La receta improvisada para las concesiones de Sanidad

Uno de los puntos esenciales del pacto de Gobierno del Botànic de hace seis años tanto de PSPV como de Compromís y de Podemos fue el de la reversión de las concesiones de Sanidad. Bajo la bandera electoral de acabar con la “privatización” de la Sanidad de la época del PP, la Generalitat de Ximo Puig puso en marcha una política que, más que revertir por el alto coste económico que supondría anular contratos en vigor, básicamente consiste en no renovar las concesiones de los departamentos de Salud que se adjudicaron bajo el denominado Modelo Alzira.

A ellos se suman otros servicios que también desde hace décadas prestan empresas privadas para la Sanidad pública, como los de resonancias, que también fueron objeto de las críticas de los actuales socios del Botànic cuando estaban en la oposición.

La experiencia del proceso por el que hace tres años la Conselleria de Sanidad pasó a asumir precisamente el área de salud y el hospital de La Ribera, que daba nombre al modelo Alzira, parece que no ha dejado satisfecha ni al propio Ejecutivo autonómico. Después de asumir directamente la gestión la propia Conselleria, ahora el departamento que dirige Ana Barceló ha elaborado un proyecto de decreto ley que propone una fórmula radicalmente distinta para gestionar el departamento de salud de Torrevieja, que a finales de este año finaliza su concesión con Ribera Salud, el antiguo gestor de Alzira, concesionario del área de Vinalopó-Elche y que participa además en la de Denia.

La nueva receta para poder asumir los servicios y el personal del hospital alicantino y sus consultorios ahora es la creación a toda prisa de una nueva empresa pública. Una sociedad mercantil con personalidad jurídica privada, curiosamente uno de los instrumentos que los partidos de izquierdas afeaban al PP desde la oposición, que también se prevé que asuma los servicios de resonancia magnética y de farmacia para los centros de atención a mayores dependientes de la Generalitat. Pese a que el final del plazo concesional era algo conocido incluso antes de que PSPV, Compromís y Podemos llegasen al Palau de la Generalitat en 2015, ahora el texto del decreto ley justifica por “la situación de pandemia mundial que ha sufrido la Comunitat Valenciana” el retraso en “la creación de esta estructura en el plazo que hubiera sido idóneo, por lo que alguna de estas actividades ya ha finalizado el período contractual que les era de aplicación, habiéndose ampliado éste”. Unas prórrogas que han acumulado varios años en el caso de las resonancias magnéticas.

Precisamente uno de los argumentos que había esgrimido la actual concesionaria del área de salud de Torrevieja era que dada la situación de pandemia no parecía el mejor momento para llevar a cabo el cambio en la gestión, especialmente en uno de los departamentos con menores listas de espera y mejores ratios de satisfacción del sistema público autonómico. Un argumento al que ahora recurre Sanidad para argüir la urgencia y carácter extraordinario de la fórmula del decreto ley.

“Ante la situación descrita, el instrumento más idóneo para dar una respuesta adecuada y rápida es la creación de una sociedad pública mercantil del Sector Público Valenciano que asuma los servicios sanitarios y sociosanitarios que hasta el momento se prestaban a través de las fórmulas contractuales recogidas en la normativa en materia de contratación pública y que tenga capacidad, además, para acometer la gestión de los servicios sanitarios que le encomiende la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública”.

El proyecto presentado por la propia Conselleria viene a reflejar hasta que punto ni siquiera esta alternativa parece ser la deseada por este departamento. “La naturaleza diversa de los operadores, la especificidad y peculiaridad de las prestaciones, las estructuras de las plantillas y la preocupación por defensa de los intereses de los trabajadores ha dificultado el encontrar una figura que hiciera posible recoger todas estas actividades en una sola estructura organizativa sólida, que fuera capaz de responder de forma rápida y eficaz a las necesidades sanitarias de la ciudadanía de la Comunitat”.

El documento va más allá y reconoce que “no se considera, en este momento, eficaz su integración en los protocolos y organización de personal de los Departamentos de Salud”. Una valoración que parece desprenderse tras el regreso del departamento de Salud de La Ribera a la gestión de la Conselleria. Un proceso marcado por las diferencias con los trabajadores y las tensiones por el convenio colectivo, además del incremento del plazo en las listas de espera. Un antecedente que genera incertidumbre entre los trabajadores de Torrevieja.

Un presupuesto a medias

El proyecto de decreto ley para la creación de la empresa pública de salud de la Comunidad Valenciana incluye un presupuesto de su primer ejercicio en el que se recogen los gastos previsibles de asumir el servicio de resonancias magnéticas y del servicio farmacéutico de los centros de mayores públicos. Sin embargo, el que se supone que sería el mayor gasto, el del área de salud de Torrevieja y el resto de municipios vecinos, no se cuantifica. Una omisión que se basa en que la concesión finaliza a mediados de octubre y por tanto su impacto no sería el de un año completo.

Así, el gasto total de la nueva empresa pública sería de 28,5 millones de euros y contaría con una plantilla total de 217 trabajadores. Unas cifras que se quedan muy lejos de lo que supone el presupuesto anual y la plantilla de un departamento de salud como el de Torrevieja. En 2019, el gasto de la empresa concesionaria sanitaria ascendió a 45,45 millones de euros y en total empleó a 1.270 trabajadores. Unas cifras con las que se triplicaría el presupuesto necesario, además de disparar la plantilla por más de cuatro.

Precisamente la intención de crear esta empresa pública para absorber a la plantilla ya ha levantado ampollas entre sindicatos y trabajadores de los centros sanitarios de la concesión, que consideran un agravio comparativo respecto al departamento de La Ribera, en que los empleados pasaron a formar parte de la Administración autonómica. Intersindical ya ha anunciado su intención de llevar a los tribunales el traspaso a una empresa pública.

Y no solo entre ellos, también entre los propios socios de Gobierno de coalición que preside Ximo Puig. Podemos apoya públicamente la reversión directa y ha mostrado su rechazo a la creación de la empresa pública para asumir los servicios públicos, al considerar que no respeta lo acordado en el pacto del Botànic. Compromís ha presentado alegaciones para eliminar del decreto que las concesiones de departamentos de salud, como la Torrevieja, puedan quedar en manos de la futura sociedad pública. La formación defiende que ésta se limite a las resonancias y la farmacia geriátrica.