de riesgo moral y no es aplicable. Estamos hablando de una Administración que no es soberana, que depende de otras y que no ha querido gastar más que los demás, si no gastar como los demás, como la media. Si no nos llegan los ingresos per cápita lo tenemos que cubrir con deuda, que es lo que no queremos.

La Generalitat ha incluido en sus presupuestos de 2022 el fondo transitorio del Covid que el Ministerio de Hacienda rechaza. Parece que tienen más apoyo en la oposición, que ha aprobado una enmienda para incluirlo, que en el propio Gobierno central.

Nosotros necesitamos esos 1.000 millones, es la única manera de no entrar en una fase de ajustes y recortes que creemos que sería injusta porque queremos que la nueva normalidad sea mejor que la vieja normalidad, sobre todo en los servicios públicos fundamentales. No se trata de mantener todos los recursos extraordinarios de la pandemia, pero sí mejorarlos respecto a la prepandemia. Y eso supone consolidar una parte de los recursos extraordinarios de estos años. Como durante 40 años el sistema de financiación no ha seguido las pautas de las necesidades, que han crecido en los tres pilares del Estado de Bienestar: sanidad, educación y políticas inclusivas, que son responsabilidad de las CCAA.

Ese fondo y la tradicional partida reivindicativa por la infrafinanciación suman 2.300 millones de ingresos en el aire. ¿Supone reconocer que será imposible cumplir el déficit?

Claro, yo siempre he reivindicado en el Consejo de Política Fiscal y Financiera un déficit asimétrico porque somos la comunidad autónoma peor financiada de España. Y tenemos las mismas obligaciones, pero no los mismos recursos. ¿Queremos maltratar a cinco millones de personas? Esa es la pregunta. El mal menor es el FLA, ahora somos una de las administraciones más austeras, pero seguimos aumentando la deuda porque no vamos a renunciar a que nuestra gente tenga las mismas condiciones de vida .

La ministra de Hacienda ha hablado de presupuestos inflados en el caso de Andalucía por el fondo Covid. ¿No temen que recurrir a esas partidas sin fondos puedan provocar recelos o sanciones de Bruselas?

En el medio y largo plazo por supuesto que me preocupa, sobre todo si estas condiciones extraordinarias de relajación de las medidas de estabilidad de Bruselas acaban el año que viene o el otro. Pero, ¿cuál es la alternativa? También es verdad que la historia no explica el futuro y Europa ha tenido claro que la salida de esta crisis no podía ser la de la anterior y por eso los países del sur tenemos más fondos para la recuperación. Europa ha aprendido la lección y hoy es más realista y por eso entiendo que se entenderá la situación de cada país.

La negociación de los presupuestos con Compromís y Podemos se ha alargado más que otros años, ¿hay más tensión?

Las tensiones las hay en cualquier Gobierno en la confección de los presupuestos, pasa incluso en los ejecutivos monocolor, y la sustancia ha sido la misma que en años anteriores. Es algo legítimo que pasa en todos los gobiernos del mundo. A la hora de la verdad y pese al ruido exterior, por séptima vez hemos cerrado un acuerdo, algo que no ha logrado ninguna otra administración.

Tras el acuerdo Compromís y Podemos vuelven a plantear en el debate parlamentario la tasa turística, ¿qué le parece?

La tasa turística no se puede demonizar, media Europa tiene tasa turística, pero depende del modelo turístico, no es una medida fiscal, es una medida de política turística. En la Comunitat Valenciana tenemos diversos modelos, por ejemplo el contraste entre Benidorm, basado en precios, y Valencia, basada en diferenciación. A mí me parece que es inconveniente hacer un sólo concepto de tasa turística para el conjunto del territorio. Y creo que al ser una medida de política turística se ha de acordar con el sector, puede que el de Benidorm no lo vea ni en pintura, pero otros lo vean interesante. Y en último caso hay que valorar donde estamos: en la salida de una crisis que ha afectado sobre todo a sectores como el turismo, es una situación muy delicada y hay que buscar el momento oportuno, que ahora no lo es.

Recientemente se presentó el informe de expertos para la reforma fiscal autonómica, ¿suscribe sus propuestas?

Los expertos han confirmado la línea de trabajo previa del Consell y las medidas que implantamos en 2017. El debate no es subir o bajar impuestos, se trata de ver que nivel de Estado del Bienestar quieres y que esfuerzo fiscal hacer para ello. Cuando llegamos al Consell teníamos en el IRPF el sistema más regresivo de España e hicimos una reforma para hacerlo más progresivo y funcionó. 1,5 millones de personas pagan menos desde entonces, cumpliendo con la progresividad que incluye la Constitución.

¿Será posible acordar una reforma fiscal en esta legislatura?

En la línea de la progresividad, que es la línea del Botànic, se puede avanzar. Lo que no acabo de entender es que impuestos como Patrimonio o Sucesiones que afectan al 3% de la población sean el eje principal de la discusión sobre la fiscalidad.

Patrimonio es un impuesto que se ha descartado en los países europeos.

Sí, pero que se ponga eso como elemento central de la fiscalidad es desconocer que el otro 97% de la población necesita de ese dinero para bajar las listas de espera de Sanidad o los ratios de alumnos por aula. Es el 3% más rico, que tiene más y es el que más tiene que contribuir de acuerdo al mandato constitucional de progresividad. Pagando los impuestos todos, incluso los que pagan más salen beneficiados porque la paz social es un intangible importante para la convivencia, pero también para los negocios.

Reivindican más competencias y gestión de tributos, ¿eso no se contradice con las críticas a Madrid por su política fiscal?

Todo lo contrario. Lo que no queremos es dumping fiscal o que basándose en las competencias fiscales se esté ofreciendo a las rentas altas un paraíso fiscal relativo que hace que como el AVE está ahí uno pueda dejar de aportar en la sociedad donde realmente vive. El dumping fiscal hace mal a las otras CCAA porque uno tiene una capacidad fiscal que otros no tienen, y la tiene porque tiene unas economías de aglomeración y ello gracias a un efecto capitalidad. Hay una lógica prefiscal que explica que uno pueda hacer unas cosas y otros no y eso no se ajusta a los principios de equidad. Por eso una armonización fiscal no absoluta, pero sí relativa para que haya bandas de fluctuación máximas y mínimas en los impuestos que pueden llevar a sujetos fiscales a moverse hay que tenerla en cuenta, porque esa situación no mejora la convivencia entre los españoles. Y como esa bajada de impuestos es para las rentas altas, ¿cómo puedes reclamar en el reparto autonómico más cuando renuncias a tu propio esfuerzo fiscal?