Unas Fallas sin pólvora dejan un negocio de 700 millones en el aire

Las Fallas suponen para muchos valencianos una de las citas más importantes de todo el año y es uno de los momentos más álgidos de la actividad económica de sectores de la ciudad como la hostelería o los alojamientos. Por eso más allá del impacto social que supone la suspensión por segundo año consecutivo de las fiestas grandes de la capital y de muchos pueblos de toda la Comunidad Valenciana, su cancelación es un mazazo, especialmente para las empresas cuya caja depende en mayor medida de estas fechas.

Un impacto económico que el propio presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, llegó a cifrar en 700 millones de euros después de que el año pasado se suspendieran las fiestas casi en el último momento. Pero esa estimación podría quedarse corta. Un informe encargado por la Interagrupación de Fallas de Valencia hace más de una década valoró en 753 millones el impacto de la popular celebración en la capital valenciana. De ese importe hostelería y turismo representaban el grueso del negocio generado, con más de 540 millones. Por ejemplo, la Federación de Hostelería de Valencia ha llegado a cifrar entre un 5% y un 7% lo que supone la semana fallera de los ingresos de sus locales, con tres veces los ingresos de una semana ordinaria.

Pero su alcance se extiende mucho más allá y sus beneficios van a sectores que abarcan desde músicos a peluquerías, floristerías o empresas de alquiler de carpas y de autobuses. Unos efectos que también se extienden a la cancelación de otras grandes fiestas regionales, como la de La Magdalena en Castellón o las Hogueras en Alicante.

La crisis del coronavirus ya está teniendo sus efectos en la base misma del fenómeno fallero y el epicentro de estas fiestas: las comisiones falleras. Las entidades sociales formadas por vecinos que son las que contratan cada una de las fallas y toda una serie de actos festivos y cuya actividad no se limita solo a los días de marzo. El confinamiento primero y las limitaciones a los contactos sociales han afectado de lleno a su actividad cotidiana. El último censo de la Junta Central Fallera el pasado mes de enero recogía que en el último año se habían dado de baja de las comisiones 12.700 personas, mientras que apenas se habían registrado poco más de 2.000 altas, de los cerca de 100.000 censados un año antes. Es decir que en el año del Covid-19 la masa social se redujo un 10%, una cifra significativa si se tiene en cuenta que una de las fuentes de ingresos de las comisiones, y más en un año sin otras actividades, son precisamente las cuotas de sus miembros.

Subvención del Ayuntamiento

Los monumentos falleros y sus creadores, los artistas, han sido uno de los sectores más afectados por la situación. Aunque las comisiones son las que contratan la falla, una parte de ese importe es subvencionado por el propio Ayuntamiento de Valencia, habitualmente con hasta el 25%. Debido a la situación creada el año pasado y la falta de ingresos por la suspensión, el consistorio llegó a financiar hasta un 50% restante. Precisamente para evitar perder la subvención, muchas comisiones han optado por renovar los contratos, aunque el monumento que se debe plantar en la próxima edición es el mismo que se quedó embalado y a medio montar en 2020.

“El taller ha estado facturando un 25% de lo normal estos meses”, señala Carlos Carsí, creador de la última falla ganadora de la sección de Especial en 2019 con La Antiga de Campanar y uno de los 300 artistas del gremio. Al no haberse llegado a instalar la mayoría de las fallas del año pasado, muchos ninots esperan en los talleres una próxima edición para ser quemados. Solo en Valencia capital se levantan casi 800 fallas, incluyendo las infantiles, que el año pasado sumaban casi 8 millones de presupuesto total. Y aunque no alcanzan los presupuestos de las principales secciones de la capital, otros muchos pueblos también plantan las fallas en sus calles.

Al igual que sobreviven muchos ninots que se habían preparado para la plantá del año pasado en las naves de muchos artistas falleros, en muchas tiendas todavía quedan vestidos de falleras que nunca se llegaron a recoger. El sector de la indumentaria tradicional valenciana también es otro de los que sobrevive en mínimos.

“Los tejedores valencianos estamos en peligro de muerte”, resume Juan Vicente Aznar, propietario de Vives y Marí, una de las siete empresas de tejidos para vestidos y trajes que mantienen viva la tradición de la seda en Valencia. Las Fallas suponen el 70% del negocio de esta firma de Xirivella y el resto de sus fuentes de ingresos tampoco están mejor. “Nos dedicamos a todo lo que está bloqueado por la pandemia: prendas regionales, vestidos de novias, comuniones, celebraciones religiosas”. Casi la totalidad de sus 22 trabajadores están en Erte. “Nosotros somos los únicos que formamos en estos oficios. Si tenemos que despedir y luego reabrir, ¿dónde vamos a encontrar tejedores?”, explica Aznar, que también vaticina la desaparición de proveedores. “Ya teníamos un problema real con Turquía e India, que se estaban comiendo a pequeñas firmas por la competencia de precio y puede ser un inconveniente para volver a producir”. El empresario asegura que lo que reclaman es tener unas fechas claras para poder volver a trabajar, porque las ayudas sin un horizonte claro tampoco solucionan su situación.

La Asociación de Comercio de Indumentaria Valenciana, que aglutina a 120 tiendas y fabricantes de la región, ha puesto cifras al desplome de su actividad. De 39,9 millones de euros de ventas en 2019 han pasado a apenas 3,6 millones el año pasado, un 90% menos. Un derrumbe que ya ha supuesto el cierre de al menos 17 establecimientos.

“El año pasado me encargaron 294 trajes. Este año, apenas cinco”, comenta Irene Sancho, dueña de Segles Indumentaria Valenciana y presidenta de la asociación. Incluso 25 de los trajes encargados para 2020, cuyos precios pueden oscilar entre 2.500 euros y 20.000 euros, siguen en su local, después de que nadie pasase a recogerlos tras la suspensión. “Sin ningún ingreso hemos tenido que seguir pagando facturas, impuestos y Seguridad Social”, remarca Sancho. Las empresas de la asociación cifran los costes fijos que tuvieron que abonar en 2020 en 9,8 millones, casi el triple que los ingresos.

Las pirotecnias valencianas son otras de las víctimas. En su caso, los costes fijos se elevan por los seguros y medidas de seguridad que tienen que mantener en sus instalaciones, aunque no tengan actividad. “Hemos perdido un 95% de la facturación y no se nos dan soluciones a cómo trabajar”, asegura María José Lora, quinta generación familiar, gerente de Caballer FX y presidenta de la asociación Piroval, que agrupa a 27 empresas.

“Las ayudas serán bienvenidas, pero lo que queremos es trabajar, la Administración no nos lo llega a prohibir, pero recomienda que no se dispare. Estamos en un limbo”, explica la empresaria. La capital valenciana ejemplifica ese caos administrativo. Tras anunciar que en la Nit del Foc se realizarían 16 espectáculos repartidos por la ciudad para ver desde los balcones, un informe de Sanidad los anuló posteriormente. Y más allá de Fallas el problema para los pirotécnicos es que va a pasar con su temporada alta, el verano.

La situación ha llegado al punto de que empresarios y artesanos se plantean recurrir a la Unesco, que declaró las Fallas Patrimonio Inmaterial de la Humanidad, al considerar que no se garantiza la supervivencia de los oficios y sectores que forman ese legado cultural.